Producción de cobre en el sur se triplicó en las últimas dos décadas. Este dinamismo fue acompañado de una importante reducción de la pobreza, que se redujo en cerca de 2 millones de personas desde el 2004.
La minería cumple un papel determinante como motor de desarrollo en el sur. El potencial minero de esta macrorregión impulsó la expansión de su economía, que se multiplicó por diez en los últimos 70 años, con Moquegua (4.5%) y Arequipa (3.8%) creciendo por encima del promedio anual de esta macrorregión (3.4%). Asimismo, en las últimas dos décadas, su producción de cobre se triplicó y concentró alrededor del 64% del total nacional. Además, en los últimos 20 años el sur recibió S/68 mil millones por canon y regalías mineras, 52% del total nacional. Este dinamismo fue acompañado de una importante reducción de la pobreza, que se redujo en cerca de 2 millones de personas desde el 2004.
En ese contexto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “El aporte de Southern Perú Copper Corporation en el desarrollo social y económico de Moquegua y Tacna”, encargado por esa compañía. Lo hizo en un webinar que contó con la participación de Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Carlos Gallardo, gerente general del IPE; y la moderación de Stephani Maita, economista senior del IPE.
Motor económico del sur
SPCC opera en el Perú desde 1960, cuando inició operaciones en Toquepala en Tacna, y amplió su presencia en 1976 con la puesta en marcha de Cuajone en Moquegua. Su presencia transformó la estructura productiva de ambas regiones: la minería pasó de representar menos de 1% del Valor Agregado (VAB) de Moquegua antes de 1976 a 24% en 2019. Luego, en 2024, tras el inicio de operaciones de Quellaveco la participación alcanzó el 42.8%. En Tacna, la Ampliación de Toquepala impulsó en 2019 la participación minera hasta 35.3% del VAB regional. Así, el VAB por habitante de Moquegua (S/ 111.5 mil) es 3.8 veces el promedio nacional, y el de Tacna (S/ 38 mil) es 29% superior al promedio del país.
Los impactos de la actividad minera van más allá del aspecto productivo. En esa línea, Milton Von Hesse señaló que hay una serie de condiciones que han impulsado avances importantes en el bienestar de la población, gracias al dinamismo que genera la minería formal en la competitividad, empleo y generación de rentas. Sin embargo, resalta que el Estado —principalmente los municipios y gobiernos regionales— no logra transformar por completo esos recursos en bienestar para la población, lo que refleja un problema institucional de fondo.
Empleo y aporte fiscal
En 2024, SPCC empleó a 4,818 trabajadores directos y 5,651 contratistas, más de 10,000 personas vinculadas a sus operaciones. Considerando el efecto multiplicador estimado por el IPE —5.9 empleos adicionales por cada puesto directo en Moquegua y 6.6 en Tacna—, la empresa habría generado alrededor de 15,300 empleos adicionales en Moquegua y 14,800 en Tacna. Además, entre 2004 y 2024, SPCC transfirió al Estado peruano S/ 49,440 millones en términos reales, equivalentes al 57.4% del presupuesto agregado de los gobiernos subnacionales de ambas regiones en el mismo periodo. De mantenerse la dinámica de los últimos cinco años, el IPE proyecta que SPCC transferiría al Estado S/ 18 mil millones adicionales en los próximos diez años, siete veces el presupuesto subnacional anual para inversiones que manejan ambas regiones.
El costo de no ejecutar y de los conflictos
El estudio también cuantifica lo que el país deja de ganar por los retrasos en los tres proyectos que SPCC mantiene en cartera —Tía María (Arequipa, inicio previsto: 2011), Los Chancas (Apurimac, 2013) y Michiquillay (Cajamarca, 2016) —, con una inversión conjunta de US$ 6,900 millones. Solo entre 2009 y 2024, las demoras atribuibles a causas ajenas a la empresa le costaron al país S/ 222,843 millones en valor agregado, S/ 50,782 millones en recaudación fiscal y más de 50 mil empleos directos e indirectos en el periodo 2008-2024. A ello se suma la paralización de Cuajone entre febrero y abril de 2022 a causa de la conflictividad social, que generó una pérdida de US$ 239 millones en la economía de Moquegua, que habría elevado el crecimiento de su PBI ese año de 12.4% a 19.5%.
Recomendaciones
Frente a estos resultados, el IPE planteó recomendaciones en dos niveles. En el ámbito público, propone fortalecer la previsibilidad regulatoria para la inversión minera; prevenir la conflictividad social, y combatir la minería ilegal. Para SPCC y otras empresas del sector, el IPE recomienda impulsar los encadenamientos productivos locales, priorizar obras de agua y saneamiento, y fortalecer la inversión educativa en las zonas de influencia.
Gallardo resaltó que los gobiernos subnacionales tienen un rol clave para el cierre de brechas en territorios mineros. En el contexto de las próximas elecciones regionales, señaló que es clave entender el círculo de encadenamientos que genera la minería formal, como lo muestra el caso de Apurímac, que mejoró en varios indicadores de desarrollo a partir del inicio de las operaciones mineras.
