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Milwaukee Tool y CETEMIN celebran acuerdo de cooperación interinstitucional

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Comercial Milwaukee Tool Limitada es una empresa líder en el desarrollo de soluciones industriales e innovadoras a través de productos de alta gama, tales como: herramientas eléctricas, accesorios, entre otros. A través de este convenio, Milwaukee Tool donará un importante lote de herramientas de última generación a CETEMIN, contribuyendo así en el fortalecimiento de habilidades prácticas de sus estudiantes.

Con la finalidad de fomentar y facilitar la cooperación mutua en términos de innovación, la sustentabilidad, el desarrollo tecnológico en el entrenamiento y la contribución al mejoramiento continuo, Comercial Milwaukee Tool Limitada y el instituto CETEMIN han firmado un acuerdo institucional que les permitirá habilitar una agenda de trabajo conjunta basada en la optimización de procesos, el aumento en la eficiencia y productividad para elevar la competitividad de ambas organizaciones.

Este convenio dará paso a un importante apoyo interinstitucional que permitirá a ambas organizaciones satisfacer las necesidades del mercado. Además, se promoverá la transferencia tecnológica y metodológica a través de actividades de entrenamiento de alto impacto en dos niveles: especialistas de Milwaukee Tool – procedentes de México- compartirán sus conocimientos y experiencia con los instructores y los estudiantes de CETEMIN, quienes recibirán capacitaciones técnicas demostrativas, de acuerdo a la malla curricular de las carreras técnicas de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos e Instrumentación Industrial.

“Nos sentimos entusiasmados con la firma de este convenio que evidencia el posicionamiento y expertise de CETEMIN en otros países. Trabajamos día a día para generar espacios de colaboración que trasciendan nuestras fronteras y, gracias a ello, abrir oportunidades para nuestros estudiantes y obtener aprendizaje que nos permita seguir creciendo”, afirma Raphael Delgado, Gerente General de CETEMIN

“En Milwaukee Tool tenemos muchos desafíos; por ello, parte de esa agenda es establecer relacionamiento con instituciones de alto impacto como CETEMIN en quienes hemos encontrado mucha sinergia. Por ello, nuestro compromiso inmediato es compartir nuestro expertise a través de capacitaciones especializadas que, estamos seguros, van a potenciar el perfil de los egresados de CETEMIN en el mercado laboral”, refiere Branko Peric, representante de Milwaukee Tool.

De esta manera, CETEMIN se posiciona como un referente en la educación técnica promoviendo espacios de colaboración con distintas empresas a nivel internacional y abriendo oportunidades de desarrollo profesional para sus egresados en distintos ámbitos, especialmente en aquellos relacionados a equipo pesado, electricidad, instrumentación, procesos industriales, mecánica industrial y seguridad.

 

Exportaciones de vino de California se desploman 35% y profundizan la mayor crisis del sector en décadas

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Caída de la demanda, exceso de uvas, importaciones baratas y boicots comerciales han golpeado con fuerza a la industria vitivinícola de California, que enfrenta cierres de bodegas, despidos y la mayor reducción de viñedos en años.

La industria vitivinícola de California atraviesa su crisis más severa en décadas. El exceso de producción de uvas, la caída del consumo, el ingreso de vinos importados de bajo precio y tensiones comerciales han generado un fuerte deterioro del sector, con despidos, cierre de bodegas y reducción de viñedos en distintas zonas productoras.

En 2025, las exportaciones estadounidenses de vino sumaron USD 805 millones, lo que representó una caída de 35% frente al año anterior, una de las reducciones más pronunciadas registradas por la industria, según datos citados por Los Angeles Times.

Boicots comerciales golpean el principal mercado externo

El impacto se profundizó por los boicots aplicados en Canadá —principal destino internacional del vino californiano— en respuesta a tensiones comerciales con Estados Unidos. Según Wine Institute, estas medidas eliminaron aproximadamente USD 360 millones en ingresos potenciales para el sector.

La pérdida de ese mercado ha afectado no solo a los productores, sino también a actividades asociadas como logística, distribución y ventas tanto en Estados Unidos como en territorio canadiense.

Sobreoferta de uvas y recorte de producción

El problema estructural del sector es la sobreoferta de uvas, con viñedos produciendo más de lo que el mercado puede absorber.

Stuart Spencer, propietario de St. Amant Winery y director ejecutivo de la Lodi Winegrape Commission, señaló que durante la última vendimia debió dejar cerca de 50 toneladas de uvas sin cosechar porque los costos de recolección y procesamiento superaban el valor de venta estimado.

Situaciones similares se repiten en distintas zonas del Valle Central de California, donde varios productores han optado por arrancar viñedos o reducir plantaciones ante la imposibilidad de colocar el excedente.

Cierres de plantas y despidos en grandes compañías

La crisis también alcanza a los grandes actores del mercado. E. & J. Gallo, el mayor proveedor de vino en Estados Unidos, anunció el cierre de una planta en St. Helena y el despido de 93 trabajadores.

Por su parte, Jackson Family Wines cerró su bodega Carneros Hills y desvinculó a 13 empleados, mientras que Constellation Brands informó el cierre de Mission Bell Winery en Madera y el despido de 212 trabajadores.

Esta última compañía busca ahorrar USD 200 millones hacia 2028, priorizando su negocio cervecero frente al vino.

Cambios generacionales reducen el consumo

El sector también enfrenta transformaciones en el perfil del consumidor. Los baby boomers, tradicionalmente los mayores compradores de vino, reducen su consumo a medida que envejecen.

Al mismo tiempo, las generaciones más jóvenes —millennials y generación Z— muestran menor interés por el vino y por el alcohol en general, inclinándose por cervezas artesanales o bebidas espirituosas premium.

Además, el aumento de ventas de alcohol observado durante los primeros años de la pandemia fue temporal. Con el retorno de los gastos en viajes, entretenimiento y actividades fuera del hogar, ese impulso desapareció.

Importaciones baratas presionan el mercado

Otro factor clave es el aumento de vinos importados a bajo precio, especialmente desde Chile y Australia.

La normativa estadounidense permite que hasta 25% del contenido de un vino etiquetado como “americano” provenga de vino extranjero, lo que facilita que grandes productores mezclen vino importado con producto local, reduciendo el valor de la uva californiana y afectando a los viticultores.

Pequeñas bodegas buscan nuevos nichos

A pesar del contexto adverso, algunas bodegas pequeñas exploran nuevas estrategias para atraer consumidores jóvenes.

Andrew Jones, fundador de Field Recordings en Paso Robles, señaló que su bodega ha incrementado ingresos apostando por vinos blancos más ácidos y tintos frescos, estilos que atraen a nuevas generaciones.

También identifica oportunidades en formatos alternativos como el vino en envases “bag-in-box” de tres litros, más económicos de transportar que las botellas de vidrio.

Un sector histórico ante un punto de inflexión

La tradición vitivinícola de California se remonta al siglo XVIII, cuando el fraile Junípero Serra introdujo las primeras vides europeas. Tras la devastación causada por la ley seca en 1920, la industria se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial y alcanzó reconocimiento mundial tras el histórico Juicio de París de 1976, cuando vinos californianos superaron a etiquetas francesas en una cata a ciegas.

Décadas de expansión llevaron a un crecimiento sostenido del sector, pero desde 2017 la demanda comenzó a estancarse mientras las plantaciones seguían aumentando, lo que finalmente desembocó en el actual exceso de producción.

Hoy, la combinación de cambios en el consumo, presión de importaciones y tensiones comerciales coloca a la industria del vino de California frente a uno de los desafíos más complejos de su historia reciente.

Reguladores bajo revisión: multas, funciones y reformas pendientes tres décadas después

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Leonie Roca, presidenta de AFIN, plantea revisar el rol de los organismos reguladores de servicios públicos en el Perú, ante el aumento de sanciones y recomendaciones de la OCDE para fortalecer su enfoque en regulación económica y mejorar su institucionalidad.

Hacia finales de los años noventa, el Perú tomó una decisión institucional clave: crear organismos reguladores de servicios públicos autónomos, concebidos como árbitros neutrales entre tres grupos que suelen entrar en conflicto en estas industrias: el Estado, los inversionistas privados y los usuarios. Fue una apuesta institucional relevante para sostener el desarrollo de infraestructura y atraer inversión privada.

Sin embargo, más de treinta años después, el contexto ha cambiado y los resultados recientes invitan a una revisión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha emitido evaluaciones periódicas sobre el desempeño de los reguladores peruanos, con recomendaciones que apuntan a fortalecer su rol y mejorar su funcionamiento.

Observaciones que exceden su ámbito sectorial

De acuerdo con el Informe de Competitividad 2024-2025 del Consejo Privado de Competitividad, una parte importante de las observaciones que realizan los reguladores a los contratos de concesión no está directamente vinculada a temas sectoriales.

Según el reporte, en el caso de Ositrán apenas el 24% de sus observaciones corresponde a aspectos propios del sector que regula. En Osinergmin la proporción alcanza el 41%, mientras que en Osiptel llega al 50%. El resto —alrededor del 69% del total— se concentra en observaciones de carácter general que ya son revisadas por otras entidades del Estado.

Esta situación sugiere que los reguladores estarían destinando recursos a tareas que no necesariamente corresponden a su función central, lo que podría diluir su capacidad de enfocarse en aspectos técnicos propios de cada sector.

El incremento de las multas en telecomunicaciones

El caso del regulador de telecomunicaciones ilustra otro fenómeno que ha generado debate: el incremento significativo de las sanciones económicas.

Entre 2011 y 2019, las multas impuestas a las empresas de telecomunicaciones promediaban S/ 16 millones anuales. En la actualidad, esa cifra ha escalado hasta alcanzar alrededor de S/ 233 millones al año.

La interrogante de fondo es si este aumento responde a un deterioro en el cumplimiento por parte de las empresas —algo difícil de sostener en un sector donde la cobertura y la calidad del servicio han mejorado de forma significativa— o si está relacionado con una mayor acumulación de obligaciones normativas cuyo incumplimiento deriva en sanciones casi automáticas.

Recomendaciones de la OCDE

Los especialistas coinciden en que el enfoque regulatorio debe centrarse en la regulación económica y en el rol de árbitro entre el Estado, las empresas y los usuarios.

Entre las recomendaciones planteadas por la OCDE se encuentra mejorar el entendimiento del rol institucional de los reguladores, evaluar los riesgos de incumplimiento y priorizar el objetivo final de las sanciones: corregir conductas que generan externalidades negativas, en lugar de sancionar de manera automática.

Asimismo, se sugiere revisar los mecanismos de apelación de sanciones, ya que en algunos casos la instancia revisora administrativa se encuentra dentro de la misma estructura institucional que impone la sanción, lo que limita la independencia del proceso.

Reformas institucionales pendientes

Las propuestas de mejora apuntan también al fortalecimiento de la gobernanza de los reguladores. Entre ellas, mejorar los procesos de selección de los miembros de los consejos directivos, protegerlos frente a remociones arbitrarias y garantizar su independencia presupuestal.

También se plantea separar con mayor claridad las funciones de investigación y sanción, así como establecer agendas regulatorias tempranas y consensuadas. A ello se suma la necesidad de aplicar evaluaciones regulatorias rigurosas tanto antes de emitir nuevas normas como después de su implementación.

El principio que debería guiar la regulación es que esta sea el último recurso, sustentada siempre en un análisis claro de costos y beneficios para los mercados.

Un balance a tres décadas de su creación

Los organismos reguladores han cumplido un rol relevante al ofrecer un marco institucional que permitió atraer inversión privada en infraestructura de servicios públicos en el Perú.

No obstante, tres décadas después de su creación, el debate apunta a introducir ajustes que fortalezcan su desempeño. El objetivo no sería debilitar estas instituciones, sino asegurar que concentren sus esfuerzos en su función esencial: regular con criterios técnicos, promover eficiencia en los mercados y contribuir al desarrollo de infraestructura que requiere el país.

Obras por Impuestos suma S/ 1.149 millones a febrero y alcanza 37% de su meta anual

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El mecanismo de Obras por Impuestos mantiene un fuerte dinamismo en el inicio de 2026. A febrero se adjudicaron 67 intervenciones por S/ 1.149 millones, equivalente al 37% de la meta anual, impulsadas por convocatorias iniciadas en el último trimestre de 2025.

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) mantiene un fuerte dinamismo en el inicio de año. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) informó que, al cierre de febrero de 2026, se adjudicaron 67 intervenciones por un monto total de S/ 1.149 millones, lo que representa el 37% de la meta anual estimada en S/ 3.099 millones.

El desempeño responde, principalmente, a la continuidad de procesos de convocatoria iniciados en el último trimestre de 2025, que explican aproximadamente la mitad de las adjudicaciones registradas hasta el momento. Solo en febrero se adjudicaron 25 intervenciones por S/ 464 millones, casi tres veces el monto adjudicado en el mismo mes del año anterior.

“Estamos observando proyectos de mayor envergadura y una cartera más diversificada que adelanta el desarrollo de infraestructura pública prioritaria para millones de familias en el país”, señaló Dolly Lozano, subdirectora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de PROINVERSIÓN.

Gobiernos regionales lideran el mecanismo

En lo que va del año, los gobiernos regionales encabezan la dinámica del mecanismo con 18 intervenciones adjudicadas por S/ 544 millones, equivalentes al 47% del monto total. Les siguen los gobiernos locales distritales y provinciales con S/ 477 millones (41% en conjunto), mientras que el Gobierno Nacional concentra S/ 128 millones (11%).

A nivel institucional, el Gobierno Regional de Huánuco lidera el ranking con S/ 166 millones adjudicados, seguido por el Gobierno Regional de Lima con S/ 131 millones en cuatro intervenciones. En el grupo de las diez principales entidades públicas también destacan el Gobierno Regional de Huancavelica, el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional de La Libertad.

En conjunto, estas entidades concentran el 67% del monto adjudicado en lo que va del año, reflejando una mayor descentralización del mecanismo y una ampliación de la inversión pública en infraestructura regional.

Proyectos de mayor escala y nuevos sectores

A diferencia de años anteriores, el 2026 muestra una mayor presencia de proyectos de gran envergadura. Entre los principales destacan el COAR Arequipa, el relleno sanitario de Chimbote y el proyecto de atención de salud básica en Ilabaya.

Las intervenciones se concentran principalmente en los sectores Educación (S/ 344 millones), Transporte (S/ 107 millones) y Salud (S/ 91 millones). No obstante, también se han incorporado seis nuevos ámbitos de intervención, entre ellos Ambiente, Cultura y Deporte, Turismo, Vivienda y Desarrollo Humano, y Agropecuaria.

Este avance evidencia un creciente interés del sector privado por participar en proyectos que contribuyan al cierre de brechas de infraestructura en áreas estratégicas del desarrollo nacional.

Balance del mecanismo

Desde su creación en 2009, Obras por Impuestos ha permitido adjudicar 1.151 intervenciones por un monto acumulado de S/ 18.175 millones en todo el país.

Los gobiernos regionales concentran el mayor monto adjudicado con S/ 8.951 millones (49%), mientras que los gobiernos locales distritales registran el mayor número de intervenciones ejecutadas, con 473 proyectos.

Con estos resultados, el mecanismo se consolida como uno de los principales instrumentos de articulación público-privada para acelerar la inversión descentralizada y el cierre de brechas en infraestructura en el Perú.

COFIDE suscribe acuerdos estratégicos con CAF y FONAFE para fortalecer el financiamiento y la asistencia técnica en el país

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La formalización de estos acuerdos se desarrolló en el marco del taller “Financiamiento de largo plazo para empresas públicas no financieras.

En línea con su misión de movilizar recursos y generar soluciones financieras innovadoras que contribuyan con el desarrollo sostenible del Perú, COFIDE concretó la firma de dos acuerdos clave de cooperación interinstitucional con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

A través de un Memorándum de Entendimiento (MOU) con CAF, se estableció un marco general de colaboración orientado a coordinar y evaluar la provisión de asistencia técnica conjunta que genere un impacto real en el desarrollo económico y social. Las líneas de acción de esta alianza contemplan la ejecución de estudios técnicos y el desarrollo de asesorías especializadas en gobernanza, innovación, transformación digital y fortalecimiento de capacidades institucionales. El documento fue suscrito por Jorge Velarde y José Sarmiento, Presidente Ejecutivo y Gerente General de COFIDE, respectivamente; y por Antonio Silveira, Vicepresidente del Sector Privado de CAF.

Asimismo, el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional firmado con FONAFE permitirá crear un espacio de coordinación para optimizar la estructura de financiamiento y la gestión de activos no críticos de las empresas estatales. Con este fin, COFIDE evaluará e impulsará instrumentos para estructurar financiamientos de largo plazo orientados a proyectos de inversión o reperfilamiento de deudas, además de analizar mecanismos fiduciarios para la correcta administración, rentabilización o venta de dichos activos. Este acuerdo fue refrendado por Velarde y Sarmiento en representación de COFIDE, junto a Fredy Jordán Medina, Presidente del Directorio de FONAFE, y Pedro Manuel Tapia Alvarado, Director Ejecutivo de la entidad.

La formalización de estos acuerdos se desarrolló en el marco del taller “Financiamiento de largo plazo para empresas públicas no financieras: Retos, gobernanza y soluciones”, un espacio organizado por COFIDE y CAF que contó con la presencia del viceministro de Hacienda  Rodolfo Acuña, y al que asistieron gerentes y líderes de las empresas públicas, representantes del Ejecutivo y otros actores relevantes, para debatir sobre las vías para robustecer la estructura financiera de las empresas estatales y potenciar su rol en el país.

El Presidente Ejecutivo de COFIDE, Jorge Velarde, destacó durante su intervención el reciente proceso de modernización de la institución y su claro mandato enfocado en el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura y sectores productivos. «El rol del banco de desarrollo es estar ahí donde hace falta cerrar brechas, movilizando capital y contribuyendo a que se concreten las obras. En ese contexto, las empresas públicas deben ser lo más eficientes posible para que cumplan su misión», señaló Velarde, proponiendo además el diseño de una «hoja de ruta para la eficiencia en las empresas públicas» en articulación con FONAFE y CAF.

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