Expertos del sector afirman que la iniciativa atraerá capital, impulsará las agroexportaciones y generará hasta dos millones de empleos. Aún está pendiente su aprobación final en el Congreso.
Una reforma clave para el desarrollo del agro peruano está más cerca de concretarse. La nueva Ley Agraria, recientemente aprobada en primera votación por el Congreso de la República, se perfila como un instrumento estratégico para atraer inversiones, formalizar el empleo rural y promover la competitividad del sector agropecuario. La norma aún debe superar una segunda votación antes de convertirse en ley, pero ya genera expectativas positivas entre gremios y expertos.
Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), sostiene que esta ley es vital para reactivar el sector. “El país necesita atraer inversiones para crear empleo, y la única manera de lograrlo es con una legislación que dinamice el agro. Con los nuevos proyectos de irrigación que están por entrar en funcionamiento y la aplicación de esta ley, se podrían generar entre uno y dos millones de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos”, declaró a Revista Economía.
Amaro también resaltó que uno de los pilares de esta propuesta es el fomento de la asociatividad entre agricultores y el impulso a la agricultura orgánica, ambos elementos fundamentales para insertar a los pequeños productores en cadenas de valor más sólidas y sostenibles.
Beneficios tributarios que estimulan la inversión
El exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Fernando Cillóniz, también expresó su respaldo a la nueva legislación. En su opinión, los incentivos tributarios incluidos en la norma permitirán dinamizar aún más las agroexportaciones, consolidando al Perú como un actor clave en los mercados internacionales de productos como el arándano, la palta, el mango y la uva.
“Se otorgarán beneficios tributarios, y aunque algunos critican eso, no entienden que estas medidas estimulan la inversión, lo que a su vez crea empleo. No se reconoce el impacto multiplicador que puede tener una ley de esta naturaleza”, remarcó.
Cillóniz subrayó que, al incentivar la inversión privada y mejorar las condiciones del entorno agrícola, la norma también facilitará la integración de los pequeños productores a un sistema más moderno y competitivo, disminuyendo así la brecha entre la agricultura de subsistencia y la agricultura de exportación.
Claves del proyecto legislativo
Aunque el texto final de la ley aún puede ser modificado en la segunda votación parlamentaria, hasta el momento se conoce que la propuesta establece:
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Un régimen tributario progresivo que favorece la formalización.
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Incentivos específicos para la asociatividad de pequeños productores.
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Reconocimiento y fomento a la agricultura orgánica.
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Herramientas para mejorar la competitividad rural frente a factores como el cambio climático o la caída de precios internacionales.
La norma también busca ofrecer un marco más claro para las relaciones laborales en el campo, equilibrando la protección de derechos con la necesidad de formalidad y productividad.
Oportunidad para el desarrollo rural
Desde el Ejecutivo y diversos gremios agrícolas se ha coincidido en que esta ley podría ser la clave para desbloquear el potencial de regiones con alto valor agrícola aún no aprovechado por falta de infraestructura o normativa adecuada. Con grandes proyectos de irrigación en marcha —como Chinecas, Majes Siguas II o Chavimochic III— el país se encuentra en una coyuntura propicia para expandir la frontera agrícola con responsabilidad, competitividad y sostenibilidad.
De ser aprobada en segunda votación y promulgada por el Ejecutivo, la nueva Ley Agraria se convertiría en una de las reformas más importantes para el sector en la última década. Expertos como Amaro y Cillóniz coinciden en que, si se aplica con eficiencia y sin distorsiones, puede convertirse en el motor de una nueva etapa de crecimiento inclusivo para el agro nacional.
