Inicio Blog Página 329

Perú enfrenta brecha de 59% en IA y el outplacement es clave para acelerar la recolocación ejecutiva

Gestionar estratégicamente las salidas no solo protege la reputación corporativa, sino que acelera la reinserción ejecutiva y fortalece la marca empleadora.

La tasa de desempleo en Lima Metropolitana cerró el 2025 en 5.9%, según INEI. Sin embargo, el verdadero desafío no es solo conseguir empleo, sino mantenerse vigente en un mercado que exige actualización constante. Hoy, el Perú enfrenta una brecha de 59% en IA y analítica, de acuerdo con el estudio Board Survey de Cornerstone, además de brechas en ciberseguridad (39%), pensamiento crítico (38%) y comunicación efectiva (34%).

En este contexto, el outplacement se convierte en un proceso estratégico: no solo acompaña emocionalmente la transición, sino que estructura un plan claro de empleabilidad, ayuda a identificar el valor diferencial del profesional y acelera su reconexión con el mercado laboral.

“El momento de transición puede convertirse en una pausa prolongada o en una decisión estratégica. Cuando la persona entiende qué brecha cerrar, cómo actualizarse y cómo demostrar impacto, la transición se transforma en una oportunidad para elegir dónde quiere seguir aportando valor”, señala Paola Chocano, Partner & Managing Director de Cornerstone Perú.

En Cornerstone, los procesos de recolocación tienen un promedio de 2,69 meses en el nivel profesional y 4,13 meses en el nivel ejecutivo.

¿Qué hace que un outplacement sea realmente efectivo?

Un programa sólido debe incluir acompañamiento cercano, personalizado y con metodología clara:

  • Definición estratégica del objetivo profesional. – Claridad en el rol objetivo y construcción de una propuesta de valor concreta y diferenciada.
  • Entrenamiento de entrevistas de alto nivel. –  Preparación para CEO, directorios y comités, con casos reales y manejo de objeciones.
  • Actualización en competencias clave. – IA aplicada, analítica, liderazgo y comunicación estratégica en clave de negocio.
  • Construcción de evidencia de impacto. – Logros cuantificables que demuestren resultados concretos.
  • Plan estructurado 30-60-90.- Un avance organizado que mantiene foco, ritmo y seguimiento semanal.

Según el estudio Board Survey de Cornerstone, cuando la búsqueda se ordena y se entrena lo que hoy evalúan las compañías como visión estratégica (66%), toma de decisiones (51%) y aprendizaje continuo (44%), la transición se acorta significativamente.

Más que recolocar: proteger reputación y continuidad

En 2026, lo que diferencia a las compañías que sostienen su crecimiento de aquellas que solo reaccionan ante la coyuntura no es el solo la estrategia de atraer talento, sino también cómo gestionan sus salidas.

Un outplacement bien diseñado convierte un momento sensible en:

  • Continuidad operativa
  • Reputación corporativa cuidada
  • Riesgo legal y emocional reducido
  • Marca empleadora fortalecida

“Cuando la empresa y el profesional caminan juntos en la transición, el cierre es más ordenado y el nuevo comienzo es más rápido. Establecemos estándar y seguimiento para la compañía, y un plan práctico de empleabilidad para la persona. El resultado es un proceso responsable y una recolocación acelerada”, concluye Chocano.

 

Los ingresos de Garrigues aumentan un 9,51% en 2025, hasta los 527,69 millones

Con un incremento de 45,84 millones en el año, supera un nuevo récord y encadena 12 años consecutivos de crecimiento.

Garrigues ha vuelto a batir su propio récord: en 2025, ha alcanzado unos ingresos de 527,69 millones de euros, lo que supone un incremento de 45,84 millones (un 9,51%) respecto al año anterior. El despacho, el primero de la UE por ingresos, encadena 12 años consecutivos de crecimiento.

La cifra de negocios en España, su principal mercado, fue de 437,15 millones, tras aumentar un 4,28%. Los ingresos internacionales crecieron un 44,49%, hasta los 90,54 millones. El peso del negocio internacional (Garrigues está presente con 32 oficinas en 12 países de 4 continentes) se sitúa en el 17,16% sobre el total. Las dos principales áreas geográficas del despacho fuera de España, Latinoamérica y Portugal, crecieron a doble dígito en el ejercicio.

Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, afirma que 2025 fue un buen ejercicio para el despacho. “Gracias a la confianza de nuestros clientes, al esfuerzo de nuestro equipo y a la consolidación de nuestra estrategia hemos conseguido aumentar los ingresos aún más que en ejercicios anteriores. Pero nuestro objetivo no es crecer por crecer, sino lograr que el crecimiento sea sólido y rentable, de modo que podamos seguir ofreciendo el mejor servicio posible, contar con los mejores profesionales e invertir en todo aquello que consideramos estratégico, como es nuestra transformación digital. Confiamos en seguir en esta misma línea a lo largo del ejercicio 2026”.

Las principales áreas de práctica incrementaron sus ingresos en el ejercicio. Mercantil y Fusiones y Adquisiciones es la que tiene más peso en el negocio (con un 32,59%), seguida por Tributario (29,31%), Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje (12,60%), Laboral (12,16%) y Administrativo y Constitucional (7,78%).

En los últimos cinco años, la inversión en tecnología y digitalización ha ascendido a 75 millones, impulsada por un triple objetivo: proporcionar entornos digitales personalizados a los clientes para mejorar el servicio tradicional y ofrecer nuevos servicios, incorporar la estrategia de inteligencia artificial como ventaja competitiva, y mejorar la eficiencia operativa mediante la automatización de procesos y la digitalización.

Entre los hitos de 2025, destacan tres: la integración del despacho mexicano Sánchez Devanny, la mudanza de la sede corporativa a las madrileñas Torres de Colón y la culminación del Plan de Sostenibilidad 2023-25. El primero ha impulsado a México, un país con un enorme potencial, como segundo mercado de la firma. El segundo ha supuesto el traslado a un edificio representativo y moderno que cumple todos los requisitos para prestar el mejor servicio a los clientes. El tercero ha permitido al despacho contar con una hoja de ruta para avanzar en aspectos clave en los ámbitos medioambientales, sociales y de gobernanza.

Además, en 2025 g-digital, la división de negocio digital de Garrigues, se ha consolidado con un catálogo de soluciones que cubre el ciclo completo de la confianza digital, la necesaria infraestructura digital para la seguridad jurídica. g-digital es un elemento importante para diversificar las actividades del despacho en un entorno cada vez más digital, a través del desarrollo de productos y servicios diseñados de manera conjunta entre el equipo de tecnólogos y los abogados del despacho.

Por su parte, G-advisory, la filial de consultoría especializada en energía y sostenibilidad de Garrigues, ha cumplido 25 años. A lo largo de este periodo, ha desarrollado proyectos en más de 40 países de los 5 continentes para el sector privado, administraciones públicas, asociaciones sectoriales y organismos multilaterales, entre otros muchos clientes.

Construcción creció 6,7% en 2025, pero la caída de 20% en obra pública tensiona el panorama 2026

El sector triplicó el crecimiento del PBI en diciembre y alcanzó récord hipotecario, aunque la ejecución presupuestal, las obras paralizadas y la transición política elevan la incertidumbre.

El sector construcción cerró 2025 con uno de sus desempeños más sólidos de la última década, pero el inicio de 2026 muestra señales claras de desaceleración en el frente público. Así lo señala el Informe Económico de la Construcción N.° 98 presentado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), que advierte que el principal riesgo para este año proviene de la menor ejecución de inversión pública y del contexto político de transición.

2025: expansión sólida y dinamismo privado

En diciembre de 2025, la construcción creció 12%, triplicando la expansión del PBI nacional y registrando su mejor resultado desde 2013, sin considerar el rebote pospandemia. El consumo de cemento aumentó 14% ese mes, acumulando tres meses consecutivos con tasas de dos dígitos.

En el acumulado anual, el sector creció 6,7%, su mejor desempeño de los últimos cuatro años. La inversión privada fue determinante: avanzó 10,1% en 2025 y habría mantenido un crecimiento cercano al 10% en enero de 2026. Destacó especialmente la inversión minera, que aumentó 26% el año pasado. El mecanismo de Obras por Impuestos también inició el año con dinamismo relevante.

En el mercado hipotecario, los desembolsos alcanzaron un récord nominal cercano a 17.000 millones de soles, con un crecimiento de 19,7%. No obstante, las colocaciones tradicionales del Fondo Mivivienda retrocedieron frente a 2021, mientras que la Cobertura de Riesgo Crediticio se consolidó como instrumento más eficiente para movilizar financiamiento privado.

2026: retroceso en inversión pública y presión presupuestal

El principal foco de riesgo para 2026 es la inversión pública. En enero, el avance de obra cayó cerca de 20%, principalmente por la contracción en el gobierno nacional y el ajuste posterior al fuerte cierre presupuestal de diciembre.

A ello se suma la situación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que ejecutó más del 26% de su presupuesto anual en enero. De no asignarse recursos adicionales, podrían generarse restricciones hacia el segundo semestre, afectando proyectos estratégicos como los sistemas de drenaje pluvial en el norte del país, aún inconclusos desde el Fenómeno El Niño costero de 2017.

El problema estructural de las obras paralizadas continúa siendo crítico. Según el Banco Mundial, alrededor del 45% de las obras iniciadas desde 2012 están detenidas, representando más de 50 mil millones de dólares en inversión inmovilizada. Más de la mitad del monto corresponde al gobierno nacional, mientras que la mayor cantidad de proyectos se concentra en gobiernos locales.

Transición política y riesgos institucionales

El cambio en la conducción del Ejecutivo, a menos de dos meses de las elecciones, introduce un factor adicional de incertidumbre. El presidente Balcázar ha planteado como ejes elecciones libres, continuidad económica y lucha contra la inseguridad, pero deberá reorganizar rápidamente al aparato estatal para enfrentar la emergencia por el Fenómeno El Niño.

La debilidad en prevención, atención y reconstrucción expone límites en la capacidad de gestión pública, mientras persisten tensiones institucionales como el uso recurrente de la vacancia y la censura, que afectan la estabilidad necesaria para sostener la inversión.

Lluvias en Arequipa evidencian déficit de planificación

En el plano regional, el presidente de CAPECO Arequipa, Julio Cáceres, advirtió que la emergencia provocada por intensas lluvias, huaicos y deslizamientos pudo mitigarse con mejor planificación territorial.

El saldo es de siete fallecidos y más de 4.200 personas afectadas, además de 1.299 viviendas inundadas, 44 inhabitables y más de 670 con daños graves o colapso parcial. También se reportan 56 kilómetros de vías vecinales severamente dañadas en provincias como Vítor, Caylloma y Castilla, lo que refleja el déficit en infraestructura resiliente y ordenamiento urbano.

Primera Rueda Capital de PRODUCE cierra con expectativa de financiamiento de S/2.8 millones para MYPE

En esta primera edición participaron 40 MYPE del sector manufactura, previamente identificadas y evaluadas por la Dirección de Instrumentos Financieros, en articulación con los diferentes programas del sector.

El Ministerio de la Producción presentó oficialmente la Primera Rueda de Capital para las MYPE del sector manufactura, un nuevo mecanismo orientado a ampliar el acceso al financiamiento formal de las micro y pequeñas empresas. Esta iniciativa incorpora la vinculación directa entre oferta y demanda de recursos financieros como un eje estratégico para fortalecer la productividad, competitividad, sostenibilidad y el crecimiento de las micro y pequeñas empresas.

En esta primera edición participaron 40 MYPE del sector manufactura, previamente identificadas y evaluadas por la Dirección de Instrumentos Financieros, en articulación con los diferentes programas del Sector. Las empresas sostuvieron reuniones con entidades financieras supervisadas y registradas, entre ellas cajas municipales, bancos y plataformas de financiamiento empresarial, bajo un formato que incluyó presentaciones ante panel financiero y citas individuales para evaluación preliminar y posible precalificación crediticia.

El lanzamiento se realizó en el CITEmadera y del Mueble de Villa El Salvador del Instituto Tecnológico de la Producción, con la participación del viceministro de MYPE e Industria, Juan Carlos Requejo Alemán, y funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE).

Durante la actividad, el viceministro destacó que esta iniciativa responde a una de las principales brechas que enfrentan las MYPE: el limitado acceso a capital en condiciones adecuadas. Señaló que el financiamiento oportuno permite a las empresas invertir en maquinaria, mejorar sus procesos productivos, ampliar su capacidad operativa y consolidar su crecimiento económico.

Al cierre de este nuevo mecanismo, las entidades financieras participantes reportaron, como resultado de las entrevistas realizadas (sección dinámica y uno a uno), la precalificación de financiamientos para las 40 MYPE asistentes, con una expectativa de financiamiento por S/2.8 millones aproximadamente.

Esta experiencia piloto servirá como base para su replicabilidad y escalamiento en otras regiones del país con la finalidad de avanzar con la inclusión financiera, formalización y desarrollo productivo descentralizado.

Durante el primer semestre del año, el sector prevé implementar hasta cuatro ruedas adicionales, con el objetivo de beneficiar aproximadamente a 200 MYPE y consolidar un modelo sostenible de articulación financiera. Con esta iniciativa, PRODUCE reafirma su rol como articulador integral de oportunidades para las MYPE y su acceso al financiamiento formal, conectando capacitación, acceso a mercados y ahora acceso a capital, fortaleciendo así la competitividad y sostenibilidad de la estructura empresarial peruana.

OEFA consolida fiscalización ambiental preventiva y basada en tecnología para el 2026

En entrevista a Revista Economía, Ítalo Díaz Horna, presidente del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), detalla cómo la entidad ha evolucionado hacia un modelo preventivo, territorial y basado en riesgos, con nuevas competencias multisectoriales, inversiones por más de S/ 391 millones y una programación intensiva de supervisiones a nivel nacional.

El OEFA fue creado en 2008 como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. A más de 15 años de su creación, ¿cómo ha cambiado su rol dentro del sistema de fiscalización ambiental del país y cuáles considera que han sido sus principales hitos?

Desde su creación en 2008 como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, el OEFA ha experimentado una evolución significativa en su rol dentro del sistema de fiscalización ambiental del país. En sus primeros años, su labor estuvo principalmente orientada a la supervisión y sanción de actividades bajo su competencia; sin embargo, con el tiempo ha fortalecido su posición como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), liderando, articulando y supervisando el desempeño de las entidades de fiscalización ambiental de los tres niveles de gobierno.

Uno de los principales hitos ha sido la asunción progresiva de funciones de fiscalización en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, como minería (mediana y gran minería), energía (hidrocarburos y electricidad), pesquería, industria, residuos sólidos, consultoras ambientales, educación, justicia, cultura, vivienda y construcción; quedando aún pendiente la transferencia de los sectores de saneamiento, salud, defensa, transporte y comunicaciones. Este proceso ha consolidado al OEFA como una autoridad con presencia multisectorial y con capacidad técnica para abordar problemáticas ambientales complejas.

Asimismo, se ha fortalecido el macroproceso de fiscalización ambiental a través del desarrollo y mejora de sus funciones evaluadora, supervisora, fiscalizadora y sancionadora, así como de su función normativa y de supervisión sobre las entidades de fiscalización ambiental en su calidad de ente rector. En el ámbito de la función evaluadora, un hito relevante ha sido la modificación del Reglamento de Evaluación Ambiental en el 2025, que incorporó la figura de la evaluación ambiental integral. Este instrumento permite realizar intervenciones periódicas, individuales o conjuntas, para diagnosticar el estado de la calidad ambiental y los riesgos en unidades territoriales de fiscalización ambiental, consolidando el enfoque territorial como eje para una intervención más estratégica y articulada.

En paralelo, la función supervisora ha evolucionado significativamente, alineándose con estándares y recomendaciones internacionales como las promovidas por la OCDE. Se han incorporado principios rectores como la orientación a riesgos, que prioriza la intervención según el potencial impacto ambiental y su probabilidad de ocurrencia; la promoción del cumplimiento, que busca corregir conductas antes de escalar a una sanción; y la regulación responsiva, que adapta la respuesta del Estado según la gravedad del incumplimiento y el desempeño del administrado. Este cambio ha permitido transitar hacia una fiscalización más preventiva, persuasiva y basada en evidencia, sin dejar de ejercer la potestad sancionadora cuando corresponde.

En conjunto, estos hitos reflejan la consolidación del OEFA como una autoridad técnica moderna, con mayor capacidad normativa, operativa y estratégica, que ha pasado de un modelo predominantemente reactivo a uno preventivo, territorial y basado en riesgos. Así, su rol dentro del sistema de fiscalización ambiental no solo se ha ampliado en términos de competencias, sino que se ha sofisticado en cuanto a herramientas, enfoque y articulación institucional, fortaleciendo la protección ambiental en el país.

En los últimos años, el OEFA ha asumido progresivamente funciones de fiscalización ambiental de distintos sectores. ¿En qué punto se encuentra hoy ese proceso y qué impacto ha tenido en la capacidad operativa del organismo?

El proceso de transferencia progresiva de funciones de fiscalización ambiental de distintos sectores al OEFA se encuentra actualmente en una etapa de consolidación, que ha permitido estandarizar criterios técnicos, optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa del OEFA, aunque también ha implicado importantes desafíos en términos de cobertura territorial, ya que tenemos presencia en todos los departamentos del país con más de 30 oficinas.

Al respecto, en los últimos años hemos asumido nuevas competencias de fiscalización ambiental desde los sectores Educación, Justicia, Cultura, Vivienda y Construcción, siendo competentes para la fiscalización ambiental del sector Educación desde el 02 de septiembre del 2024, del sector Justicia desde el 17 de marzo del 2025, del sector Cultura desde el 18 de junio de 2025 y del sector Vivienda y Construcción desde el 02 de febrero de 2026, lo que ha representado un gran desafío para la entidad debido al gran número de unidades fiscalizables que contemplan estos sectores y que en gran medida los administrados de los sectores Educación, Justicia y Cultura son entidades públicas que brindan servicios indispensables para la sociedad, los cuales priorizan en gran parte esfuerzos y recursos a la prestación de los mismos, descuidando sus obligaciones ambientales que en algunos casos estos representan riesgos de afectación al ambiente y la salud.

¿Cuáles son actualmente los ejes centrales del trabajo del OEFA y en qué sectores se concentra la mayor parte de sus acciones de evaluación y fiscalización?

Los ejes centrales del trabajo del OEFA se orientan a la evaluación ambiental, la supervisión del cumplimiento de obligaciones ambientales, la fiscalización y sanción cuando corresponde, así como la promoción del cumplimiento normativo. La mayor concentración de acciones se da en sectores con mayor nivel de riesgo ambiental, como minería, hidrocarburos, energía, industria y actividades productivas que pueden generar impactos significativos sobre el ambiente y la salud de las personas.

Además, desde el 2024 la entidad viene implementando el enfoque territorial, que busca fortalecer la descentralización institucional, iniciando con la delegación de funciones a sus oficinas regionales.

Para el 2026, el OEFA ha anunciado una programación intensa de supervisiones a nivel nacional. ¿Qué prioridades se han definido para este año y qué objetivos concretos buscan alcanzar?

Para el 2026, el OEFA ha definido una programación intensiva de supervisiones a nivel nacional, priorizando territorios y actividades con mayor presión ambiental y zonas sensibles o con antecedentes de conflictividad socioambiental. Los objetivos son prevenir daños ambientales, asegurar el cumplimiento oportuno de obligaciones, mejorar la respuesta ante emergencias y generar información técnica confiable para la toma de decisiones.

En ese sentido, las direcciones de supervisión han programado sus acciones, priorizando la atención de:

Energía y Minas

En el subsector de minería, se supervisarán unidades críticas desde el punto de vista ambiental y socioambiental, vinculadas a problemáticas abordadas en mesas de trabajo, espacios de diálogo, denuncias y emergencias, así como el cumplimiento de medidas administrativas dictadas por la entidad.

Asimismo, en el subsector de hidrocarburos, se priorizará la supervisión de emergencias por derrames en unidades críticas de la Amazonía y la costa peruana, además de la verificación de obligaciones y medidas administrativas.

Finalmente, en el caso del subsector electricidad, se realizarán supervisiones regulares y especiales para verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales.

Infraestructura y servicios

En el sector residuos sólidos, durante el primer semestre de 2026 se ejecutarán al menos 55 acciones de supervisión en el departamento de Lima, orientadas a verificar que las infraestructuras y áreas degradadas (botaderos) cumplan sus obligaciones ambientales, como esparcido, nivelación, compactación y cobertura diaria de residuos, manejo de lixiviados y ejecución de monitoreos ambientales, reduciendo así riesgos ambientales y sanitarios.

En los sectores Educación, Justicia y Cultura, cuyas competencias fueron asumidas por el OEFA entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, se ha establecido un enfoque reactivo y preventivo.

El enfoque reactivo prioriza supervisiones ante problemas ambientales existentes que generan o podrían generar afectación al ambiente y la salud, identificados por denuncias, conflictos o medios de comunicación.

El enfoque preventivo prioriza unidades que, por sus actividades, residuos generados o ubicación territorial, representen riesgos ambientales o sociales.

En ambos casos, se implementan estrategias de promoción del cumplimiento para atender problemas existentes y prevenir nuevos impactos.

Actividades productivas

Se ha aplicado un conjunto de criterios técnicos y estratégicos que permiten focalizar los esfuerzos de fiscalización donde resulten más necesarios y efectivos, bajo un enfoque territorial.

Entre los principales criterios se priorizan las Unidades Fiscalizables (UF) que cuentan con Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de impacto significativo, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), a fin de disponer de información relevante y actualizada que facilite una supervisión eficaz.

Asimismo, se programan acciones de supervisión sobre aquellas UF vinculadas a conflictos o problemáticas socio ambientales, identificadas en reportes oficiales o a solicitud de otras instituciones, con el propósito de realizar un seguimiento preventivo y oportuno. También se priorizan las UF con escaso o nulo historial de supervisiones, buscando fortalecer las acciones de supervisión e incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones ambientales.

De igual manera, se considera:

  • La extensión del área de la UF, para focalizar intervenciones en zonas de alta producción industrial y/o agrícola.
  • La verificación pendiente de compromisos de cumplimiento y medidas administrativas.
  • El seguimiento de medidas correctivas dictadas por DFAI.
  • La intervención en cuencas hidrográficas priorizadas por su criticidad ambiental, como Mantaro, Moche, Piura, Quilca-Vítor-Chili y Rímac.
  • Control y mitigación de emisiones odoríferas (malos olores) proveniente de la industria pesquera en la ciudad de Chimbote.

Con estos criterios, se busca intensificar la supervisión y optimizar recursos, generando un impacto real en la protección ambiental y en la gestión de conflictos socioambientales a nivel nacional.

La fiscalización ambiental suele percibirse solo desde el enfoque sancionador. ¿Cómo trabaja el OEFA el componente preventivo y de acompañamiento para mejorar el cumplimiento ambiental de las empresas?

El OEFA viene fortaleciendo de manera sostenida su enfoque preventivo y de acompañamiento. A través de acciones de orientación, asistencia técnica, supervisiones preventivas y mecanismos de corrección temprana, se busca que las empresas identifiquen y subsanen incumplimientos antes de que se generen impactos ambientales. Este enfoque promueve una cultura de cumplimiento y responsabilidad ambiental, reduciendo riesgos y costos tanto para el Estado como para los administrados.

Al respecto, destaca la aprobación del Reglamento de Supervisión del OEFA mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00019-2025-OEFA/CD, el cual se enmarca en un enfoque de cumplimiento normativo, prevención y gestión del riesgo. Esta norma prevé que la autoridad de supervisión puede realizar supervisiones orientativas en determinados supuestos, en los cuales no se propondrá el inicio del procedimiento administrativo sancionador, sino que se recomendarán mejoras en casos de riesgos leves y se emitirán alertas en casos de riesgo moderado.

El Reglamento prevé también que, en caso de detectar un incumplimiento, si el administrado acredita la subsanación voluntaria del mismo antes de la notificación del cargo imputado, la autoridad de supervisión puede disponer el archivo del expediente de supervisión. Lo mismo ocurrirá si el administrado, antes de la notificación del cargo imputado, acredite haber corregido su conducta, mitigado o revertido los efectos y adoptado acciones eficaces orientadas a evitar el volver a incurrir en el mismo incumplimiento.

Por otro lado, el Reglamento prevé que la Autoridad de Supervisión suscriba un Compromiso de Cumplimiento con el administrado, a pedido de este último, previamente al dictado de una medida administrativa posterior a una acción de supervisión in situ. En el acta de compromiso debe constar el compromiso del administrado, así como el plazo y la forma para su cumplimiento. Si el administrado cumple con lo señalado en el acta, no se dictará la medida administrativa ni se recomendará inicio de procedimiento administrativo sancionador por el hecho que motivó la suscripción de dicha acta.

Adicionalmente a ello, la estrategia preventiva del OEFA incluye la difusión de información ambiental de forma libre y gratuita a través del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) y el diseño de aplicativos móviles para obtener información relevante para la fiscalización ambiental por parte de la ciudadanía, tales como el Estimador de Riesgos Ambientales en Emergencias (ERA) y Reporta Residuos (RR).

También se realizan actividades para fortalecer el conocimiento de los administrados sobre sus obligaciones ambientales y así prevenir incumplimientos que puedan generar impactos negativos al ambiente. Esta actividad se realiza a través de la Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en Fiscalización Ambiental (SFOR), la cual en el 2025 realizó 74 jornadas académicas y talleres en los cuales participaron 1,531 administrados en 24 regiones del país.

Finalmente, el OEFA, a través de la SFOR, efectúa intercambios técnicos de pares entre expertos nacionales e internacionales, los cuales permiten analizar casos relacionados con las competencias del OEFA y recibir aportes técnicos y científicos para mejorar el desempeño de los servidores a cargo de la fiscalización ambiental. En el período 2018-2025 se realizaron 32 intercambios técnicos en los que se analizaron 79 casos con expertos de 7 países, beneficiando a 1,933 especialistas del OEFA.

En términos de inversión y presupuesto, ¿qué recursos se están destinando a fortalecer la fiscalización ambiental y en qué áreas se están enfocando esos esfuerzos, como tecnología, personal o cobertura territorial?

OPP

En términos de inversión, el OEFA ejecuta 10 proyectos orientados a fortalecer la fiscalización ambiental, con un costo total actualizado de S/ 391 812 158. A la fecha, registra una ejecución financiera de S/ 122 706 975, equivalente al 31,3 % de avance. Estas inversiones comprenden la implementación de estaciones de calidad del aire y del agua, un laboratorio especializado, así como la adquisición de 453 equipos de monitoreo, 309 equipos adicionales y 14 camionetas para fortalecer las acciones de supervisión en campo.

¿Qué herramientas tecnológicas o innovaciones ha incorporado el OEFA en los últimos años para mejorar la detección temprana de impactos ambientales y la toma de decisiones?

En los últimos años, el OEFA ha incorporado diversas herramientas tecnológicas e innovaciones, como el uso de drones para la supervisión remota, estaciones de monitoreo ambiental automático, imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y plataformas digitales para el análisis de datos ambientales. Estas herramientas permiten mejorar la detección temprana de impactos, optimizar la planificación de las supervisiones y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia técnica.

Al respecto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha incorporado herramientas tecnológicas innovadoras orientadas a fortalecer la fiscalización ambiental basada en evidencia, optimizar la detección temprana de riesgos e impactos ambientales y mejorar la capacidad de respuesta institucional. Estas innovaciones integran tecnologías geoespaciales, automatización de alertas, análisis de datos, interoperabilidad y participación ciudadana. A continuación, se detallan las principales:

  • Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA)

El OEFA implementó el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA) como una plataforma digital de acceso libre que centraliza y pone a disposición información ambiental y territorial sobre las acciones de fiscalización que realiza el OEFA a nivel nacional. El PIFA integra, entre sus principales productos:

  • Intervenciones y unidades territoriales, consulta, analiza y descarga reportes sobre las acciones del OEFA y unidades territoriales por ámbitos de interés.
  • Infraestructura de Datos Espaciales, que permite acceder a servicios interoperables y sus metadatos.
  • Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados (RUIAS), se publica la información de administrados que han sido sancionados por infracciones a la normativa ambiental.
  • Gestión socioambiental, con información sobre conflictos ambientales y su seguimiento.
  • Visualización geoespacial de las acciones de supervisión y fiscalización mediante mapas interactivos.
  • OEFA en Cifras, consulta de indicadores institucionales.

Esta plataforma no solo fortalece la transparencia y el acceso a la información pública, sino que mejora la trazabilidad de las intervenciones, facilita el análisis ambiental y territorial de riesgos y respalda la toma de decisiones basada en información sistematizada, georreferenciada y actualizada.

  • Sistema de Alerta de Riesgos Ambientales (SANDRA)

SANDRA es un sistema integral de uso interno en el OEFA, que permite el análisis de riesgos ambientales mediante el procesamiento de información geoespacial, imágenes satelitales multitemporales y datos técnicos especializados, con el objeto de identificar, analizar, evaluar y monitorear escenarios de riesgo asociados a depósitos de relaves, incendios, sismos y otros peligros ambientales. Entre sus principales funcionalidades destacan:

  • Seguimiento a depósito de relaves en la actividad minera, herramienta que alerta sobre posibles riesgos ambientales a causa de condiciones hidrometeorológicas que impactan directamente en los depósitos de relaves de la actividad minera. Permite el análisis de riesgos ambientales en 107 depósitos de relaves mineros de 57 unidades fiscalizables correspondientes a 46 administrados a nivel nacional.
  • Peligro en unidades fiscalizables por actividad sísmica, herramienta automatizada para el análisis de la actividad sísmica, a partir de la recepción de datos generados por el IGP, que permite el análisis de niveles de intensidad sísmica en unidades fiscalizables y componentes de las actividades mediante el uso de algoritmos espaciales.
  • Detección de áreas quemadas en unidades fiscalizables de caña de azúcar, herramienta que permite la identificación, análisis y monitoreo de áreas quemadas no autorizadas, asociadas a prácticas de cosecha en verde, mediante el procesamiento de información geoespacial y satelital. Este análisis permitirá generar alertas de riesgo ambiental por la ocurrencia y recurrencia de quemas no autorizadas dentro del ámbito de las unidades fiscalizables, contribuyendo a la identificación de presuntos incumplimientos de la normativa ambiental y a la priorización de las acciones de supervisión ambiental del OEFA.
  • Gestión Efectiva de Monitoreo Ambiental (GEMA)

Es un sistema orientado a monitorear y verificar el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo ambiental en el Perú. A través de GEMA se sistematiza, analiza y evalúa la información de monitoreo ambiental reportada mediante el módulo IMA por los administrados, así como aquella generada en las acciones de evaluación y supervisión ambiental realizadas por el OEFA.

El Módulo de Registro de Informes de Monitoreo Ambiental (Módulo IMA), implementado por la Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2021-OEFA/CD, se ha consolidado como la plataforma única para la presentación de informes de monitoreo ambiental por parte de los titulares de actividades fiscalizables. Hasta la fecha, 3,997 titulares han sido habilitados para el registro en el módulo IMA.

El OEFA mantiene un compromiso constante con el soporte y la capacitación técnica. Se han realizado 2,328 capacitaciones y/o asistencias técnicas en total, con el fin de asegurar que se familiaricen y utilicen el Módulo sin inconvenientes. Asimismo, el Módulo IMA cuenta con una interfaz renovada, diseñada para optimizar el proceso de registro, señalar posibles omisiones y mejorar la experiencia general del usuario.

Este sistema permite:

  • Centralizar grandes volúmenes de datos ambientales (agua, aire, suelo, entre otros).
  • Identificar presuntas excedencias a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP).
  • Generar alertas automáticas ante posibles incumplimientos.
  • Facilitar el análisis comparativo y territorial de resultados.

De esta manera, GEMA fortalece la fiscalización ambiental basada en evidencia, mejora la detección temprana de incumplimientos y optimiza la toma de decisiones técnicas para una intervención

  • Proyectos fotogramétricos ejecutados por el OEFA – VidaDRONE

La herramienta de fotogrametría digital VidaDRONE, es una plataforma que permite gestionar y procesar información fotogramétrica de alta calidad obtenida mediante drones. Incluye un flujo integral de captura y procesamiento de datos, una arquitectura tecnológica especializada y la automatización de procesos mediante scripts en Python, lo que mejora la eficiencia, precisión y trazabilidad de la información. Esta tecnología fortalece las inspecciones ambientales, la evaluación de impactos y el seguimiento de componentes ambientales con evidencia técnica.

  • Unidades Territoriales para la Fiscalización Ambiental

Desarrollo e implementación de metodología para determinar Unidades Territoriales de Fiscalización Ambiental (UTF) a partir del análisis espacial de problemas y riesgos ambientales, para la mejora de los procesos de fiscalización ambiental. Permitiendo clasificar el territorio según niveles de afectación, riesgo y criticidad ambiental, integrando más de 36 variables con información actualizada de diversas fuentes como deforestación, minería ilegal e informal, pasivos ambientales, excedencias de monitoreo, fuentes contaminantes de agua, entre otros. Los resultados están disponibles en el PIFA, desde donde se puede descargar el diagnóstico ambiental por ámbitos de interés a nivel nacional.

Aplicaciones móviles

  • Reporta Residuos, es una solución tecnológica que permite la captura, registro, análisis y publicación de alertas sobre acumulación de basura a nivel nacional, mediante una aplicación móvil de acceso ciudadano. Funciona como una red colaborativa digital que conecta a la ciudadanía con las municipalidades, facilitando el reporte georreferenciado de puntos críticos, acumulación indebida de residuos u otras problemáticas vinculadas al servicio de limpieza pública.

La plataforma no solo permite registrar y derivar alertas a las autoridades competentes, sino también hacer seguimiento a su atención, promoviendo la corresponsabilidad y transparencia en la gestión municipal. De esta manera, Reporta Residuos impulsa la mejora del servicio de limpieza pública, fortalece la participación ciudadana y contribuye a una detección temprana y oportuna de impactos ambientales asociados a la inadecuada gestión de residuos sólidos.

  • Estimador de Riesgos Ambientales (ERA), La herramienta implementada permite evaluar y priorizar las emergencias ambientales reportadas por los administrados, mediante la aplicación de una metodología de análisis de riesgos.

Esta metodología considera la ubicación geográfica del evento y la valoración de diversas variables vinculadas a la protección ambiental —como sensibilidad del entorno, características del sector y tipo de actividad—, permitiendo determinar el nivel de riesgo y la prioridad de atención.

El reporte se realiza a través de una aplicación móvil disponible en tiendas de aplicaciones para los administrados, lo que facilita la comunicación inmediata, mejora la trazabilidad de la información y fortalece la capacidad de respuesta oportuna ante emergencias ambientales.

De cara al escenario político y económico que se proyecta hacia el 2026, ¿qué desafíos identifica el OEFA para cumplir su rol sin afectar la competitividad, pero garantizando la protección ambiental?

Uno de los principales desafíos para el OEFA es mantener un adecuado equilibrio entre la protección ambiental y la competitividad de todos los sectores económicos. Esto implica una fiscalización técnica y transparente, que brinde seguridad jurídica, promueva el cumplimiento normativo y evite impactos ambientales que, a largo plazo, generan mayores costos sociales y económicos.

En este nuevo contexto, el OEFA viene asumiendo competencias para la fiscalización ambiental en nuevos sectores los cuales presentan realidades y dinámicas particulares que requieren intervenciones en asistencias técnicas y fortalecimiento de capacidades, para priorizar el enfoque preventivo y orientativo de la fiscalización ambiental, a cargo del OEFA.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría el OEFA a la ciudadanía y a los sectores productivos sobre la importancia de la fiscalización ambiental y el papel que cumple en el desarrollo sostenible del país?

Finalmente, el mensaje del OEFA a la ciudadanía y a los sectores productivos es que la fiscalización ambiental no debe entenderse como un obstáculo, sino como una herramienta clave para garantizar un desarrollo sostenible. Proteger el ambiente es proteger la salud, los recursos naturales y las oportunidades de desarrollo del país. El cumplimiento de las normas ambientales fortalece la confianza, mejora la competitividad y contribuye a un crecimiento económico responsable e inclusivo.