La SPGL advierte que un “marco regulatorio previsible y estable” es clave para garantizar inversión, seguridad y cobertura en el acceso al gas.

El 7º Congreso Internacional del GLP “Gas para el progreso”, organizado por la Asociación Colombiana del GLP (GASNOVA) junto a aliados internacionales, se llevó a cabo en Bogotá y reunió a los principales actores de la industria de la región. Durante el encuentro se abordaron temas clave como la competitividad, la regulación, la formación de precios, el abastecimiento y los nuevos usos del gas licuado en América Latina.

En ese contexto se desarrolló el panel “Tendencias regulatorias en América Latina”, que contó con la participación de Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL). Allí expuso que el modelo más favorable para los usuarios es aquel que combina la libertad de mercado con una regulación firme en seguridad y calidad, además de reglas claras que otorguen estabilidad y subsidios focalizados dirigidos a que los hogares más vulnerables puedan acceder a una energía moderna y amigable con el medioambiente como el GLP.

El mercado del GLP en Perú, conforme lo establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se rige por la oferta y la demanda; esto ha contribuido a que la industria crezca sostenidamente, siendo el combustible preferido del ama de casa peruana para cocinar, ya que el 70% de los hogares lo consumen. También tiene una presencia importante en el parque automotriz (20%), en industrias (que representan el 6% del PBI) y en más de 250 mil comercios. A nivel global, 3,000 millones de personas utilizan GLP, y en Perú más de 28 millones de ciudadanos lo emplean diariamente, lo que refleja su relevancia como energía moderna y accesible.

No obstante, aún se mantiene el reto de combatir la pobreza energética, fortaleciendo los mecanismos de subsidios focalizados como el Programa Vale FISE que hoy llega a 1 millón 300 mil hogares aproximadamente, pero se requiere ampliarlo a fin de cubrir a los 2 millones 500 mil hogares que aún cocinan con combustibles contaminantes. Un tema no menor es la urgencia de reforzar la lucha contra las actividades informales e ilegales, que vienen creciendo sostenidamente.

Jovan Pastor señaló: “Permitir que los precios se definan por competencia y costos internacionales incentiva a las empresas a invertir en infraestructura, mejorar su productividad y garantizar el suministro. Además, es fundamental aplicar subsidios focalizados, como vales de descuento o transferencias directas, para permitir que los hogares más vulnerables puedan acceder al GLP; en lugar de mecanismos generalizados que terminan beneficiando también a quienes pueden pagar el precio real del citado energético.” Además agregó: “Es crítico el deber de las autoridades  de garantizar una rigurosa fiscalización que combata las actividades ilegales e informales en el sector, y que garantice que los agentes que operen en el mercado estén debidamente autorizados y cumplan con todas las condiciones técnicas y de seguridad”.

El presidente de la SPGL resaltó, además, que la protección al consumidor no depende únicamente del precio, sino de la aplicación de estándares técnicos claros y de una fiscalización constante. Garantizar que los cilindros cumplan con el peso establecido, que las plantas operen bajo normas de seguridad y que exista un sistema de control riguroso en toda la cadena de distribución son aspectos esenciales para fortalecer la confianza y asegurar la calidad del servicio.

Se advirtió que los controles de precios mal diseñados generan pérdidas sostenidas en las empresas, lo que a mediano plazo puede derivar en desabastecimiento y descapitalización del sector, como ocurre en algunos países de la región. En esa línea, subrayó la urgencia de contar con un marco regulatorio previsible y estable, capaz de generar confianza en los inversionistas y garantizar la sostenibilidad de la industria en el largo plazo.