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SUNAT activa figura del SCCO y pone en riesgo S/ 3,200 millones en créditos fiscales de contribuyentes

La aplicación de la categoría de Sujeto Sin Capacidad Operativa permite desconocer gastos y crédito fiscal incluso de operaciones realizadas antes de la publicación de la resolución, lo que abre un debate legal por su carácter retroactivo.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ha comenzado a aplicar con mayor intensidad la figura del Sujeto Sin Capacidad Operativa, conocida como SCCO, una categoría creada por el Decreto Legislativo 1532 que permite desconocer gastos y créditos fiscales asociados a facturas emitidas por determinados proveedores.

Desde septiembre de 2025, la entidad ha publicado 75 resoluciones que designan a contribuyentes como SCCO, elevando el total a 78 casos. Según la propia SUNAT, estas designaciones permitirían desconocer comprobantes de pago por un monto cercano a S/ 3,200 millones.

La medida ha encendido alertas entre especialistas tributarios debido a que sus efectos pueden alcanzar operaciones realizadas antes de la publicación de las resoluciones.

Qué significa ser Sujeto Sin Capacidad Operativa

Desde 2023, la SUNAT puede declarar a un contribuyente como Sujeto Sin Capacidad Operativa mediante una resolución publicada oficialmente. Esta categoría se asigna cuando la administración tributaria considera que el proveedor no cuenta con recursos económicos, personal, infraestructura o activos suficientes para sustentar las operaciones que ha facturado.

La calificación se realiza luego de un procedimiento administrativo en el que la autoridad evalúa si la capacidad operativa del contribuyente resulta coherente con el volumen o naturaleza de sus operaciones.

Efectos posteriores a la publicación

Una vez publicada la condición de SCCO, el contribuyente designado no podrá emitir comprobantes de pago que otorguen derecho a deducción de gasto ni crédito fiscal para sus clientes.

Esta restricción se mantiene por el plazo que establezca el reglamento, el cual no puede superar los cinco años.

Efectos sobre operaciones anteriores

El aspecto más controversial de la norma se encuentra en sus efectos sobre operaciones realizadas antes de la publicación de la resolución.

Los contribuyentes que hayan recibido facturas de un proveedor posteriormente calificado como SCCO pierden el derecho a utilizar esos comprobantes para sustentar crédito fiscal o deducir gastos en el Impuesto a la Renta.

La única excepción es que el contribuyente solicite a la SUNAT, dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la resolución, la revisión de los comprobantes de pago y la documentación relacionada con las operaciones realizadas con ese proveedor.

Si no se presenta esta solicitud dentro del plazo establecido, el derecho al crédito fiscal y al gasto se pierde automáticamente, incluso si la operación fue real, se contó con comprobante válido y el pago se realizó cumpliendo con las reglas de bancarización.

Plazos que ya estarían venciendo

De acuerdo con las fechas de publicación de las resoluciones emitidas por la SUNAT, en varios casos el plazo de 30 días hábiles ya habría vencido o estaría por vencer.

Esto abre la puerta para que la administración tributaria desconozca legalmente los comprobantes asociados a los proveedores designados como SCCO, lo que podría impactar en miles de contribuyentes que realizaron operaciones con ellos en años anteriores.

Debate por el carácter retroactivo

Especialistas en derecho tributario advierten que la norma podría tener un efecto retroactivo, ya que afecta operaciones realizadas antes de la emisión de la resolución que declara al proveedor como SCCO.

Este aspecto ha generado cuestionamientos constitucionales, aunque cualquier pronunciamiento definitivo dependerá de futuras decisiones del Tribunal Constitucional.

Si bien la regulación busca combatir el uso de empresas sin actividad real para generar facturación indebida, algunos analistas consideran que la medida termina afectando a contribuyentes formales que realizaron operaciones legítimas.

Impacto en el clima de inversión

El debate se da además en un contexto en el que el sistema tributario peruano ha incorporado diversas restricciones vinculadas a formalidades, como los casos de contribuyentes no habidos o con RUC de baja.

Para algunos especialistas, la aplicación de la figura del SCCO con efectos retroactivos podría aumentar la incertidumbre jurídica para las empresas, especialmente en lo relacionado con la deducción de gastos y el uso del crédito fiscal.

Por ello, recomiendan que las empresas revisen las resoluciones publicadas por la SUNAT y verifiquen si alguno de sus proveedores ha sido designado como Sujeto Sin Capacidad Operativa en los últimos años.

Industria chilena de cerezas enfrenta crisis por sobreoferta y debate erradicación de hasta 30.000 hectáreas

El crecimiento acelerado de la superficie cultivada y el exceso de oferta presionan los precios internacionales y obligan al sector a discutir un ajuste estructural para recuperar rentabilidad.

La temporada 2025-2026 de exportaciones de cerezas de Chile terminó con volúmenes altos pero con un deterioro marcado en los retornos económicos. Con más de 550.000 toneladas exportadas y una superficie cultivada que supera las 77.700 hectáreas, la industria enfrenta un desbalance estructural entre oferta y demanda que amenaza la sostenibilidad del negocio.

Por segundo año consecutivo, la actividad registra resultados negativos. La campaña 2025/26 cerró con alrededor de 113 millones de cajas exportadas, frente a las 125 millones del ciclo anterior. Aunque el volumen cayó, los precios continuaron deprimidos, lo que evidencia que el mercado internacional no logra absorber más de 100 millones de cajas sin afectar significativamente los valores.

El especialista del mercado de cerezas Juan Pablo Subercaseaux sostuvo que el punto de equilibrio se encuentra por debajo de ese nivel. Según explicó en una entrevista al medio especializado Smartcherry, mientras Chile exportaba cerca de 85 millones de cajas el negocio funcionaba de manera adecuada. Al superar los 100 millones, la presión sobre los precios se volvió evidente.

Expansión productiva y saturación del mercado

El origen del problema está en el rápido crecimiento de la superficie plantada. En apenas cinco años, Chile pasó de cerca de 49.000 hectáreas a más de 77.700, un incremento cercano al 60 %. Este ritmo implica la incorporación de más de 8.000 hectáreas adicionales por año, lo que a plena producción podría sumar cerca de 80.000 toneladas anuales al mercado internacional.

Ese aumento tiene además un efecto acumulativo. Actualmente cerca del 35 % de la superficie plantada —más de 25.000 hectáreas— aún no alcanza su plena producción. Incluso si se detuviera completamente la expansión, la oferta seguiría creciendo en el corto y mediano plazo.

Con la superficie actual, el potencial productivo máximo del país podría rondar las 930.000 toneladas, aproximadamente un 40 % más que lo exportado actualmente. Traducido a cajas, el volumen podría superar los 180 millones, un escenario que el mercado difícilmente absorbería sin una caída abrupta de precios.

Calidad en tensión y pérdida de valor

El exceso de fruta también ha impactado en la percepción del producto. Durante años, la cereza chilena en China —principal destino de las exportaciones— fue considerada un artículo premium asociado a celebraciones como el Año Nuevo Lunar. Sin embargo, la última temporada evidenció problemas de calidad en algunas partidas, con calibres irregulares, diferencias de color y menor firmeza.

La situación también afectó a la fruta temprana, tradicionalmente la más valorizada por llegar antes al mercado. Este año presentó problemas de calibre, color y firmeza, mientras que mayores volúmenes redujeron los precios desde el inicio de la temporada.

Aunque dentro del sector se discutieron protocolos de autorregulación —como estándares mínimos de calidad y coordinación de embarques—, estos no llegaron a implementarse antes del inicio de la campaña. En ausencia de acuerdos, cada empresa priorizó sus propios envíos, lo que incrementó la presión sobre el mercado.

El debate sobre la erradicación

Frente a este escenario, distintos analistas coinciden en que el nuevo equilibrio debería ubicarse entre 80 y 100 millones de cajas por temporada. Para producir ese volumen con estándares de calidad adecuados, Chile debería operar con alrededor de 50.000 hectáreas cultivadas.

Eso implica reducir entre 25.000 y 30.000 hectáreas respecto de la superficie actual. La medida supone decisiones empresariales complejas, con impactos en inversión, empleo y estructura productiva, pero muchos especialistas la consideran inevitable para recuperar la rentabilidad del sector.

Subercaseaux sostiene que el ajuste será gradual y podría extenderse durante varios años. Mientras tanto, el crecimiento proyectado para la próxima campaña podría llevar las exportaciones hasta los 140 millones de cajas, lo que profundizaría el desbalance si no se aplican medidas correctivas.

Un liderazgo en revisión

Chile se convirtió en menos de dos décadas en el líder mundial de exportación de cerezas gracias a su eficiencia productiva y a la fuerte demanda del mercado chino. Sin embargo, el actual escenario plantea la necesidad de redefinir la estrategia del sector.

El desafío pasa por reducir la superficie cultivada, fortalecer los estándares de calidad y mejorar la coordinación comercial para evitar un ajuste desordenado provocado por precios persistentemente bajos.

La temporada 2025-2026 dejó una señal clara para la industria: el crecimiento acelerado ya no garantiza rentabilidad. El futuro del sector dependerá de su capacidad para adaptarse a un nuevo equilibrio entre oferta, demanda y calidad.

Venezuela busca atraer inversión minera de grandes empresas de EE.UU. con reforma legal

El gobierno venezolano prepara cambios en la Ley de Minas para abrir el sector a capital extranjero y captar inversiones millonarias en recursos minerales estratégicos.

El gobierno de Venezuela anunció que presentará una reforma a la Ley de Minas con el objetivo de atraer inversión extranjera y abrir el sector a grandes empresas mineras internacionales, especialmente de Estados Unidos. La iniciativa fue anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras una reunión en Caracas con el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum.

Según Rodríguez, la reforma buscará ampliar el marco legal que regula la exploración y explotación de minerales estratégicos y no estratégicos, con el fin de crear un entorno más atractivo para el capital extranjero y promover un modelo de cooperación económica que genere beneficios tanto para el país como para los inversionistas.

La funcionaria señaló que la modificación de la normativa minera tomará como referencia los cambios recientes aplicados en la Ley de Hidrocarburos, aprobada por la Asamblea Nacional, que busca facilitar la participación del sector privado en la industria energética venezolana.

Interés de empresas estadounidenses

Durante el encuentro en el Palacio de Miraflores, Burgum destacó que Venezuela no solo cuenta con grandes reservas de petróleo y gas, sino también con importantes recursos minerales, lo que representa una oportunidad para fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

El funcionario estadounidense indicó que viajó acompañado por representantes de alrededor de dos docenas de compañías mineras estadounidenses interesadas en invertir en el país sudamericano. Estas empresas, según señaló, podrían representar inversiones por miles de millones de dólares y la generación de empleos altamente remunerados.

El gobierno de Estados Unidos también evalúa otorgar licencias que permitan a sus compañías operar en el sector minero venezolano, como parte de una estrategia más amplia para asegurar el acceso a minerales críticos utilizados en industrias tecnológicas y energéticas.

Potencial minero y retos estructurales

Venezuela posee importantes reservas de minerales como oro, diamantes, bauxita y coltán, recursos que podrían atraer inversiones internacionales si se consolida un marco regulatorio más flexible y estable.

No obstante, el desarrollo del sector enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura deteriorada, la falta de inversión durante años y los problemas de seguridad en algunas zonas mineras del país.

Con la reforma en discusión, el Ejecutivo venezolano busca reactivar la industria extractiva y posicionar nuevamente al país como un destino relevante para las inversiones internacionales en minería.

INACAL aprueba nueva norma técnica para impulsar la diversidad e inclusión y cerrar brechas de género en el ámbito laboral

El 19 de marzo presentará tres Normas Técnicas Peruanas que promueven la igualdad de género en las organizaciones. La inscripción es gratuita.

En el Perú, más del 50% de la población está conformada por mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, persisten brechas salariales, menor participación femenina en cargos directivos y desigualdades estructurales en el ámbito laboral que impactan en la competitividad y el desarrollo sostenible del país.

En este contexto, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), organismo adscrito al Ministerio de la Producción, aprobó la NTP-ISO 30415:2026. Gestión de recursos humanos. Diversidad e inclusión. 1ª Edición, una nueva Norma Técnica Peruana que fortalece los estándares nacionales para promover entornos laborales más equitativos, inclusivos y competitivos.

La NTP-ISO 30415:2026 brinda orientación a organizaciones públicas y privadas para integrar la diversidad e inclusión (D&I) de manera estratégica y transversal en su gestión. A diferencia de iniciativas aisladas, propone un enfoque sistémico basado en el ciclo de mejora continua (planificar- hacer- verificar- actuar), incorporando la igualdad de oportunidades en la gobernanza, la cultura organizacional y la toma de decisiones. Entre sus principales aportes destacan:

  • El establecimiento de prerrequisitos clave como liderazgo comprometido, rendición de cuentas y reconocimiento de la diversidad.
  • La integración del enfoque de D&I en el ciclo de vida de recursos humanos, la cadena de suministro y las relaciones con las partes interesadas.
  • La incorporación de indicadores para medir avances e impactos.
  • La promoción de entornos laborales libres de discriminación, acoso y barreras estructurales.

Este nuevo estándar reconoce que cerrar brechas no solo responde a un compromiso social, sino que fortalece la reputación, sostenibilidad y competitividad de las organizaciones.

Tres normas técnicas para cerrar brechas

La nueva norma se suma a otros dos instrumentos técnicos vigentes que consolidan el marco nacional en materia de igualdad de género:

  • NTP-ISO 53800:2024. Directrices para la promoción e implementación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 1ª Edición. Orienta a las organizaciones a desarrollar políticas, herramientas y buenas prácticas para transversalizar el enfoque de género en su gobernanza, relaciones laborales, inversiones y comunicaciones. Promueve la eliminación de estereotipos, la prevención de la violencia basada en género y el empoderamiento económico femenino.
  • NTP 722.001:2022. Igualdad de género. Sistemas de gestión de Igualdad de Género en el ámbito laboral. Requisitos. 1ª Edición. Establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Igualdad de Género, permitiendo planificar, ejecutar y evaluar acciones concretas que reduzcan brechas y mejoren la calidad del empleo.

En conjunto, estas tres Normas Técnicas Peruanas permiten a las organizaciones pasar del compromiso declarativo a la implementación estructurada de políticas con resultados medibles.

Jueves de Normalización: espacio gratuito de difusión

Con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas y promover la adopción de estos estándares, el Inacal realizará el evento “Normas Técnicas sobre Igualdad de Género: Cerrando Brechas”, en el marco de los Jueves de Normalización. La jornada se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026 a las 15:00 horas, en modalidad virtual, y la inscripción es gratuita.

Durante la jornada se presentarán los alcances y beneficios de las tres Normas Técnicas Peruanas, destacando su contribución al fortalecimiento institucional, la sostenibilidad organizacional y la competitividad con enfoque inclusivo. Está dirigido a funcionarios y servidores públicos, empresas privadas, profesionales de recursos humanos y sistemas de gestión, consultores, académicos y organizaciones interesadas en implementar estándares técnicos que promuevan la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Con esta iniciativa, el Inacal reafirma su compromiso de impulsar la calidad como herramienta estratégica para el desarrollo sostenible y la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.

SPGL propone medidas para garantizar abastecimiento de GLP

La SPGL ha sostenido reuniones con el Ministerio de Energía y Minas y con Osinergmin.

Ante la emergencia declarada en el sistema de transporte de gas natural tras la deflagración registrada en la estación de válvulas de Megantoni, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) expresó su disposición de colaborar activamente con las autoridades para asegurar el abastecimiento de GLP en el país y planteó una agenda de medidas para fortalecer la seguridad energética nacional.

El incidente obligó al Ministerio de Energía y Minas a declarar la emergencia del suministro de gas natural por un periodo de 14 días, priorizando el abastecimiento del mercado interno. La situación afecta igualmente la producción de los líquidos del gas natural, entre ellos el GLP, lo que viene generando restricciones operativas en la carga de cisternas en la planta de Pisco, frente a las cuales el productor ha activado medidas de contingencia para sostener los despachos del combustible.

En este contexto, y mientras se implementan las medidas adoptadas por las autoridades para asegurar la continuidad del abastecimiento, la SPGL recomienda a los consumidores mantener un uso responsable del GLP y tomar las precauciones habituales en el manejo de este combustible.

La SPGL ha sostenido reuniones con el Ministerio de Energía y Minas y con Osinergmin, con la finalidad de contribuir a que las autoridades adopten medidas que permitan reducir el impacto de la contingencia.

Medidas adoptadas

El Gobierno acaba de publicar el Decreto Supremo N.º 002-2026-EM, que establece medidas excepcionales para garantizar la continuidad del abastecimiento energético durante la contingencia.

La norma faculta al OSINERGMIN a dictar medidas urgentes y transitorias que permitan exceptuar temporalmente determinadas disposiciones de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, con el objetivo de asegurar la continuidad de las actividades del sector y del suministro de combustibles, entre ellos el GLP, al mercado interno.

Es pertinente añadir que el gremio solicitó al Ministerio de Energía y Minas autorizar, de manera temporal y excepcional, el uso de las existencias medias y mínimas de GLP, conforme a lo previsto en el Reglamento de Comercialización de GLP. Esta medida, que aún no es implementada, permitiría utilizar las reservas almacenadas para garantizar el abastecimiento mientras se restablece el transporte de líquidos de gas natural.

Un combustible esencial

El GLP es una fuente de energía fundamental para millones de peruanos. Actualmente, cerca del 70% de los hogares del país utilizan este combustible, además de ser un insumo clave para actividades comerciales, industriales y para el parque vehicular.

Asimismo, el GLP es un combustible sustituto para las industrias que utilizan gas natural, actualmente afectadas.

Por ello, la SPGL subrayó que la prioridad en esta coyuntura debe ser garantizar el acceso continuo al GLP para las familias y para las actividades productivas que sostienen el abastecimiento de alimentos y servicios básicos.

Seguridad energética a futuro

Más allá de la emergencia actual, el gremio señaló que este episodio pone en evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad energética del país. Hoy cerca del 70% del GLP consumido en el Perú proviene de producción local, mientras que el resto se cubre mediante importaciones.

En ese contexto, la SPGL planteó impulsar medidas estructurales orientadas a:

  • Promover nuevas inversiones en exploración y producción de hidrocarburos,
  • Incrementar la capacidad de almacenamiento de combustibles, especialmente de GLP,
  • Desarrollar infraestructura de almacenamiento descentralizado en distintas regiones del país.

Actualmente, la mayor parte del almacenamiento de GLP se concentra en la costa central, lo que limita la capacidad del sistema para responder con rapidez ante contingencias en la cadena de suministro. Por ello, el gremio considera necesario simplificar los procesos administrativos y promover condiciones que faciliten la inversión en infraestructura energética.

La SPGL reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin y demás autoridades para garantizar el abastecimiento del mercado y fortalecer la seguridad energética del país.

“El GLP es un combustible esencial para millones de peruanos. En momentos como este es clave actuar con rapidez, coordinación y visión de largo plazo”, señaló el gremio.