Especialistas advierten que el cambio normativo generaría un desfase con los tiempos técnicos del sector y pondría en riesgo proyectos con alto potencial geológico.
La propuesta de reducir de 30 a 15 años el plazo de caducidad de las concesiones mineras sin actividad en Perú ha generado preocupación en el sector, debido a su posible impacto en la exploración, la inversión y la sostenibilidad de nuevos proyectos. La medida, aprobada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, plantea un cambio que, según especialistas, no se alinea con los tiempos reales de desarrollo de la industria.
Desfase entre normativa y realidad técnica
El geólogo senior César Riofrío advirtió que el nuevo plazo propuesto resulta insuficiente frente a la complejidad de los proyectos mineros. Según explicó, a nivel global el tiempo promedio entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción es de 28 años, mientras que en el Perú puede extenderse entre 40 y 55 años debido a la carga burocrática.
En ese contexto, exigir actividad productiva en un plazo de 15 años podría forzar decisiones prematuras y limitar la adecuada evaluación técnica de los yacimientos.
Riesgos para la exploración minera
El especialista señaló que los nuevos descubrimientos suelen ubicarse en zonas más complejas: a mayor profundidad, con menores leyes minerales o con presencia de elementos que requieren procesos más sofisticados. Estas condiciones incrementan los tiempos de exploración y desarrollo.
Asimismo, explicó que las primeras etapas —como mapeo geológico, muestreo y estudios geofísicos— pueden tomar entre cuatro y cinco años, sin considerar los procesos de permisos y relacionamiento con comunidades.
“Reducir los plazos obligaría a acortar evaluaciones y podría llevar al abandono de áreas con potencial que aún no han completado su maduración técnica”, advirtió.
Impacto en la formalidad y seguridad jurídica
Desde el punto de vista regulatorio, la reducción del plazo también podría afectar la formalidad del sistema. Una concesión que caduca pasa a libre disponibilidad y puede ser solicitada por terceros, lo que incrementaría la rotación de derechos mineros sin garantizar su desarrollo efectivo.
Riofrío alertó que, sin una reforma paralela que simplifique la tramitología, la medida podría generar más caducidades por razones administrativas que por falta de potencial geológico.
Inversión en riesgo y necesidad de reformas estructurales
El especialista subrayó que el desarrollo de un proyecto minero puede requerir entre 200 y 400 permisos y la participación de hasta 19 entidades públicas. En ese escenario, consideró clave implementar una ventanilla única y establecer plazos más predecibles antes de acortar la vigencia de las concesiones.
De lo contrario, advirtió que el país podría perder oportunidades de descubrimiento en un contexto internacional de alta demanda por minerales estratégicos, afectando su competitividad en el mercado global.
