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Estados Unidos acusa a Chile de “socavar la seguridad regional” por cable submarino con China

Washington revoca visas a funcionarios del gobierno de Boric y advierte posibles impactos en cooperación estratégica.

El gobierno de Estados Unidos elevó la tensión diplomática con Chile tras acusar al proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE) de “socavar la seguridad regional” y revocar la visa a tres altos funcionarios del gobierno de Gabriel Boric vinculados a la iniciativa que busca conectar directamente Valparaíso con Hong Kong.

El Departamento de Estado, mediante un documento firmado por el secretario Marco Rubio, retiró la visa al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y al jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Guillermo Petersen. La medida generó una nota de protesta del gobierno chileno y el llamado a consulta del embajador estadounidense en Santiago, Brandon Judd.

Advertencia directa desde Washington

En la declaración oficial, Washington sostuvo que la decisión reafirma el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio. Además, cuestionó duramente al gobierno saliente de Boric, señalando que su legado podría verse “empañado por acciones que socavan la seguridad regional”.

El ministro Muñoz confirmó que el embajador Judd le transmitió previamente su preocupación en una conversación directa, advirtiendo que el avance del cable transpacífico con China podría representar un riesgo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Chile. Muñoz calificó como “inaudita” la acusación de socavar la seguridad regional.

Riesgo para el intercambio de información

El embajador Judd afirmó públicamente que el proyecto —aún en fase de análisis— ha generado preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger datos sensibles. Advirtió que podría revisarse el intercambio de información bilateral, incluidos programas de cooperación que benefician al país sudamericano.

Finalmente, expresó confianza en la futura administración de José Antonio Kast, señalando que espera trabajar con el nuevo gobierno en prioridades vinculadas a seguridad y protección de datos.

El episodio refleja el creciente peso geopolítico de la infraestructura digital estratégica en América Latina, en un contexto de competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Argentina avanza en la privatización de rutas nacionales con nueva licitación internacional

El Ministerio de Economía argentino oficializa la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

El Gobierno de Argentina, a través del Ministerio de Economía, oficializó mediante la resolución 174/2026 el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA, profundizando su esquema de gestión privada de infraestructura vial.

Alcance del proceso

La convocatoria incluye la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

Los segmentos abarcan rutas nacionales clave como la 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19 y 34, entre otras. La Secretaría de Transporte argentina fue la encargada de definir los tramos, evaluar su estado y elaborar la documentación técnica.

El plazo para consultas vence el 4 de mayo de 2026 y la presentación de ofertas cerrará el 18 de junio. La documentación está disponible en la plataforma oficial CONTRAT.AR.

Más de 2.500 kilómetros en la Etapa II-B

La semana pasada, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, anunció además la fase II-B, que contempla la concesión de más de 2.500 kilómetros en cinco provincias, bajo un esquema sin subsidios estatales y con mayor competencia entre oferentes.

El modelo busca reemplazar el sistema deficitario previo por uno enfocado en eficiencia operativa, inversión privada y reducción del peso fiscal.

Brasil inaugurará el primer tren bala de América del Sur con velocidad de 350 km/h

El proyecto de alta velocidad conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas en un corredor de 510 km, reduciendo el tiempo de viaje a 1 hora y 45 minutos e impulsando la competitividad regional.

Brasil se prepara para inaugurar el primer tren bala de América del Sur, una infraestructura ferroviaria capaz de alcanzar los 350 km/h que marcará un punto de inflexión en la modernización del transporte regional. El proyecto busca conectar los principales polos económicos del país, Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, a través de un corredor de aproximadamente 510 kilómetros, reduciendo drásticamente los tiempos de traslado y posicionando al país como referente en movilidad de alta velocidad en la región.

Conectividad estratégica entre polos económicos

Actualmente, el trayecto por carretera entre Río de Janeiro y São Paulo puede tomar entre cinco y seis horas, mientras que el transporte aéreo, aunque más rápido en vuelo, implica tiempos adicionales por controles y traslados aeroportuarios. Con la nueva línea de alta velocidad, el viaje entre ambas мегaciudades se completaría en aproximadamente 1 hora y 45 minutos, generando un impacto significativo en la integración económica, el intercambio comercial y la movilidad laboral entre los principales centros productivos de Brasil.

La conexión directa con Campinas ampliará el alcance del corredor hacia uno de los principales hubs tecnológicos e industriales del país, fortaleciendo la articulación logística entre regiones estratégicas.

Tecnología, eficiencia y sostenibilidad

El tren bala incorporará sistemas eléctricos de alta eficiencia, así como infraestructura avanzada que incluye túneles y viaductos diseñados para soportar velocidades de hasta 350 km/h. Más allá del avance tecnológico, el proyecto representa una apuesta por la sostenibilidad, ya que los trenes de alta velocidad son más eficientes energéticamente que el transporte aéreo y ayudan a reducir emisiones contaminantes y congestión vehicular en rutas tradicionales.

Este modelo de transporte también permite optimizar el uso del suelo y disminuir la dependencia de combustibles fósiles, alineándose con metas globales de transición energética y descarbonización.

Impacto económico y proyección regional

Especialistas destacan que la puesta en marcha del primer tren bala sudamericano podría dinamizar el turismo, atraer nuevas inversiones y fortalecer el comercio interno brasileño. Además, el proyecto se convierte en un símbolo de integración y desarrollo tecnológico en América del Sur, una región que históricamente ha enfrentado desafíos en infraestructura de gran escala.

Tras décadas de estudios y dificultades logísticas, la materialización de esta iniciativa consolida a Brasil como pionero en transporte ferroviario de alta velocidad en el continente, abriendo la puerta a futuras inversiones similares en la región.

Cosco Shipping Ports Chancay Perú fue multada con más de S/733 mil por incumplimientos ambientales en el megapuerto

El MTC impuso 142,42 UIT en sanciones por no ejecutar integralmente las obras de mitigación de erosión costera en Chancay; la empresa pagó bajo protesta y evalúa acciones legales, mientras un peritaje fiscal advierte riesgo para la biodiversidad marina.

La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, operadora del Megapuerto de Chancay, fue sancionada con 142,42 UIT, equivalentes a S/733.463, por incumplir compromisos ambientales vinculados a la prevención de la erosión en las playas El Puerto y Chorrillos. La información fue revelada en una investigación de Ojo Público, que accedió a resoluciones administrativas y documentos técnicos del proceso. Aunque la compañía canceló las multas tras perder en segunda instancia administrativa, lo hizo bajo protesta y se reservó el derecho de impugnarlas en la vía judicial.

Incumplimiento de geotubos y retrasos en la mitigación costera

Según resoluciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la empresa no instaló de manera íntegra el primer tramo del sistema de geotubos contemplado en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d), presentando un faltante de 195 metros y variaciones en la trayectoria aprobada. Además, incumplió el cronograma establecido, que exigía su implementación entre noviembre de 2021 y abril de 2022.

El espigón principal del puerto impide el tránsito natural de sedimentos desde el sur hacia el norte de la bahía, lo que genera erosión progresiva en las playas públicas ubicadas al norte. Documentos internos del propio proyecto reconocían que tanto la instalación completa de los geotubos como el trasvase anual de aproximadamente 200.000 m³ de arena eran medidas clave para evitar la eventual desaparición de las playas El Puerto y Chorrillos.

Sin embargo, un informe de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) revela que en 2023 solo se trasladaron 11.340 m³ de arena, menos del 6% de lo requerido. La empresa admitió que el bypass artificial no ha sido implementado de manera integral.

Disputas regulatorias y proceso sancionador prolongado

El procedimiento administrativo se extendió durante 14 meses y estuvo marcado por disputas internas sobre competencias entre áreas del MTC, incluyendo observaciones sobre “dilaciones injustificadas” en la primera instancia administrativa. Finalmente, en agosto de 2024 se determinó una multa de 141,072 UIT por el incumplimiento técnico del geotubo y 1,348 UIT adicionales por el retraso en los plazos.

Cosco Shipping argumentó que los incumplimientos obedecieron a factores externos como conflictos sociales, interferencias con infraestructura existente, oleajes anómalos y el derrame de petróleo de Repsol. No obstante, la autoridad concluyó que estos factores no constituían eventos imprevisibles e irresistibles que eximieran responsabilidad.

En paralelo, la empresa mantiene controversias regulatorias con el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), además de haber reducido en más de USD 423 millones la inversión comprometida inicialmente para el proyecto.

Riesgo ambiental y escenario judicial abierto

El contexto se complejiza con un informe pericial del Ministerio Público, emitido en septiembre de 2025 y citado por OjoPúblico, que concluye que la condición actual de los geotubos representa un riesgo ambiental para la biodiversidad marina. Asimismo, entre 2024 y 2025 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) recibió múltiples denuncias relacionadas con la erosión y el deterioro de las playas.

La empresa ha señalado que evalúa una modificación del Programa de Control de Arenamiento y Erosión Costera mediante un nuevo instrumento ambiental, que podría incluir espigones retenedores de arena y trasvases adicionales, actualmente en fase preliminar de coordinación interinstitucional.

Para el Perú, el Megapuerto de Chancay es una infraestructura estratégica destinada a consolidar al país como hub logístico del Pacífico y fortalecer su conexión directa con Asia. En ese marco, el cumplimiento estricto de los compromisos ambientales no solo incide en la sostenibilidad del proyecto, sino también en su estabilidad regulatoria, reputacional y financiera frente a inversionistas internacionales.

Fideicomisos: la herramienta que hoy permite proteger el patrimonio sin sacar capital del país

Los fideicomisos en el Perú se consolidan como una herramienta cada vez más relevante.

A solo unos meses de las elecciones presidenciales en el Perú, y con un nuevo Presidente elegido por el Congreso, el clima de cautela vuelve a instalarse entre inversionistas, empresarios y familias de alto patrimonio, aunque no al nivel de años anteriores. Y es que la experiencia de procesos electorales previos, en particular la del 2021, dejó una huella clara: ante escenarios de incertidumbre política, una parte relevante del capital privado opta por salir del país como mecanismo de protección, motivadas por el temor a cambios en las reglas de juego, mayores cargas tributarias o riesgos a la propiedad privada.

Es más, el mismo BCRP intentó moderar la percepción de fuga masiva de capitales al señalar que no todo el deterioro observado en las reservas internacionales, cerca de US$9.000 millones, alrededor del 11% del total, había salido efectivamente del país. Parte de ese dinero, explicó, se mantuvo en efectivo dentro de los hogares, “debajo del colchón”.

Hoy, sin embargo, una pregunta se pone sobre la mesa: ¿sigue siendo necesario sacar el patrimonio al extranjero para protegerlo?

“Durante años, la respuesta para muchos fue afirmativa. En contextos de alta volatilidad política o económica, trasladar activos al exterior, o estructurarlos a través de vehículos offshore, ofrecía una sensación de estabilidad jurídica, mayor control y distancia del ruido local”, destaca Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia. No obstante, agrega, “esa estrategia también implicaba costos relevantes: estructuras legales complejas, mayores gastos de mantenimiento, fiscalización internacional cada vez más estricta, obligaciones de reporte y, en muchos casos, una pérdida de eficiencia operativa para negocios que seguían teniendo su centro de actividad en el Perú”.

A ello se suma un cambio clave en el entorno global: hoy, sacar el dinero del país ya no equivale necesariamente a protegerlo mejor. Los estándares de transparencia fiscal, el intercambio automático de información y la supervisión internacional han reducido de forma significativa las ventajas que antes ofrecían estas estructuras.

En este nuevo escenario, los fideicomisos en el Perú se consolidan como una herramienta cada vez más relevante para quienes buscan proteger su patrimonio sin deslocalizar capitales. “A diferencia de otras figuras, el fideicomiso permite separar jurídicamente determinados activos del patrimonio del constituyente, asignándolos a un fin específico y bajo la administración de una entidad fiduciaria independiente”, explica Arosemena.

Esto significa que los bienes transferidos a un fideicomiso no forman parte del riesgo directo del constituyente, no pueden ser afectados por contingencias ajenas al fin pactado y cuentan con reglas claras de administración, uso y destino. Todo ello dentro del marco legal peruano, con seguridad jurídica y supervisión local.

¿Por qué el fideicomiso responde mejor al contexto actual? Los fideicomisos permiten enfrentar escenarios de incertidumbre política o económica con una lógica distinta: ordenar y blindar el patrimonio, en lugar de moverlo. En ese sentido, el especialista destaca que entre sus principales ventajas se encuentran:

  • Protección patrimonial efectiva: los activos fideicometidos quedan separados del riesgo empresarial o personal del constituyente.
  • Control y transparencia: las reglas se establecen desde el inicio y son ejecutadas por un tercero especializado e independiente.
  • Eficiencia operativa: el capital permanece en el país, permitiendo que los negocios sigan operando, invirtiendo y generando valor localmente.
  • Menor complejidad fiscal internacional: al tratarse de una estructura local, se reducen los costos y riesgos asociados a la fiscalización transfronteriza.
  • Flexibilidad: los fideicomisos pueden adaptarse a distintos fines: garantía, administración, inversión, sucesión patrimonial o protección de flujos.

“Más que una respuesta coyuntural a un proceso electoral, el uso de fideicomisos refleja un cambio estructural en la forma de gestionar el patrimonio en el Perú. Frente a un entorno donde la incertidumbre ya no es excepcional sino recurrente, la sofisticación financiera pasa por estructurar mejor, no por huir”, indica el managing director de TMF Group para Perú y Bolivia.

En ese sentido, los fideicomisos se posicionan como una herramienta clave para quienes buscan previsibilidad, protección y orden, sin renunciar al mercado peruano ni asumir los costos, económicos y operativos, de sacar su capital del país. En tiempos de elecciones y decisiones sensibles, proteger el patrimonio hoy implica, más que nunca, hacerlo de manera inteligente y estratégica.