Cerca de 60 mil contribuyentes deberán declarar su beneficiario final durante 2026 y revisar su estructura societaria para evitar sanciones.
La obligación de informar quién es el beneficiario final de una empresa continúa ampliándose en el Perú. De acuerdo con la SUNAT, cerca de 60 mil contribuyentes deberán presentar esta información durante 2026, como parte de un proceso progresivo establecido según los ingresos netos obtenidos en el ejercicio 2024. La medida busca fortalecer la transparencia sobre quiénes ejercen finalmente la propiedad o el control de las empresas y facilitar las labores de fiscalización tributaria.
“Más allá de cumplir con una declaración ante la SUNAT, identificar al beneficiario final implica que las empresas tengan claridad sobre su estructura de propiedad y control. Esto cobra especial relevancia cuando existen participaciones indirectas, cadenas de titularidad o cambios en la composición societaria, porque cualquier inconsistencia entre la información declarada y la realidad de la empresa puede generar contingencias”, señala Vicente Cruz, CEO de Sheriff, quien además nos detalla los principales aspectos que las empresas deberían revisar.
- Identificar correctamente al beneficiario final: la obligación no se limita necesariamente al accionista directo, sino que busca determinar a la persona natural que finalmente posee o ejerce el control de la empresa, incluso cuando existen estructuras indirectas.
- Revisar la estructura societaria: es importante verificar las participaciones, porcentajes de propiedad y posibles cadenas de titularidad para determinar quién califica como beneficiario final.
- Mantener la información actualizada: cualquier modificación en la estructura de propiedad o control debe ser identificada oportunamente y comunicada a la administración tributaria dentro de los plazos correspondientes.
Además de identificar a la persona que cumple con la condición de beneficiario final, las empresas deben contar con documentación que permita sustentar la información declarada. La SUNAT establece obligaciones de conservación de esta documentación y contempla mecanismos específicos para la presentación y actualización de la información. Por ello, revisar contratos, registros societarios, participaciones y demás documentos vinculados con la estructura de propiedad puede ayudar a detectar inconsistencias antes de que se conviertan en una contingencia.
“El cumplimiento de esta obligación plantea también una oportunidad para que las empresas fortalezcan sus procesos internos de transparencia y gobierno corporativo. Tener claridad sobre quién está detrás de una organización y contar con información verificable permite no solo atender los requerimientos de la administración tributaria, sino también mantener una estructura empresarial preparada frente a nuevas exigencias de fiscalización”, concluyó Cruz.
