En entrevista exclusiva para Revista Economía el abogado constitucionalista, Ángel Delgado Silva traza un mapa de los dilemas actuales: la intromisión judicial en la política, la impopularidad del Legislativo, los excesos de la Corte Interamericana y el impacto que tendrá el fin de la era Julio Velarde.

¿Cómo analiza usted, desde el punto de vista constitucional, la gobernabilidad actual del Perú?

La confrontación entre poderes es un hecho propio del Estado de derecho. El principio de separación de poderes busca que el poder controle al poder, como decía Montesquieu, para proteger los derechos ciudadanos. El Ejecutivo toma decisiones de gobierno; el Parlamento tiene la función de control político para evitar desbordes y violaciones a la Constitución.

Lo normal es que existan tensiones entre Ejecutivo y Legislativo, pero en el Perú hemos llegado a una anomalía peligrosa: el Poder Judicial y el Ministerio Público, que deberían administrar justicia, en muchos casos se han convertido en instancias de injerencia en asuntos políticos. Algunos jueces se comportan como si fueran el “primer poder del Estado”, lo cual contradice la Constitución.

Eso, lo que algunos llaman juristocracia, pone en riesgo la República. Los jueces no están hechos para gobernar; están para aplicar la ley de forma imparcial. Si los árbitros de un partido quisieran jugar en la cancha, el partido se arruinaría; ocurre lo mismo cuando jueces y fiscales abandonan su papel arbitral.

Usted fue jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso ¿Cómo fue su aporte desde ese cargo?

Ingresé por invitación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ante una crisis: se descubrió en la oficina legal del Congreso un núcleo de personas dedicadas a actividades ajenas a la función, incluso vinculadas a una red de prostitución, y se produjo la muerte de una persona relacionada con el caso. Es extraño que la Fiscalía aún no haya dado una respuesta clara sobre lo ocurrido.

Mi responsabilidad fue contribuir a que esa oficina recuperara su prestigio. Se erradicó al personal vinculado a esos manejos, se afirmó la autoridad de los trabajadores de carrera y se normalizó la asesoría jurídica. Además, la Oficina de Defensa de las Leyes fortaleció su actuación ante el Tribunal Constitucional.

Durante mi gestión se hicieron defensas importantes, entre ellas la que buscó evitar la aplicación retroactiva de normas penales sobre delitos de lesa humanidad. En materia penal rige el principio de que las leyes penales no son retroactivas; aplicar normas posteriores a hechos pasados vulnera ese principio. Estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional.

¿Qué lectura tiene sobre la baja popularidad del Congreso? La ciudadanía muestra descontento

En ninguna parte los congresos son populares; la ciudadanía no siempre entiende su rol porque el Congreso no gobierna ni presta servicios. El Congreso es un colegiado que reúne representantes de distintas tendencias y por eso muestra heterogeneidad.
La impopularidad muchas veces se proyecta sobre la institución por errores o delitos de congresistas individuales, pero la responsabilidad penal es personalísima. Que un congresista cometa un delito no descalifica a toda la institución.

Además, el público juzga acciones concretas: por ejemplo, las leyes que permiten retiros de las AFP son celebradas por quienes reciben dinero adelantado en crisis y criticadas por quienes piensan en la sostenibilidad del sistema previsional. Todo depende del punto de vista.

Hay quejas de la población sobre aumentos de sueldos, interpelaciones que no prosperan, expedientes que parecen guardados ¿no hace falta un “jalón de orejas” al Congreso?

El “jalón de orejas” debe empezar por la ciudadanía; los congresistas están ahí porque la gente votó por ellos. Sí, debe haber sanción cuando hay inconductas delictivas; esas deben investigarse y castigarse. Pero exigir homogeneidad a un órgano compuesto por distintas opiniones políticas es pedir demasiado. Hay congresistas que cumplen bien, otros no; esa diversidad es parte del sistema democrático.

Cambiando al ámbito económico: la muy posible salida del doctor Julio Velarde del BCRP después de tantos años de estabilidad ¿cómo lo interpreta?

Velarde ha sido un gran presidente del Banco Central. Su manejo ayudó a que la economía peruana no se descarrilara tras gobiernos complejos. Es lamentable que deje el cargo, pero en democracia los cargos no son eternos; el recambio es la norma y es saludable. Las democracias se caracterizan por la alternancia, a diferencia de regímenes autoritarios que buscan perpetuarse.

Como representante del Perú a nivel interamericano, ¿qué lectura tiene sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su rol?

La incorporación a la justicia supranacional fue un avance importante: después de la Segunda Guerra se reforzó la prioridad de los derechos humanos. La Convención Americana y la Corte han contribuido a proteger derechos en una región que sufrió muchas dictaduras.

No obstante, la Corte ha ido ampliando competencias por vía reglamentaria, introduciendo funciones como la supervisión de cumplimiento de sentencias, que no están claramente previstas en la Convención. Eso es problemático: la Corte, en algunos casos, ha llegado a decirle al Parlamento que no legisle o al Presidente que no promulgue, lo cual es una intromisión en funciones propias de autoridades nacionales.

La Corte debe actuar con subsidiaridad, intervenir solo cuando se agotan las instancias internas, y no sustituir a los órganos nacionales. Si se convierte en un poder paralelo, rompe el equilibrio democrático.

Doctor, ¿hasta cuándo vamos a ver ese tipo de situaciones donde se extiende la supervisión y se cuestiona la vigencia de leyes?

Esa situación, excesos en la intervención supranacional y en la aplicación retroactiva en materia penal, hace ya décadas que se viene discutiendo. En muchos casos hay supervisiones y reclamaciones que se prolongan por 20 o 25 años, como en temas vinculados a Barrios Altos y La Cantuta, lo que resulta excesivo. Hay que exigir que los órganos actúen dentro de sus límites y respeten principios procesales fundamentales.

Como militante de Avanza País y con las elecciones próximas, ¿cómo está la candidatura presidencial de su partido?

La candidatura se decidirá en un proceso de elección interna mediante delegados de todo el país. Nosotros postulamos la precandidatura del periodista Phillip Butters. Con respeto a los demás, creo que reúne las mejores condiciones para ser jefe de Estado: tiene fuerza, conocimiento, ganas y compromiso que acreditan su performance. Esa es mi apuesta política.

¿Qué corriente representa Avanza País? ¿Centro, derecha…?

Te voy a decir que defiende posiciones patrióticas a nivel internacional frente al globalismo. Coincido con la idea de que los estados tienen intereses propios y deben ser respetados en su idiosincrasia y valores, aunque participen en el escenario internacional. Las diferencias legítimas entre países no deben borrarse en nombre de una homogeneización global.

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