El actual escenario internacional, marcado por tensiones geopolíticas y un mayor uso de la política comercial como herramienta estratégica, plantea nuevos desafíos para el Perú como economía pequeña y abierta. Frente a este contexto, Mercedes Aráoz, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), plantea la necesidad de actualizar la estrategia de apertura comercial del país y reforzar su competitividad de largo plazo.
Las propuestas forman parte del estudio Acciones para contrarrestar la crisis de la globalización y las guerras comerciales en el Perú, elaborado en el marco de la iniciativa Agenda 2026: políticas públicas para retomar el desarrollo. El análisis señala que el entorno internacional actual difiere sustancialmente del que permitió consolidar la apertura comercial peruana desde la década de 1990.
De acuerdo con la investigación, las principales economías están priorizando objetivos no económicos —como la seguridad nacional, la resiliencia de las cadenas de suministro, la sostenibilidad ambiental y la protección de derechos laborales— que, si bien son legítimos, generan distorsiones deliberadas en el comercio internacional y aumentan la incertidumbre para países como el Perú.
“Si bien el modelo de apertura comercial permitió elevar la productividad, atraer inversión extranjera y reducir la pobreza, el entorno global actual exige ajustes para sostener la inserción internacional del país”, señala Aráoz.
El estudio identifica riesgos asociados al nuevo proteccionismo global, como la imposición de estándares ambientales y laborales más exigentes —algunas veces innecesarias y excluyentes— los efectos indirectos de disputas comerciales entre grandes potencias y el posible desplazamiento del Perú en cadenas de suministro estratégicas. Estos factores impactan en el comercio, el sistema financiero, la estabilidad monetaria y el acceso al financiamiento externo, afectando decisiones de inversión y crecimiento.
“Para una economía pequeña y abierta como la peruana, preservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la competitividad no es una opción, sino una condición para enfrentar shocks externos y mantener el crecimiento en un entorno global cada vez más incierto”, añade la investigadora del CIUP.
Frente a este panorama, Aráoz propone una agenda de política pública basada en cinco ejes: preservar la estabilidad macroeconómica y la confianza de los inversionistas; mejorar la competitividad sistémica mediante infraestructura, conectividad digital y reformas en los mercados de factores; fortalecer la estrategia comercial y las capacidades de defensa frente a shocks externos; promover el desarrollo sectorial con una visión de largo plazo; y consolidar una gobernanza público-privada orientada a consensos en torno a una agenda nacional de desarrollo exportador.
La investigadora subraya que estas medidas son clave para asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo en los próximos años. Si bien algunas implican costos fiscales en el corto plazo, el análisis concluye que sus beneficios en términos de empleo, diversificación productiva y resiliencia económica superan dichos costos en el mediano y largo plazo.
