- CAPECO señala que el aparato estatal se muestra incapaz de atender a la población damnificada, tampoco logra prevenir ni mitigar los efectos de fenómenos naturales como el que viene azotando el país.
- El gremio insiste en una estrategia integral para modernizar las ciudades peruanas y transformar el territorio, antes que crear una Autoridad Nacional de Infraestructura.
- Gremio considera necesario tener un especial cuidado en la atención de las necesidades de vivienda en la emergencia y priorizar la política de vivienda para evitar desastres futuros.
- La construcción enfrenta la emergencia y la de un posible Fenómeno El Niño en 2024, en medio de una fuerte desaceleración, pese a la ejecución récord de presupuesto de obra pública.
- En febrero del 2023, cayó en 12.3% el PBI construcción, 9.5% los créditos hipotecarios Mivivienda, 83.3% los subsidios Techo Propio y, en enero, 3% la inversión minera.
El gremio de la construcción, CAPECO, señala que tal como ocurrió con la irrupción de la pandemia del COVID-19 en el 2020, la devastación producida por el Fenómeno El Niño Costero en 2017 y con el terremoto que asoló Pisco y otras localidades en 2007, las lluvias extremas que vienen afectando a 16 regiones del país han puesto en evidencia la incapacidad del Estado peruano para gestionar estos fenómenos naturales o sociales de gran magnitud.
“Ha quedado claro, una vez más, que el aparato estatal no está preparado para prevenir y mitigar los impactos negativos de estos eventos, ni para atender a la población directamente afectada por la emergencia. Y tampoco lo estará para encarar oportuna y eficientemente el proceso de reconstrucción de la infraestructura dañada por los huaycos y desbordes de los ríos”, sostiene Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO.
En el IEC 62, CAPECO insistió en señalar que el Perú es un país en emergencia permanente y así como lo indicó en 2017, recalcó que es indispensable poner en marcha una estrategia integral, orientada con lineamientos estratégicos, que tenga como finalidad modernizar nuestras ciudades y transformar el territorio nacional. (Ver anexo 1) Valdivia señala que “una estrategia de esta magnitud no estará lista para gestionar la crisis actual ni la que se desencadenaría el próximo año si se confirma la ocurrencia del Niño. En este corto tiempo, al menos se podría implementar un conjunto de acciones para la atención oportuna de la población en emergencia, mediante el uso intensivo de herramientas de tecnologías de información y comunicación, y el mayor involucramiento de empresas privadas y grupos organizados de la población”
El gremio indica que, en este contexto de crisis, el sector construcción verá afectado su desempeño y tanto el sector público como el privado deberán ajustar sus prioridades de inversión. En enero del presente año, el PBI sectorial se contrajo sustantivamente en 11.7% según el INEI, cifra muy cercana al 11.9% que proyectó CAPECO. Para febrero, el gremio estima una disminución de 12.3%. Asimismo, los niveles de operación de las empresas de la construcción se redujeron en 3.7% durante el primer bimestre del 2023, en comparación con igual periodo del 2022. Para el segundo bimestre, los empresarios constructores estiman una pequeña subida de 0.2% en sus operaciones.
Sobre la obra pública, en el primer bimestre del 2023, el avance de la ejecución de los presupuestos estatales de inversión pública se incrementó en 27.7%, en comparación a enero – febrero del año pasado, pero hubo diferencias por nivel de gobierno. Así, mientras el gobierno central experimentó una subida de 77.3%, las municipalidades sufrieron una retracción de 22.2%, mientras que las regiones aumentaron en 20.8% el monto ejecutado. Los 2,434 millones de soles girados constituyen un récord histórico para el primer bimestre.
Por su parte, en la construcción privada, el número de desembolsos de préstamos hipotecarios para vivienda se contrajo en 20.2% en enero del presente año, debido a la fuerte caída (33.1%) de las operaciones que otorgan las instituciones financieras con sus propios recursos y a pesar de que los créditos concedidos con recursos del Fondo Mivivienda subieron 9.3%. Entre febrero 2022 y enero 2023, se desembolsaron 39,240 préstamos para vivienda a través de todo el sistema financiero, vale decir 10 mil operaciones menos que en el periodo anual febrero 2021 – enero 2022, pese a que el número de operaciones financiadas por Mivivienda aumentó en 5.2% en dicho lapso.
En cuanto a los materiales de construcción, se sabe que en febrero subió 5.0%, respecto a febrero 2022, lapso en el que el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó en 8.6%. Contrariamente, en relación con marzo del 2020 –cuando empezó la carrera alcista de precios– los materiales subieron en 28.9%, mientras que la inflación lo hizo en 17.3%.
Estas cifras demuestran que la actual emergencia ambiental encuentra a la actividad constructora en una etapa de relativo estancamiento, luego de haber tenido un crecimiento aceptable en el 2022 (3.0%). “Las proyecciones sobre el PBI sectorial, así como sobre la inversión pública y privada apuntaban a un estancamiento, aún antes del inicio de las lluvias. Difícilmente estas perspectivas se revertirán en lo que queda del año, pero la magnitud de esta performance dependerá de la manera en que el gobierno nacional gestione el proceso de atención a los damnificados y de restitución, al menos de manera provisional, de la infraestructura dañada”, señala el director ejecutivo de CAPECO.
La respuesta del Estado a este desafío de la naturaleza ha sido proponer la creación de una Autoridad Nacional, que centralizaría la gestión de proyectos priorizados de infraestructura, los cuales se construirían a través del mecanismo de Gobierno a Gobierno. Para CAPECO, esta sería una visión administrativa que resulta insuficiente para atender las emergencias. “Ocurrió con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) creada en el 2017 y con el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR) en el 2007. En ambos casos, estas entidades no pudieron atacar las causas de los grandes daños que ocasionaron estos fenómenos ambientales”, comenta Valdivia.
Cuando se constituyó la ARCC, CAPECO comentó que existían debilidades que afectarían su actuación, como establecer el plazo de ejecución (tres años, con posibilidad de incrementarlo a cuatro) antes de conocer los proyectos en los que se invertiría; se priorizó las obras de reconstrucción de la infraestructura dañada, centrándose en el 77% del presupuesto asignado; no se delimitaron desde un inicio las competencias de la autoridad, la de los sectores y de los gobiernos subnacionales; y hubo cambios constantes en la alta dirección de la entidad. Valdivia añade que “crear la Autoridad Nacional de Infraestructura sobre las bases de la ARCC no es una buena idea como tampoco lo es tratar de re-centralizar la gestión estatal de obras, teniendo en cuenta que el 65% de la inversión pública corresponde a los gobiernos regionales y locales. El fracaso del modelo de descentralización, no implica suprimirlo sino reformarlo mediante diversas estrategias”. (ver anexo 2)
Para CAPECO, un rubro al que es necesario prestar particular atención es al de la vivienda. Valdivia finaliza que, en los anteriores procesos de reconstrucción, no hubo una estrategia clara en el tema habitacional. “Hasta el momento, se conoce que existen alrededor de 5 mil viviendas inhabitables o destruidas y unas 30 mil afectadas. Es indispensable tener información precisa para determinar cuántas son las familias que deben ser reubicadas y cuántas pueden seguir viviendo en los mismos lugares. Es necesario enfocarse en reducir el déficit habitacional en lugar de pretender cerrar las brechas de acceso al agua y saneamiento, estrategia que solo ha terminado fomentando la informalidad e incrementando el costo de dichos servicios”.
