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jueves, diciembre 18, 2025
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San Juan de Lurigancho inicia obras que transformarán Lomas de Canto Grande

La municipalidad distrital inició la construcción de pistas, veredas y muros de contención en una zona que esperó más de tres décadas por mejoras urbanas.

San Juan de Lurigancho (SJL) finalmente ve concretado un proyecto largamente esperado. El 19 de octubre, la Municipalidad distrital colocó la primera piedra de las obras en Lomas de Canto Grande, una iniciativa que promete mejorar la calidad de vida de miles de familias tras 35 años de espera.

El plan contempla la construcción de cerca de 3,000 metros cuadrados de pistas nuevas y más de 2,000 metros cuadrados de veredas y pisos adoquinados, con el objetivo de ofrecer un tránsito más seguro y una imagen renovada a la zona. Lo que antes era un espacio cubierto de polvo y tierra, se convertirá en un entorno urbano moderno y accesible.

Además, el proyecto incluye la instalación de escaleras, muros de concreto, sardineles, áreas verdes, barandas y señalización vial, lo que permitirá mejorar la movilidad entre los distintos niveles del terreno y fortalecer la seguridad de los peatones. Estas intervenciones buscan también revalorizar el área y sentar las bases para futuras inversiones.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los vecinos, quienes salieron a las calles con globos y pancartas para celebrar el inicio de las obras. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: “¡Excelente trabajo! Ya era hora de un cambio en muchos lugares del distrito”, escribió un usuario. Otros destacaron la importancia de continuar con proyectos que impulsen el desarrollo local y generen empleo en la zona.

Perspectiva económica y urbana

La intervención en Lomas de Canto Grande no solo representa un avance social, sino también un paso clave hacia la reactivación económica local. Al mejorar la infraestructura, se espera dinamizar el comercio, incrementar el valor de las propiedades y atraer nuevos servicios al distrito más poblado del país.

Brasil impulsa la exploración petrolera en el Amazonas pese a críticas ambientales

El gobierno de Lula da Silva defiende el megaproyecto de Petrobras como clave para la “soberanía energética” del país, mientras ambientalistas denuncian una contradicción frente a los compromisos climáticos asumidos.

El Gobierno de Brasil confirmó un nuevo paso en su estrategia energética al autorizar la perforación de un pozo exploratorio en el margen ecuatorial del Atlántico, a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió el permiso a Petrobras, desatando una ola de críticas por parte de organizaciones ecologistas nacionales e internacionales.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el proyecto podría atraer inversiones por 300.000 millones de reales (unos 55.000 millones de dólares) y generar hasta 300.000 empleos directos e indirectos. El ministro Alexandre Silveira destacó que el potencial del área es de hasta 10.000 millones de barriles recuperables, lo que consolidaría a Brasil como potencia energética regional. “Brasil no puede renunciar a conocer su potencial. Esta exploración se hará con responsabilidad ambiental y altos estándares técnicos”, aseguró.

El Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva considera que esta iniciativa refuerza su política de transición energética “justa y equilibrada”, combinando la expansión de la producción petrolera con el desarrollo de biocombustibles y la descarbonización industrial. Petrobras, por su parte, afirmó que ha implementado la “mayor estructura de respuesta ambiental del país”, con 13 embarcaciones disponibles para mitigar eventuales impactos.

Críticas de ambientalistas y cuestionamientos internacionales

Las principales organizaciones ecologistas del país reaccionaron con dureza a la medida. El Observatorio do Clima, que agrupa a más de 130 entidades, calificó la decisión como “desastrosa” y anunció que buscará anular la licencia por “fallas técnicas” en el proceso. Greenpeace y WWF advirtieron que el proyecto contradice los compromisos de Brasil para reducir entre 59% y 67% sus emisiones contaminantes hacia 2035.

La autorización llega a menos de un mes de la COP30, que se celebrará precisamente en la ciudad amazónica de Belém, lo que aumenta la tensión entre el discurso climático de Lula y las acciones de su gobierno. “Es un sabotaje a la COP30 y un golpe a la credibilidad de Brasil como líder climático”, señaló el Observatorio do Clima en un comunicado.

Las ONG también alertaron sobre los riesgos ecológicos de la zona, que alberga manglares, arrecifes de coral, territorios indígenas y especies en peligro de extinción. “Brasil debe apostar por energías renovables y la bioeconomía, no por más petróleo”, sostuvo Ricardo Fuji, especialista en conservación de WWF.

Perspectiva económica y energética

Pese a las críticas, el Ejecutivo brasileño insiste en que el megaproyecto representa una oportunidad estratégica para consolidar su autonomía energética, aumentar la recaudación fiscal —estimada en un billón de reales (cerca de 200.000 millones de dólares) en las próximas décadas— y atraer inversiones extranjeras.

La discusión entre desarrollo y sostenibilidad vuelve así al centro del debate latinoamericano, donde los países buscan equilibrar la rentabilidad de sus recursos naturales con los compromisos globales de reducción de emisiones.

MTC renunciará a su porcentaje en la TUUA nacional para aliviar el costo de los pasajes

El Ministerio de Transportes dejará de percibir su retribución del 47,5 % de la TUUA nacional en el aeropuerto Jorge Chávez. La medida busca que los usuarios no paguen ese recargo en los vuelos internos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que dejará de recibir su porcentaje correspondiente de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) nacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La decisión permitirá que los pasajeros de vuelos internos dejen de pagar el recargo incluido hasta ahora en el precio de los boletos. La medida fue promovida por la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor (CODECO), Katy Ugarte, y confirmada por el ministro del sector, Martín Prieto.

Reducción del costo para los pasajeros

Según explicó Ugarte, el Estado renunciará a la retribución del 47,5 % que percibía de la TUUA nacional. “El Estado dejaría de percibir ese monto para que el costo no lo asuma el usuario”, afirmó. Con ello, los pasajeros nacionales dejarán de pagar entre 11 y 12 dólares adicionales por cada vuelo interno, lo que representa un alivio directo en el precio final del pasaje.
La congresista sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de evitar sobrecostos injustificados y mejorar la transparencia en la estructura tarifaria aeroportuaria. “Este es un paso importante en la defensa de los derechos de los usuarios y en la transparencia de los cobros. La población no debe pagar tarifas que no corresponden a un servicio efectivo”, enfatizó.

Negociaciones con la concesionaria LAP

La Comisión de Defensa del Consumidor precisó que la medida solo aplica a la TUUA nacional, mientras que la tarifa internacional continúa en proceso de revisión. El ministro Prieto indicó que se mantiene una mesa de trabajo con Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del aeropuerto, con el fin de alcanzar un acuerdo que mantenga el equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la protección del interés público.
“Estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para que, el 27 de octubre, no se presenten inconvenientes ni perjuicios para los viajeros”, señaló el titular del MTC.

Revisión legal y supervisión técnica

El cobro de la TUUA fue establecido en el contrato de concesión firmado en 2013, que asigna un porcentaje de la recaudación al Estado. Modificar este esquema sin consenso podría implicar un arbitraje internacional, por lo que la decisión se adoptó tras una revisión jurídica coordinada entre el Congreso, el MTC y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN).
De acuerdo con Ugarte, la vigilancia sobre la aplicación de la medida y la transparencia en el proceso de renegociación serán permanentes. “Nuestra prioridad es proteger el interés público y asegurar que el usuario no asuma costos injustificados”, reiteró.

Impacto económico y proyección

La eliminación del cobro de la TUUA nacional marcará un precedente en la gestión de tarifas aeroportuarias y en la política de relación entre el Estado y las concesionarias privadas. Aunque implica una menor recaudación para el MTC, permitirá impulsar la competitividad del transporte aéreo doméstico y fortalecer la percepción de equidad tarifaria. La discusión sobre la TUUA internacional, que seguirá en las próximas semanas, podría redefinir el modelo de ingresos del principal aeropuerto del país y su sostenibilidad a mediano plazo.

Evite sanciones: SUNAT intensifica los requerimientos del Test de Beneficio en 2025

El fortalecimiento de la fiscalización digital y el cruce automático de información tributaria que impulsa la SUNAT en 2025 incrementan la necesidad de una gestión preventiva.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha intensificado la revisión de operaciones entre empresas vinculadas, notificando en los últimos meses a miles de contribuyentes a nivel nacional que no presentaron el Test de Beneficio durante el ejercicio anterior.

Este documento, que la SUNAT puede solicitar en cualquier momento, se ha convertido en un requisito esencial para las compañías que buscan deducir costos o gastos por servicios recibidos de partes relacionadas en el exterior, conforme al inciso i) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). De hecho, la entidad viene requiriendo el Test de Beneficio incluso desde el 2022, como parte de su estrategia para prevenir la erosión de la base imponible y reforzar la transparencia tributaria en el país.

En términos simples, el Test de Beneficio exige demostrar que los servicios contratados aportan un valor económico o comercial real, contribuyendo a mejorar o mantener la posición de la empresa en el mercado.

De acuerdo con Carlos Vargas Alencastre, CEO de TPC Group y especialista en precios de transferencia, “el Test de Beneficio no es solo un trámite formal, sino una herramienta esencial para sustentar la deducibilidad de los gastos por servicios intragrupo. Las empresas deben evidenciar con documentación sólida que los servicios prestados aportan un valor económico tangible y que su costo está alineado con las exigencias del mercado y de la SUNAT”.

Durante el proceso de revisión de operaciones con partes vinculadas, la SUNAT viene solicitando con mayor frecuencia este documento para verificar la naturaleza, necesidad y beneficio real de los servicios contratados con entidades relacionadas en el exterior.

Vargas Alencastre advierte que “si la SUNAT solicita el Test de Beneficio y este no se presenta adecuadamente, la entidad puede desconocer los gastos y aplicar una acotación del 30% del Impuesto a la Renta sobre las facturas pagadas al exterior. Esto representa una sobretasa significativa que afecta directamente la carga fiscal de la empresa”.

El especialista agrega que este documento debe detallar los costos y gastos incurridos, establecer el markup (margen) según el tipo de servicio, ya sea de alto o bajo valor agregado, y demostrar la efectiva prestación y recepción de dichos servicios. Por el contrario, no acreditar este documento puede derivar en la pérdida del derecho a deducir gastos, multas económicas, e incluso auditorías adicionales, con impacto financiero y reputacional.

El fortalecimiento de la fiscalización digital y el cruce automático de información tributaria que impulsa la SUNAT en 2025 incrementan la necesidad de una gestión preventiva. Para Vargas Alencastre, “mantener políticas internas claras, registros detallados y documentación de respaldo es la mejor estrategia para cumplir con las normas de precios de transferencia y evitar contingencias tributarias. La correcta aplicación del Test de Beneficio consolida la estabilidad fiscal y operativa de las empresas frente a sus operaciones internacionales”.

Empresas: Los pasos legales para cambiar de representante sin poner en riesgo su operación

Los socios o accionistas deben reunirse para aprobar el cambio mediante un acta de junta.

En un país con más de 3.3 millones de empresas activas, según el último informe técnico del INEI, un simple cambio de representante legal puede ser el punto de quiebre entre la continuidad o el estancamiento. Lo que parece una formalidad, puede inmovilizar operaciones bancarias, suspender contratos y generar alertas en entidades públicas, evidenciando lo frágil que puede ser la gestión legal en tiempos de transformación empresarial.

Este procedimiento debe seguir una secuencia formal ante SUNARP y SUNAT para garantizar la legalidad del nuevo nombramiento y evitar contingencias legales o tributarias.

“El representante legal es la persona con la firma de oro de la empresa. Si el cambio no se actualiza a tiempo, los documentos firmados podrían ser impugnados o carecer de valor legal”, advierte Vicente Cruz, CEO de Sheriff, plataforma digital de gestión de riesgos.

Los 4 pasos para formalizar el cambio

  • Acuerdo societario: Los socios o accionistas deben reunirse para aprobar el cambio mediante un acta de junta, donde se deja constancia de la remoción y el nuevo nombramiento.
  • Minuta y escritura pública: El acta se presenta ante notario, quien redacta la minuta y la eleva a escritura pública. Este documento certifica oficialmente el acuerdo.
  • Inscripción en SUNARP: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos debe inscribir el cambio para que sea válido ante terceros. Solo desde ese momento el nuevo representante puede actuar legalmente en nombre de la empresa.
  • Comunicación a SUNAT: La empresa debe actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para reflejar el nuevo representante y evitar notificaciones erróneas o retrasos en declaraciones.

Para completar el trámite, se requiere contar con el acta de junta, la minuta y escritura pública notarial, copia del DNI y RUC del nuevo representante, además del formulario de inscripción ante SUNARP y la ficha RUC actualizada para SUNAT.

El proceso suele demorar entre 10 y 20 días hábiles, dependiendo de la carga notarial y registral. Entre los motivos más frecuentes figuran el cambio de gerente general, conflictos entre socios o la búsqueda de un perfil especializado para liderar una nueva etapa de gestión.

“No actualizar esta información puede frenar el acceso a créditos, generar observaciones fiscales o dejar sin efecto contratos vigentes. Es un error más común de lo que parece, sobre todo en pequeñas empresas”, señala Cruz.

El ejecutivo destaca que contar con información verificada y actualizada se ha vuelto clave en el entorno empresarial actual. “Hoy la confianza no depende solo de la palabra o la trayectoria, sino de la capacidad de demostrar que cada movimiento legal y corporativo está debidamente inscrito y respaldado. Esa transparencia es la base de toda relación de negocios”, concluye.

La guerra por la palta: cómo Perú, Colombia y Chile buscan desafiar el dominio de México

Latinoamérica produce más del 60% de las paltas del mundo. México conserva la ventaja, pero los países del sur apuestan por valor, calidad y sostenibilidad para cambiar el equilibrio del mercado.

Según un reporte de Bloomberg Línea, tres países sudamericanos, Perú, Colombia y Chile, están ajustando su estrategia para reducir la distancia frente al dominio histórico de México en la industria de la palta. A través del Avocado Value Index (AVI), se evidencia que la competencia ya no pasa solo por producir más, sino por capturar más valor, estabilizar precios y diversificar mercados.

México conserva la ventaja del volumen y la cercanía a Estados Unidos, pero sus rivales del sur apuntan a una mayor rentabilidad por kilo exportado. Perú, por ejemplo, redujo sus volúmenes en 2024, pero aumentó el valor total de sus exportaciones. Colombia aprovecha su capacidad de producir durante todo el año, lo que le da estabilidad y poder de negociación. Chile concentra su producción en ventanas cortas de alta demanda, con un enfoque premium que maximiza márgenes estacionales.

Latinoamérica produce más del 60% de las paltas del mundo

El informe detalla que la región concentra más del 60% de la producción mundial de palta y el 62% de las exportaciones. México lidera con un 41.9% del total global, equivalente a 3,780 millones de dólares, y podría superar los 4,000 millones en 2025, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Perú ocupa el segundo lugar, con 1,240 millones de dólares (13% del mercado), y Chile mantiene una participación menor pero con precios premium.
“Los patrones de consumo de palta se están acelerando. Es un mercado en expansión donde América Latina se consolida como líder global”, señaló Larry Gil, CEO de Loads, citado por Bloomberg Línea.

El reto ahora está en equilibrar el éxito internacional con el acceso interno. En México, el kilo de palta se ha vuelto menos accesible para los consumidores locales, mientras que en Perú y Chile los precios también suben por priorizar la exportación.

Colombia apuesta por su sello ‘Paltas de Colombia’

Colombia se perfila como el competidor más dinámico. Según Corpohass, las exportaciones colombianas de palta Hass aumentarían un 25% en 2025 y alcanzarían 182,000 toneladas, con hasta el 60% dirigido al mercado europeo. Katheryn Mejía, presidenta ejecutiva de Corpohass, explicó que Europa sigue siendo clave, aunque con desafíos culturales y de consumo: “Es un mercado diverso que requiere estrategias personalizadas para educar a los consumidores”.

El consumo per cápita en Europa es de solo 1 kg, frente a casi 4 kg en Estados Unidos y 9 kg en mercados latinoamericanos como México o Chile, lo que deja un margen enorme de crecimiento. Colombia cultiva palta Hass en 17 departamentos y más de 250 municipios, y su temporada coincide con el final de la cosecha en California, Perú y México, lo que le permite aprovechar los vacíos de oferta global. Además, busca abrir el mercado brasileño y superar el arancel del 10% en Estados Unidos con eficiencia y calidad.

Su marca sectorial, “Paltas de Colombia”, lanzada en 2024, evolucionará hacia un programa de certificación con las primeras cajas certificadas previstas para 2026.

México enfrenta tensiones en el campo

Mientras sus competidores del sur avanzan con innovación y marketing, México encara tensiones internas en su sector paltero. Según Diario Evolución, productores de Michoacán —el principal estado exportador— realizaron bloqueos para exigir precios justos y denunciar cobros ilegales. El kilo destinado a exportación se paga a unos 20 pesos, mientras el de consumo nacional apenas llega a 8 o 9, por debajo del costo de producción.

En Colima, los agricultores reportan precios de venta entre 6 y 8 pesos por kilo, cuando producirlo cuesta hasta 16. El exceso de oferta interna ha hundido los precios y ha motivado pedidos de créditos blandos y subsidios a tasas de interés para sostener la rentabilidad.

México conserva su liderazgo, pero el tablero global de la palta ya se está moviendo. Perú, Colombia y Chile no buscan solo seguir al gigante, sino construir su propio modelo de competitividad y valor agregado en un mercado que no deja de crecer.