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Indra Group renueva certificación ISO 31000 y extiende su gestión de riesgos a inteligencia artificial y ciberseguridad

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Este año la certificación cubre por primera vez aspectos relacionados con la gestión de datos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Entre los principales avances destacan una mejora más ordenada en la forma de gestionar los riesgos, la incorporación de este enfoque en la estrategia de la compañía, la implantación del nuevo modelo de trabajo en las áreas de Defensa y Espacio y la gestión del riesgo asumible por la organización.

Indra Group ha renovado por séptimo año consecutivo la certificación ISO 31000, concedida por AENOR, que reconoce su compromiso con la cultura de gestión de riesgos y garantiza el cumplimiento de las mejores prácticas de gobierno corporativo. La certificación ISO 31000 confirma que el Sistema de Control y Gestión de Riesgos de Indra Group cumple con los principios, procesos y mejores prácticas en esta materia, integrando la gestión del riesgo de forma efectiva en las actividades del grupo.

Esta certificación abarca las gestion de riesgos financieros y de sostenibilidad (ESG) en las actividades de consultoría, servicios y sistemas para seguridad, defensa, transporte, energia, industria & consumo, telecomunicaciones & media, servicios financieros y clientes del sector público. Además, la certificación fue ampliada en 2025 al negocio de Espacio y este año, como novedad, se extiende a las soluciones de gestión de datos e inteligencia artificial, así como a las soluciones y servicios de ciberseguridad.

Este nuevo alcance es de especial relevancia, entre otras, para nuestra actividad de Indramind, asegurando que sus capacidades de inteligencia artificial soberana se desarrollan bajo un marco sólido y reconocido de gestión del riesgo, un aspecto esencial para afrontar los desafíos de la guerra híbrida y reforzar la protección de los ciudadanos.

Esta ampliación refleja, asimismo, la evolución continua del sistema de gestion de riesgos para cubrir la diversificación de las operaciones del grupo, asegurando una gestión integral de riesgos en todas sus áreas de negocio.

El equipo auditor destaca la mejora continua de la metodología del marco de apetito al riesgo del grupo, que define el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar para alcanzar sus objetivos estratégicos,  atendiendo al crecimiento del grupo. Esto actúa como una guía estructurada a la hora de tomar decisiones y gestionar riesgos a nivel corporativo.

Además, entre los puntos fuertes destacados de la renovación de este año se incluyen la evolución del modelo operativo de la gestion de riesgos en áreas como Defensa, la comparación con las mejores prácticas del sector aeroespacial, la consideración sistemática de los riesgos estratégicos y emergentes, especialmente los relacionados con el contexto geopolítico, y la cuantificación del riesgo de ciberseguridad.

Todo ello permite a Indra Group anticipar y gestionar eficazmente los riesgos del negocio.

El objetivo final de Indra para llevar a cabo una gestión madura de los riesgos es identificarlos y valorarlos adecuadamente para poder implantar con suficiente antelación las medidas que mitiguen la probabilidad de que se produzcan y/o los potenciales impactos sobre los objetivos del negocio.

Empresas ajustan estrategias financieras ante incertidumbre electoral y riesgo político

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Ante el incierto desenlace del proceso electoral —marcado por la presencia de candidatos con propuestas económicas claramente antagónicas— las empresas han comenzado a tomar decisiones financieras para protegerse frente a un eventual escenario de inestabilidad. En las últimas semanas, diversos indicadores reflejan un incremento en la cautela del sector privado.

Entre las principales acciones registradas destaca una mayor dolarización de portafolios, tanto por parte de empresas como de inversionistas institucionales, buscando reducir su exposición a la volatilidad cambiaria. Asimismo, se ha evidenciado una postergación de decisiones de inversión, especialmente en proyectos de mediano y largo plazo, a la espera de mayor claridad política.

Otro fenómeno relevante es el aumento en la demanda de instrumentos financieros más seguros y líquidos, como depósitos a corto plazo y activos de menor riesgo, lo que refleja una estrategia defensiva ante posibles cambios en las reglas económicas. En paralelo, algunas compañías han optado por reprogramar o ralentizar planes de expansión, priorizando la preservación de capital.

En el mercado cambiario, analistas advierten una mayor presión sobre el tipo de cambio, impulsada por la salida de capitales y la cobertura de riesgos, lo que ha llevado a episodios de volatilidad en las últimas semanas. Este comportamiento recuerda escenarios previos de incertidumbre política, donde la expectativa de cambios en el modelo económico generó reacciones similares.

Especialistas coinciden en que, mientras no se definan con claridad las propuestas económicas que prevalecerán tras el proceso electoral, el sector empresarial mantendrá una postura prudente. La estabilidad política y señales claras a favor de la inversión serán determinantes para revertir esta tendencia y reactivar la confianza en los próximos meses.

Nuevos proyectos mineros en Perú demoran hasta 14 años en ejecutarse

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Mario Saavedra, gerente general de Multotec en Perú y Chile, advierte que la permisología, la ejecución y la incertidumbre regulatoria se han convertido en los principales cuellos de botella para acelerar nuevas inversiones de cobre en el país.

El crecimiento de la demanda global de cobre viene generando nuevas oportunidades para la minería peruana. Sin embargo, la industria enfrenta cada vez más dificultades para ejecutar proyectos dentro de plazos competitivos, en un contexto marcado por mayores exigencias regulatorias, caída de leyes minerales y creciente complejidad operacional.

Durante un panel realizado en Expocobre 2026, representantes de compañías mineras y especialistas en gestión de proyectos coincidieron en que el principal reto de la industria ya no es únicamente descubrir recursos, sino lograr ejecutar proyectos de manera eficiente y oportuna.

“Hoy tenemos recursos, demanda y cartera de proyectos, pero el principal desafío sigue siendo la capacidad de ejecución. Un proyecto minero puede tardar fácilmente entre 10 y 14 años en desarrollarse, considerando permisos, prospección, ingeniería y construcción. Ese plazo ya no conversa con la velocidad que exige la transición energética”, señaló Mario Saavedra.

Más demanda, pero mayores desafíos

El ejecutivo explicó que el cobre se ha convertido en uno de los minerales más estratégicos para la transición energética debido al avance de la electrificación, las energías renovables y el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, advirtió que la demanda global viene creciendo más rápido que la capacidad de la industria para desarrollar nuevos proyectos.

Actualmente, Perú cuenta con 36 proyectos de inversión minera en cobre valorizados en aproximadamente US$45.500 millones, concentrados principalmente en Cajamarca, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Cusco, Piura y Áncash.

Saavedra indicó además que la presión sobre la industria minera se ha intensificado debido a la disminución de las leyes minerales y a la necesidad de mover mayores volúmenes de material para mantener niveles competitivos de producción.

“Hoy estamos operando con leyes cada vez más bajas. En Chile se trabaja en torno al 0,6%, mientras que en Perú el promedio bordea entre 0,7% y 0,9%. Eso significa mover mucho más material, invertir más y ser mucho más eficientes operacionalmente”, explicó.

Permisos, ejecución y regulación

Según indicó Saavedra, si la industria busca incrementar la producción mundial de cobre desde niveles cercanos a 23 o 24 millones de toneladas hasta alrededor de 30 millones hacia 2030, será indispensable acelerar la toma de decisiones, optimizar la gestión de proyectos y reducir tiempos de ejecución.

“Capital, permisología y ejecución son hoy los tres grandes cuellos de botella para la minería. La industria necesita mayor predictibilidad para que las inversiones puedan avanzar con mayor velocidad”, agregó.

Asimismo, durante el panel se destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre empresas, Estado y comunidades para destrabar inversiones y acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos para el país. Los participantes también analizaron los desafíos asociados a la ejecución de proyectos greenfield, brownfield y operaciones de sostenimiento, así como la importancia de mejorar la gestión, gobernanza y eficiencia en el desarrollo de iniciativas mineras de gran escala en el Perú.

 

MEF modifica normas aduaneras para reducir costos y agilizar comercio exterior

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Nuevas medidas buscan simplificar trámites, optimizar procesos y fortalecer la competitividad del sector.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó modificaciones al marco normativo aduanero con el objetivo de agilizar los procesos vinculados al ingreso, tránsito y salida de mercancías, reducir costos operativos y simplificar trámites para los operadores de comercio exterior.

Las medidas fueron oficializadas mediante el Decreto Supremo N.° 076-2026-EF, que modifica el Reglamento y la Tabla de Sanciones de la Ley General de Aduanas.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, los cambios buscan hacer más eficientes y predecibles los procesos aduaneros sin afectar los mecanismos de control.

“Estas mejoras permiten avanzar hacia procesos aduaneros más ágiles y predecibles, con menores costos y tiempos para los operadores, lo que contribuye a fortalecer la competitividad del comercio exterior”, señaló.

Cambios en tránsito, reimportación y control físico

Entre las principales modificaciones destaca la posibilidad de que el transportista sustituya el comiso por una multa en casos de mercancías no manifestadas o diferencias detectadas durante operaciones de tránsito o transbordo con destino a terceros países.

Asimismo, se elimina la obligatoriedad del reconocimiento físico para todas las operaciones de:

  • reimportación en el mismo estado,
  • admisión temporal para reexportación en el mismo estado,
  • y exportación temporal para reimportación en el mismo estado.

Ahora, estas inspecciones físicas solo se aplicarán en casos definidos mediante técnicas de gestión de riesgos.

Otra de las medidas establece que el transportista deberá tramitar los documentos de carga en tránsito únicamente ante la intendencia de aduana del primer puerto nacional de arribo.

Reducción y flexibilización de sanciones

En el ámbito sancionador, el MEF incorporó nuevos supuestos no sancionables, como la rectificación de declaraciones aduaneras vinculadas a seguros, fletes y gastos conexos determinados por la Administración Aduanera.

También se reducen multas relacionadas con:

  • incorporación extemporánea de documentos de transporte marítimo,
  • incumplimiento del despacho anticipado,
  • y errores de declaración cuando no existan tributos pendientes de pago.

Además, se ajustan las sanciones por incorrecta declaración cuando existan tributos o recargos omitidos, alineándolas con criterios aplicados en el ámbito tributario.

Buscan fortalecer competitividad logística

Con estas medidas, el MEF busca mejorar la eficiencia logística y reducir sobrecostos en el comercio exterior, en un contexto donde la competitividad portuaria y aduanera se vuelve clave para atraer inversiones y dinamizar exportaciones e importaciones.

IIMP advierte que reducción de concesiones mineras favorecería a la minería ilegal

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Gustavo De Vinatea cuestionó proyecto del Congreso que plantea reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones.

El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, cuestionó el proyecto aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que propone reducir de 30 a 15 años el plazo de las concesiones mineras y eliminar su carácter irrevocable.

Durante una entrevista en RPP Noticias, el ejecutivo sostuvo que la iniciativa carece de sustento técnico y podría terminar beneficiando a la minería ilegal en perjuicio de la inversión formal.

“El que gana con estos cambios es aquel que no tiene intención de invertir, el ilegal, que no paga tributos ni regalías y explota recursos sin cuidar el medio ambiente”, afirmó.

Proyectos mineros requieren estabilidad jurídica

De Vinatea explicó que la minería formal necesita estabilidad jurídica debido a que los proyectos demandan largos periodos de exploración, obtención de permisos y construcción antes de iniciar operaciones.

Indicó además que la tendencia mundial muestra que los proyectos mineros toman cada vez más tiempo por el incremento de estándares ambientales, sociales y de seguridad.

Según detalló, el promedio global para desarrollar una mina desde la exploración hasta la operación alcanza actualmente los 28 años, mientras que en el Perú el proceso puede extenderse hasta 40 años.

“Los yacimientos de clase mundial ya no están a simple vista. Hoy se encuentran a mayor profundidad y con mayor dispersión, por lo que toma más tiempo encontrarlos”, señaló.

Riesgo de fuga de inversiones hacia otros países

El representante del IIMP consideró contradictorio reducir los plazos de concesión en un contexto donde el desarrollo de proyectos es cada vez más complejo y costoso.

Asimismo, alertó que la medida podría acelerar la salida de inversiones hacia países competidores como Argentina, Chile y Ecuador, que actualmente buscan captar capitales para nuevos proyectos mineros.

“Argentina está captando una gran cantidad de capitales y proyectos que antes venían al Perú hoy quedan en stand-by”, comentó.

“La minería ilegal no se combate debilitando a la formal”

De Vinatea sostuvo que la mejor estrategia para enfrentar el avance de la minería ilegal es fortalecer la minería formal en todos sus niveles, incluyendo gran minería, pequeña minería y minería artesanal formalizada.

“Ninguna empresa formal, sea grande, mediana o pequeña, va a querer invertir si no tiene seguridad jurídica”, remarcó.

El ejecutivo añadió que los principales afectados por la minería ilegal son precisamente los pequeños productores formales. Según cifras citadas por el IIMP, el 70% de las concesiones invadidas por minería ilegal pertenecen a pequeños mineros y mineros artesanales.

“Estas medidas no favorecen a la pequeña minería, favorecen a la minería ilegal”, afirmó.

También advirtió sobre el impacto ambiental y sanitario generado por la minería ilegal en la Amazonía peruana, particularmente por la contaminación con mercurio en regiones como Loreto y Madre de Dios.

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