- El gremio informa que el sector construcción cayó 5.2% en cuatrimestre octubre 2021-enero 2022
- Se prevé una disminución de la inversión privada y un estancamiento de la inversión pública en 2022.
- Caso Petroperú afecta captación de fondos del mercado internacional para otras entidades públicas, como el Fondo Mivivienda.
- Invasión a Ucrania agravaría el aumento de precios de insumos de construcción.
- CAPECO y FTCCP proponen un pacto con diez iniciativas de política para asegurar la sostenibilidad de la construcción.
El reciente Informe Económico de la Construcción – IEC #51 de la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, revela que en último mes se ha incrementado sensiblemente el riesgo de una contracción para la actividad constructora, debido al rápido agravamiento tanto de los problemas internos por los que atraviesa el país como de los factores externos que afectan ya no solo el comercio y la producción, sino la paz mundial; por lo que se complicaría remontar la caída de la producción sectorial que ha llegado a 5.2% en el cuatrimestre de octubre 2021 a enero 2022.
Para el presente año, CAPECO prevé una disminución de la inversión privada, a la que se suma la reciente corrección a la baja efectuada por el Banco Central de Reserva del Perú sobre el desempeño de la inversión pública, de 4.5% a 4.0%, lo que confirmará la contracción de del producto bruto de la construcción para este año que anticipó el gremio en el IEC de febrero.
En los últimos treinta días, varios de los problemas estructurales y coyunturales que explicaban estas perspectivas pesimistas se han agravado de tal manera y a tal velocidad, que ahora ya no se requiere poner en práctica medidas para evitar que afecten significativamente a la actividad de la construcción – y a la economía en general – sino más bien adoptar medidas para limitar los daños frente a hechos consumados o inminentes.
Para el gremio constructor, uno de los problemas es la tolerancia a la informalidad, que la tragedia ocurrida por el deslizamiento de un cerro en la localidad de Retamas, en Pataz (La Libertad) ha dejado en evidencia, por el riesgo que implican la ocupación espontánea del suelo y de la construcción informal de viviendas. “El Congreso de la República debe dejar de lado las iniciativas legislativas que buscan ‘agilizar’ estos procesos de regularización de dicha ocupación y más bien, debe abocarse a discutir una Ley de Financiamiento Habitacional y Urbano que incremente la oferta de vivienda social y el desarrollo de intervenciones integrales de mejoramiento urbano en zonas vulnerables”, sostiene Guido Valdivia, Director Ejecutivo de CAPECO, quien además precisa que, entre otras cosas, esta ley evitaría que los programas de vivienda social se quedan sin recursos suficientes como ocurre en estos momentos.
De otro lado, CAPECO reitera que el descubrimiento de nuevos casos de corrupción en la contratación de obras públicas se explica en gran medida por la obsolescencia, ineficiencia y permeabilidad hacia la corrupción del modelo de gestión de las infraestructuras y equipamientos públicos. Ante esto, el gremio ha propuesto una solución de mediano plazo con la dación de una nueva ley de contrataciones del Estado y otra de corto plazo con la modificación del actual reglamento.
Además, se propone una alternativa para resolver problemas vinculados a licitaciones específicas, a partir de un Compromiso Específico por la Integridad como el que suscribieron SEDAPAL y CAPECO, y que ha permitido modificar requisitos que no favorecen la competencia o pueden orientar la selección hacia determinados postores. La Cámara propone extender este modelo de colaboración a los grandes ejecutores del Estado y también a la Contraloría General de la República.
Un reciente tercer problema, es la de imponer límites innecesarios a la tercerización laboral. CAPECO, afirma que esta desalienta el empleo formal en un sector donde ocho de cada diez trabajadores se encuentran actualmente en la informalidad. Afirma que en la actividad constructora los contratos son por obra, por el tiempo que dure una partida o incluso por tarea; por lo que si se limita la tercerización se generaría mayor desempleo para los trabajadores de la construcción.
“El Gobierno debe impulsar acciones para reducir la proliferación de la autoconstrucción y la SUNAFIL debe investigar y sancionar a aquellas empresas que no cumplen con las obligaciones laborales, que compiten deslealmente con empresas serias y perjudican a la sociedad al producir bienes y servicios inseguros, de menor calidad” añade el Director Ejecutivo.
CAPECO también alerta sobre los problemas que se derivan de las graves deficiencias en la gestión pública, como las que han puesto en grave riesgo la estabilidad económica-financiera de Petroperú, que perjudica a otras entidades públicas como el Fondo Mivivienda, que obtiene una parte sustantiva de sus fondos para el financiamiento de créditos hipotecarios del mercado internacional.
También deja constancia de que la proliferación de conflictos sociales -como el que afecta actualmente a Cuajone- constituyen barreras a la inversión minera, alerta sobre las consecuencias de un posible recrudecimiento del COVID -19 y del entorno internacional, en particular las que se derivan de la guerra en Ucrania, que ocurre justo en el momento en que nuestro país ha visto deteriorarse su calificación de riesgo por el agravamiento de la crisis política (más detalles en Anexo 1)
Finalmente, el gremio considera imprescindible lograr un amplio consenso entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, con participación de la sociedad civil, para encontrar salidas al entrampamiento político y emprender reformas indispensables para que la acción del Estado sea eficiente y transparente. El Acuerdo Nacional es el espacio más adecuado para implementar estos cambios. En esta línea, CAPECO y la FTCCP han suscrito un Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, que propone una agenda de diez puntos para la modernización del sector construcción (más detalles en Anexo 2).
