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Pluspetrol suspende producción de GLP tras interrupción del transporte de líquidos de gas natural de TGP

La paralización del sistema de ductos de Transportadora de Gas del Perú impidió el traslado de líquidos de gas natural hacia la planta de fraccionamiento de Pisco, lo que obligó a detener temporalmente la producción de GLP.

La empresa Pluspetrol, operadora del Consorcio Camisea, informó la interrupción temporal de la producción de gas licuado de petróleo (GLP) luego de que Transportadora de Gas del Perú (TGP) suspendiera el transporte de gas natural y líquidos de gas natural en su sistema de ductos.

Según explicó la compañía en un comunicado, tras ser alertada del evento ocurrido el 1 de marzo y a solicitud de TGP, ese mismo día procedió a detener la producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos de gas natural, con el objetivo de permitir que la transportadora realice las intervenciones necesarias en su infraestructura.

Se detiene el suministro hacia la planta de Pisco

Como consecuencia de la paralización del transporte, los líquidos de gas natural dejaron de llegar a la Planta de Fraccionamiento de Pisco, lo que obligó a interrumpir la producción de GLP y otros derivados en dichas instalaciones.

La compañía precisó que esta situación es ajena a las operaciones del Consorcio Camisea, pero ha generado impactos en la cadena de procesamiento del gas natural.

Medidas de contingencia para mantener abastecimiento

Frente a esta situación, Pluspetrol indicó que viene implementando acciones de contingencia para dar sostenibilidad a los despachos de GLP disponibles en Pisco.

La empresa señaló que su equipo continúa trabajando de manera ininterrumpida atendiendo cisternas, cuya afluencia se ha incrementado, mientras se evalúan alternativas para contribuir al sostenimiento del sistema energético nacional durante la contingencia.

“Apelamos a la calma y a la responsabilidad de nuestros clientes en la programación de sus necesidades, procurando mantener sus consumos dentro de los niveles habituales, a fin de contribuir con la estabilidad del abastecimiento mientras se resuelve la contingencia”, indicó la empresa.

Reanudación depende del restablecimiento del transporte

Pluspetrol precisó que las plantas de Malvinas y Pisco se mantienen listas para retomar la producción a plena capacidad, una vez que TGP restablezca el servicio de transporte en los ductos.

La empresa explicó que el gas natural seco y los líquidos de gas natural forman parte de un sistema único de producción, por lo que el restablecimiento total de las operaciones solo será posible cuando ambos ductos —el de gas natural y el de líquidos— vuelvan a estar plenamente operativos.

Además, informó que ha puesto a disposición de TGP sus recursos logísticos y mantiene coordinaciones con las autoridades nacionales para contribuir a una solución rápida de la contingencia.

MEF transfiere S/ 2,207 millones a municipalidades para financiar exclusivamente proyectos de inversión pública

Los recursos provienen del incremento de 0.5 puntos porcentuales del Impuesto de Promoción Municipal y se incorporarán al Foncomun para fortalecer la capacidad de inversión de los gobiernos locales en 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la incorporación de S/ 2,207 millones 411,401 a favor de los gobiernos locales, recursos que estarán destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión pública en el marco del fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

La medida responde al incremento de 0.5 puntos porcentuales del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) establecido por la Ley Nº 32387, y forma parte de las disposiciones contempladas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Recursos se incorporarán a los presupuestos municipales

Los recursos se encontraban inicialmente asignados en el presupuesto institucional del pliego del MEF y ahora serán incorporados en los presupuestos de los gobiernos locales mediante el Decreto Supremo Nº 029-2026-EF.

La distribución se realizará de acuerdo con los índices aprobados mediante la Resolución Ministerial Nº 073-2026-EF/50, permitiendo que las municipalidades provinciales y distritales integren estos fondos en sus presupuestos institucionales.

Desde el MEF se precisó que no se trata de recursos adicionales no contemplados previamente, sino de la implementación de una medida de descentralización fiscal prevista en la Ley de Presupuesto 2026 y vinculada al incremento progresivo del IPM.

Fondos estarán destinados solo a inversión pública

El ministerio indicó que los recursos serán incorporados por los gobiernos locales bajo la fuente de financiamiento Recursos Determinados y deberán utilizarse exclusivamente para proyectos de inversión pública, con el objetivo de mejorar la infraestructura y los servicios en las localidades.

El titular del MEF, Gerardo López, destacó que el incremento progresivo del IPM ya se encuentra en ejecución y permitirá fortalecer el financiamiento del Foncomun durante el presente año.

“El incremento progresivo del IPM ya se encuentra en ejecución y permitirá que el Foncomun alcance aproximadamente S/ 11,000 millones en 2026, reforzando la autonomía financiera de los gobiernos locales y su capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas”, señaló el ministro.

Impulso a la descentralización fiscal

La transferencia se enmarca en una política de descentralización fiscal responsable, orientada a fortalecer la capacidad de inversión de las municipalidades y mejorar la provisión de infraestructura pública a nivel local.

Con este mecanismo, el Gobierno busca que los gobiernos provinciales y distritales dispongan de mayores recursos para ejecutar proyectos que contribuyan al cierre de brechas en infraestructura y servicios básicos en distintas regiones del país.

Milwaukee Tool y CETEMIN celebran acuerdo de cooperación interinstitucional

Comercial Milwaukee Tool Limitada es una empresa líder en el desarrollo de soluciones industriales e innovadoras a través de productos de alta gama, tales como: herramientas eléctricas, accesorios, entre otros. A través de este convenio, Milwaukee Tool donará un importante lote de herramientas de última generación a CETEMIN, contribuyendo así en el fortalecimiento de habilidades prácticas de sus estudiantes.

Con la finalidad de fomentar y facilitar la cooperación mutua en términos de innovación, la sustentabilidad, el desarrollo tecnológico en el entrenamiento y la contribución al mejoramiento continuo, Comercial Milwaukee Tool Limitada y el instituto CETEMIN han firmado un acuerdo institucional que les permitirá habilitar una agenda de trabajo conjunta basada en la optimización de procesos, el aumento en la eficiencia y productividad para elevar la competitividad de ambas organizaciones.

Este convenio dará paso a un importante apoyo interinstitucional que permitirá a ambas organizaciones satisfacer las necesidades del mercado. Además, se promoverá la transferencia tecnológica y metodológica a través de actividades de entrenamiento de alto impacto en dos niveles: especialistas de Milwaukee Tool – procedentes de México- compartirán sus conocimientos y experiencia con los instructores y los estudiantes de CETEMIN, quienes recibirán capacitaciones técnicas demostrativas, de acuerdo a la malla curricular de las carreras técnicas de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos e Instrumentación Industrial.

“Nos sentimos entusiasmados con la firma de este convenio que evidencia el posicionamiento y expertise de CETEMIN en otros países. Trabajamos día a día para generar espacios de colaboración que trasciendan nuestras fronteras y, gracias a ello, abrir oportunidades para nuestros estudiantes y obtener aprendizaje que nos permita seguir creciendo”, afirma Raphael Delgado, Gerente General de CETEMIN

“En Milwaukee Tool tenemos muchos desafíos; por ello, parte de esa agenda es establecer relacionamiento con instituciones de alto impacto como CETEMIN en quienes hemos encontrado mucha sinergia. Por ello, nuestro compromiso inmediato es compartir nuestro expertise a través de capacitaciones especializadas que, estamos seguros, van a potenciar el perfil de los egresados de CETEMIN en el mercado laboral”, refiere Branko Peric, representante de Milwaukee Tool.

De esta manera, CETEMIN se posiciona como un referente en la educación técnica promoviendo espacios de colaboración con distintas empresas a nivel internacional y abriendo oportunidades de desarrollo profesional para sus egresados en distintos ámbitos, especialmente en aquellos relacionados a equipo pesado, electricidad, instrumentación, procesos industriales, mecánica industrial y seguridad.

 

Exportaciones de vino de California se desploman 35% y profundizan la mayor crisis del sector en décadas

Caída de la demanda, exceso de uvas, importaciones baratas y boicots comerciales han golpeado con fuerza a la industria vitivinícola de California, que enfrenta cierres de bodegas, despidos y la mayor reducción de viñedos en años.

La industria vitivinícola de California atraviesa su crisis más severa en décadas. El exceso de producción de uvas, la caída del consumo, el ingreso de vinos importados de bajo precio y tensiones comerciales han generado un fuerte deterioro del sector, con despidos, cierre de bodegas y reducción de viñedos en distintas zonas productoras.

En 2025, las exportaciones estadounidenses de vino sumaron USD 805 millones, lo que representó una caída de 35% frente al año anterior, una de las reducciones más pronunciadas registradas por la industria, según datos citados por Los Angeles Times.

Boicots comerciales golpean el principal mercado externo

El impacto se profundizó por los boicots aplicados en Canadá —principal destino internacional del vino californiano— en respuesta a tensiones comerciales con Estados Unidos. Según Wine Institute, estas medidas eliminaron aproximadamente USD 360 millones en ingresos potenciales para el sector.

La pérdida de ese mercado ha afectado no solo a los productores, sino también a actividades asociadas como logística, distribución y ventas tanto en Estados Unidos como en territorio canadiense.

Sobreoferta de uvas y recorte de producción

El problema estructural del sector es la sobreoferta de uvas, con viñedos produciendo más de lo que el mercado puede absorber.

Stuart Spencer, propietario de St. Amant Winery y director ejecutivo de la Lodi Winegrape Commission, señaló que durante la última vendimia debió dejar cerca de 50 toneladas de uvas sin cosechar porque los costos de recolección y procesamiento superaban el valor de venta estimado.

Situaciones similares se repiten en distintas zonas del Valle Central de California, donde varios productores han optado por arrancar viñedos o reducir plantaciones ante la imposibilidad de colocar el excedente.

Cierres de plantas y despidos en grandes compañías

La crisis también alcanza a los grandes actores del mercado. E. & J. Gallo, el mayor proveedor de vino en Estados Unidos, anunció el cierre de una planta en St. Helena y el despido de 93 trabajadores.

Por su parte, Jackson Family Wines cerró su bodega Carneros Hills y desvinculó a 13 empleados, mientras que Constellation Brands informó el cierre de Mission Bell Winery en Madera y el despido de 212 trabajadores.

Esta última compañía busca ahorrar USD 200 millones hacia 2028, priorizando su negocio cervecero frente al vino.

Cambios generacionales reducen el consumo

El sector también enfrenta transformaciones en el perfil del consumidor. Los baby boomers, tradicionalmente los mayores compradores de vino, reducen su consumo a medida que envejecen.

Al mismo tiempo, las generaciones más jóvenes —millennials y generación Z— muestran menor interés por el vino y por el alcohol en general, inclinándose por cervezas artesanales o bebidas espirituosas premium.

Además, el aumento de ventas de alcohol observado durante los primeros años de la pandemia fue temporal. Con el retorno de los gastos en viajes, entretenimiento y actividades fuera del hogar, ese impulso desapareció.

Importaciones baratas presionan el mercado

Otro factor clave es el aumento de vinos importados a bajo precio, especialmente desde Chile y Australia.

La normativa estadounidense permite que hasta 25% del contenido de un vino etiquetado como “americano” provenga de vino extranjero, lo que facilita que grandes productores mezclen vino importado con producto local, reduciendo el valor de la uva californiana y afectando a los viticultores.

Pequeñas bodegas buscan nuevos nichos

A pesar del contexto adverso, algunas bodegas pequeñas exploran nuevas estrategias para atraer consumidores jóvenes.

Andrew Jones, fundador de Field Recordings en Paso Robles, señaló que su bodega ha incrementado ingresos apostando por vinos blancos más ácidos y tintos frescos, estilos que atraen a nuevas generaciones.

También identifica oportunidades en formatos alternativos como el vino en envases “bag-in-box” de tres litros, más económicos de transportar que las botellas de vidrio.

Un sector histórico ante un punto de inflexión

La tradición vitivinícola de California se remonta al siglo XVIII, cuando el fraile Junípero Serra introdujo las primeras vides europeas. Tras la devastación causada por la ley seca en 1920, la industria se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial y alcanzó reconocimiento mundial tras el histórico Juicio de París de 1976, cuando vinos californianos superaron a etiquetas francesas en una cata a ciegas.

Décadas de expansión llevaron a un crecimiento sostenido del sector, pero desde 2017 la demanda comenzó a estancarse mientras las plantaciones seguían aumentando, lo que finalmente desembocó en el actual exceso de producción.

Hoy, la combinación de cambios en el consumo, presión de importaciones y tensiones comerciales coloca a la industria del vino de California frente a uno de los desafíos más complejos de su historia reciente.

Reguladores bajo revisión: multas, funciones y reformas pendientes tres décadas después

Leonie Roca, presidenta de AFIN, plantea revisar el rol de los organismos reguladores de servicios públicos en el Perú, ante el aumento de sanciones y recomendaciones de la OCDE para fortalecer su enfoque en regulación económica y mejorar su institucionalidad.

Hacia finales de los años noventa, el Perú tomó una decisión institucional clave: crear organismos reguladores de servicios públicos autónomos, concebidos como árbitros neutrales entre tres grupos que suelen entrar en conflicto en estas industrias: el Estado, los inversionistas privados y los usuarios. Fue una apuesta institucional relevante para sostener el desarrollo de infraestructura y atraer inversión privada.

Sin embargo, más de treinta años después, el contexto ha cambiado y los resultados recientes invitan a una revisión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha emitido evaluaciones periódicas sobre el desempeño de los reguladores peruanos, con recomendaciones que apuntan a fortalecer su rol y mejorar su funcionamiento.

Observaciones que exceden su ámbito sectorial

De acuerdo con el Informe de Competitividad 2024-2025 del Consejo Privado de Competitividad, una parte importante de las observaciones que realizan los reguladores a los contratos de concesión no está directamente vinculada a temas sectoriales.

Según el reporte, en el caso de Ositrán apenas el 24% de sus observaciones corresponde a aspectos propios del sector que regula. En Osinergmin la proporción alcanza el 41%, mientras que en Osiptel llega al 50%. El resto —alrededor del 69% del total— se concentra en observaciones de carácter general que ya son revisadas por otras entidades del Estado.

Esta situación sugiere que los reguladores estarían destinando recursos a tareas que no necesariamente corresponden a su función central, lo que podría diluir su capacidad de enfocarse en aspectos técnicos propios de cada sector.

El incremento de las multas en telecomunicaciones

El caso del regulador de telecomunicaciones ilustra otro fenómeno que ha generado debate: el incremento significativo de las sanciones económicas.

Entre 2011 y 2019, las multas impuestas a las empresas de telecomunicaciones promediaban S/ 16 millones anuales. En la actualidad, esa cifra ha escalado hasta alcanzar alrededor de S/ 233 millones al año.

La interrogante de fondo es si este aumento responde a un deterioro en el cumplimiento por parte de las empresas —algo difícil de sostener en un sector donde la cobertura y la calidad del servicio han mejorado de forma significativa— o si está relacionado con una mayor acumulación de obligaciones normativas cuyo incumplimiento deriva en sanciones casi automáticas.

Recomendaciones de la OCDE

Los especialistas coinciden en que el enfoque regulatorio debe centrarse en la regulación económica y en el rol de árbitro entre el Estado, las empresas y los usuarios.

Entre las recomendaciones planteadas por la OCDE se encuentra mejorar el entendimiento del rol institucional de los reguladores, evaluar los riesgos de incumplimiento y priorizar el objetivo final de las sanciones: corregir conductas que generan externalidades negativas, en lugar de sancionar de manera automática.

Asimismo, se sugiere revisar los mecanismos de apelación de sanciones, ya que en algunos casos la instancia revisora administrativa se encuentra dentro de la misma estructura institucional que impone la sanción, lo que limita la independencia del proceso.

Reformas institucionales pendientes

Las propuestas de mejora apuntan también al fortalecimiento de la gobernanza de los reguladores. Entre ellas, mejorar los procesos de selección de los miembros de los consejos directivos, protegerlos frente a remociones arbitrarias y garantizar su independencia presupuestal.

También se plantea separar con mayor claridad las funciones de investigación y sanción, así como establecer agendas regulatorias tempranas y consensuadas. A ello se suma la necesidad de aplicar evaluaciones regulatorias rigurosas tanto antes de emitir nuevas normas como después de su implementación.

El principio que debería guiar la regulación es que esta sea el último recurso, sustentada siempre en un análisis claro de costos y beneficios para los mercados.

Un balance a tres décadas de su creación

Los organismos reguladores han cumplido un rol relevante al ofrecer un marco institucional que permitió atraer inversión privada en infraestructura de servicios públicos en el Perú.

No obstante, tres décadas después de su creación, el debate apunta a introducir ajustes que fortalezcan su desempeño. El objetivo no sería debilitar estas instituciones, sino asegurar que concentren sus esfuerzos en su función esencial: regular con criterios técnicos, promover eficiencia en los mercados y contribuir al desarrollo de infraestructura que requiere el país.