Estudio presentado en la PUCP plantea medidas para los primeros 100 días del próximo gobierno frente al avance del crimen organizado.
A menos de un año del cambio de gobierno, un nuevo informe advierte que el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras han dejado de actuar como actividades aisladas y hoy operan como parte de una misma red criminal en la Amazonía peruana. Esta es una de las principales conclusiones de La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, informe elaborado por Amazon Watch junto a organizaciones indígenas y presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Entre los hallazgos más preocupantes, el informe señala que en 2024 más de 12 mil hectáreas de coca fueron cultivadas en territorios de 252 comunidades nativas amazónicas. Además, el área cultivada con coca dentro de comunidades nativas creció 147% entre 2018 y 2024, evidenciando la expansión de las economías ilícitas en territorios indígenas. Diversas comunidades enfrentan además amenazas asociadas a invasiones, deforestación y la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas vinculadas a actividades ilegales.
El reporte sostiene que el narcotráfico y la minería ilegal funcionan cada vez más como actividades complementarias. Los recursos generados por el tráfico de drogas financian la expansión de operaciones mineras ilegales, mientras que el oro se ha convertido en uno de los principales mecanismos para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Como consecuencia, estas redes han consolidado su presencia en zonas estratégicas como el eje Ucayali–Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la Triple Frontera y Madre de Dios. El informe también alerta sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales, entre ellas las disidencias de las FARC, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital (PCC), que han encontrado en el Perú un espacio cada vez más atractivo para expandir sus operaciones.
Asimismo, el documento advierte que determinadas reformas legislativas aprobadas en los últimos años habrían debilitado la capacidad del Estado para enfrentar estas amenazas, facilitando la expansión de actividades ilegales bajo mecanismos que aparentan legalidad.
Frente a este escenario, el informe destaca el rol que cumplen las organizaciones indígenas en la defensa de sus territorios. Iniciativas como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo en Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín se han convertido en una de las principales barreras frente al avance del crimen organizado, pese a operar en contextos de alta vulnerabilidad y con limitados recursos.
En un contexto marcado por el próximo proceso electoral, los autores plantean una serie de recomendaciones para los primeros 100 días del siguiente gobierno. Entre ellas figuran la recuperación del control estatal en los territorios más afectados, una mayor articulación entre las instituciones responsables de la seguridad y el fortalecimiento del trabajo conjunto con las comunidades indígenas.
La presentación del informe formó parte de las actividades del Grupo de Investigación de Estado y Sociedad (GIES) de la PUCP y contó con la participación de Iván Brehaut, periodista y consultor especializado en pueblos indígenas y miembro del Rainforest Investigation Network del Pulitzer Center; Vladimir Pinto, abogado y coordinador de Amazon Watch en Perú; Ricardo Soberón, expresidente ejecutivo de DEVIDA y analista de políticas de seguridad en la Amazonía; y Herlin Odicio, líder kakataibo y vicepresidente de ORAU.
