Más de la mitad de las normas tributarias de los últimos 15 años se concentraron en este periodo, ampliando incentivos a sectores como textil, agrario, inmobiliario y servicios.
El Congreso de la República aprobó al menos 25 leyes que otorgan beneficios tributarios a empresas entre 2021 y 2025, consolidando este periodo como el de mayor producción legislativa en materia fiscal de los últimos 15 años. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas medidas representan un costo fiscal anual de S/26.954 millones.
De acuerdo con el informe “Democracia y Tributación Justa: la agenda pendiente hacia la adhesión del Perú a la OCDE”, elaborado por el Grupo de Justicia Fiscal Perú, más de la mitad de las normas tributarias aprobadas en los últimos 15 años se concentraron en este periodo parlamentario, con un giro hacia la creación de nuevos incentivos fiscales.
Expansión de beneficios y sectores favorecidos
El actual Parlamento amplió el universo de sectores beneficiados, incorporando rubros como restaurantes, hoteles, proyectos inmobiliarios en el Centro Histórico de Lima, además de reforzar incentivos para industrias como la textil y el sector agrario.
Estas medidas incluyen exoneraciones, deducciones y tasas reducidas, muchas de ellas justificadas en la reactivación económica tras la pandemia, aunque su vigencia se extendió más allá de ese contexto.
Entre las normas de mayor impacto destaca la Ley 31969, que otorga beneficios a la industria textil y de confecciones, con un costo estimado cercano a S/3.000 millones anuales. Le sigue la Ley 32434 para el sector agrario (S/1.580 millones), así como incentivos para proyectos inmobiliarios en el Centro Histórico de Lima (S/210 millones) y para la producción audiovisual (S/100 millones).
Presión fiscal y cambio en el rol del Congreso
El informe advierte que este aumento de beneficios tributarios implica una reducción significativa de ingresos para el Estado en un contexto de elevado gasto fiscal. Asimismo, marca un cambio en el rol del Congreso, que pasó de prorrogar incentivos existentes a crear nuevos beneficios con alto impacto en las finanzas públicas.
Este patrón, según los autores, ha contribuido al crecimiento del gasto tributario desde 2022, limitando la capacidad del Estado para financiar políticas públicas prioritarias.
Riesgos para el sistema tributario
Especialistas advierten que la proliferación de incentivos sectoriales puede erosionar el sistema tributario al generar tratamientos diferenciados y aumentar su complejidad.
En esa línea, Catherine Eyzaguirre, investigadora del Grupo de Justicia Fiscal Perú, señaló que este proceso consolida un esquema “fragmentado, costoso y orientado a intereses particulares”, sin mejoras sustanciales en la recaudación ni en la progresividad del sistema.
