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Copeinca inicia arbitraje contra Cosco Shipping y reclama US$2.63 millones por fallas en emisor submarino en Chancay

La pesquera acusa incumplimientos en la reubicación de su emisor submarino y exige compensaciones por daños, lucro cesante y costos de reparación.

Corporación Pesquera Inca (Copeinca), la principal empresa pesquera industrial del país, inició un proceso arbitral contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, reclamando el pago de US$2.63 millones más intereses legales por presuntos daños derivados de la reubicación de su emisor submarino en Chancay.

La acción fue presentada el 17 de diciembre de 2025 mediante un memorial de 130 páginas acompañado de 103 pruebas documentales. Según la compañía, los perjuicios se originaron durante la ejecución del traslado de esta infraestructura, esencial para la evacuación de aguas residuales tratadas y la continuidad de sus operaciones.

El conflicto se remonta a un convenio de cooperación firmado en septiembre de 2021 entre ambas empresas. En ese acuerdo, el operador portuario asumió la responsabilidad de desarrollar la ingeniería del proyecto y ejecutar la reubicación del emisor submarino de Copeinca.

Fallas en la reubicación del emisor submarino

De acuerdo con la pesquera, el convenio establecía que Cosco debía realizar la ingeniería y ejecutar el traslado de la infraestructura sin afectar el normal desarrollo de las operaciones. Asimismo, debía asumir la responsabilidad técnica del proyecto y cubrir los costos asociados a la reubicación.

Copeinca sostiene que estas obligaciones no se cumplieron plenamente. Según detalla la demanda, durante la ejecución se habrían producido fallas técnicas relevantes, entre ellas la instalación del emisor en coordenadas distintas a las autorizadas.

La empresa también afirma que la obra se habría ejecutado sin estudios suficientes sobre la geomorfología y la dinámica oceanográfica de la zona.

Estas deficiencias, según la pesquera, habrían generado contingencias que comprometieron la integridad de la infraestructura instalada. Como consecuencia, el emisor submarino habría sufrido dos rupturas posteriores: una en diciembre de 2024 y otra entre abril y mayo de 2025.

Tras estos incidentes, Copeinca exige la construcción de nuevos emisores y una reparación integral que permita garantizar la continuidad de sus operaciones.

Reclamo económico por daños y lucro cesante

Dentro del proceso arbitral, la empresa estructuró sus pretensiones en seis bloques.

En primer lugar solicita que se declare el incumplimiento contractual por parte de Cosco Shipping. Además, exige una compensación de US$738,800 por daño emergente derivado de las fallas detectadas en la infraestructura.

A este monto se suma un reclamo de US$883,800 por concepto de lucro cesante. La compañía también solicita un pago adicional de US$1’008,000 destinado al reforzamiento temporal y a la reparación integral del sistema.

Asimismo, pide indemnidad frente a eventuales reclamaciones de terceros vinculadas al convenio firmado en 2021 y el reembolso total de los gastos del arbitraje.

Antes de acudir a esta instancia, ambas empresas sostuvieron una etapa de trato directo que no logró resolver la controversia. Durante ese proceso, Copeinca afirma haber presentado evidencia técnica sobre los efectos de la reubicación defectuosa, incluyendo paralizaciones de operaciones y mayores costos operativos.

Sanción administrativa al operador portuario

El arbitraje se desarrolla en paralelo a un proceso administrativo contra Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones impuso recientemente una multa de 142.42 UIT, equivalente a S/733,463, por incumplimientos ambientales vinculados a la implementación incompleta de un sistema de geotubos.

Durante una supervisión, la autoridad identificó un faltante aproximado de 195 metros de estas estructuras en las playas El Puerto y Chorrillos, ubicadas en el distrito de Chancay, donde se desarrollan las obras del nuevo terminal portuario.

El ministerio también determinó que el cronograma de instalación previsto entre noviembre de 2021 y abril de 2022 no se cumplió, lo que dio origen al procedimiento administrativo sancionador.

Este antecedente se suma al arbitraje en curso, en el que el tribunal de la Cámara de Comercio de Lima deberá evaluar las responsabilidades contractuales y los daños económicos reclamados por la empresa pesquera.


Julio Velarde advierte que la inestabilidad política impidió que sectores aprovechen el auge exportador

El presidente del BCRP señaló que el Perú registra cifras excepcionales en comercio exterior, pero algunos sectores no lograron absorber plenamente los beneficios por factores internos.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, afirmó que el país atraviesa un momento destacado en materia de comercio exterior, aunque advirtió que la inestabilidad política ha limitado que algunos sectores aprovechen plenamente ese impulso.

Durante su participación en la convención minera PDAC 2026, realizada en Toronto, Canadá, Velarde indicó que el superávit comercial del Perú alcanzó cerca de US$ 35,000 millones el año pasado y que para 2026 se proyecta superar los US$ 38,000 millones.

El titular del BCRP sostuvo que las cifras del sector exportador peruano son “excepcionales” y que varios rubros han mostrado un dinamismo similar en los últimos años.

“Hay un avance importante en los últimos 25 años en las exportaciones, un avance que no se reconoce como se debería, que se ha notado en el crecimiento, uno que se ha ralentizado y es una pena”, señaló.

Economía peruana mantiene fuerte dinamismo

Velarde también indicó que, pese al contexto político, la economía peruana mantiene indicadores sólidos y que en muchos casos no se está dimensionando adecuadamente su fortaleza.

Entre los factores que destacó se encuentran el crecimiento de la masa salarial, la creación de empleo formal y el aumento de las importaciones vinculadas a la actividad productiva.

Según explicó, la importación de insumos industriales viene creciendo a tasas de doble dígito desde 2024, mientras que la compra de bienes de capital también muestra un incremento similar. Asimismo, resaltó el avance del crédito al sector privado.

“El dinamismo en la economía sigue y sigue a tasas sumamente altas. Si vemos otros indicadores se ve lo mismo. La economía está sumamente fuerte”, afirmó.

Proyección de crecimiento y riesgos externos

El Banco Central proyecta que la economía peruana crecerá alrededor de 3% en 2026. Sin embargo, Velarde advirtió que esta estimación aún no incorpora posibles impactos derivados de factores externos o políticos.

Entre los riesgos mencionó el conflicto en Medio Oriente y el proceso de elecciones generales en el país, que podrían influir en el desempeño económico.

Pese a ello, destacó que las expectativas empresariales mantienen una tendencia positiva.

“Es una cosa interesante. Se preguntó por la expectativa a 12 meses, ya con siete meses del nuevo gobierno, y sigue siendo sumamente positiva, tanto para la economía como para el sector donde está la empresa”, explicó.

Añadió que varios indicadores, como el empleo privado, continúan creciendo a tasas elevadas.

Advertencia sobre las finanzas públicas

En otro momento de su exposición, Velarde analizó la situación de las cuentas fiscales y advirtió que actualmente son menos sólidas que en el anterior ciclo de auge de los minerales.

El presidente del BCRP señaló que, a diferencia del periodo previo, cuando el incremento de los ingresos estuvo acompañado por mayor inversión pública, en la actualidad el crecimiento del gasto se concentra principalmente en el gasto corriente.

“Estamos con cuentas menos sólidas de las que entramos al anterior boom”, indicó.


Pluspetrol paraliza producción de GLP en Pisco tras deflagración en ductos de Camisea

La interrupción del transporte de líquidos de gas natural tras el incidente en el sistema de TGP detuvo la producción de GLP, combustible clave para más de 8 millones de hogares en el país.

Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea y principal productor de gas licuado de petróleo (GLP) en el Perú, informó que la producción de este combustible en su planta de fraccionamiento de Pisco, en Ica, se encuentra paralizada.

La medida se adoptó luego de la deflagración registrada el 1 de marzo en los ductos operados por Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural.

Según explicó la empresa en un comunicado, tras ser alertada del evento y a solicitud de TGP, procedió ese mismo día a detener la producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos de gas natural. La decisión buscó facilitar las intervenciones técnicas necesarias en el sistema de ductos.

Esta acción implicó la suspensión total del transporte tanto de gas natural seco como de los líquidos asociados, lo que terminó interrumpiendo la llegada de insumos a la planta de Pisco.

Impacto directo en el mercado del GLP

La paralización del sistema obligó a detener la producción de GLP y otros derivados del gas natural en la planta de fraccionamiento.

Pluspetrol precisó que esta situación es ajena a las operaciones del Consorcio Camisea y responde exclusivamente a la contingencia ocurrida en la infraestructura de transporte.

La interrupción afecta directamente al mercado del GLP, combustible esencial para los balones de cocina utilizados por más de 8 millones de hogares en el país, especialmente en zonas donde no existe acceso al gas natural por red domiciliaria.

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, advirtió que el impacto puede ser significativo debido al peso de Camisea en el suministro nacional.

“El 70% del GLP que consume el Perú proviene de Camisea y ese 70% está cortado”, señaló.

Aumenta la presión sobre el sistema de despacho

Ante la contingencia, Pluspetrol indicó que viene ejecutando acciones para sostener los despachos de GLP desde la planta de Pisco utilizando los inventarios disponibles.

La empresa señaló que continúa atendiendo cisternas que cargan el combustible, aunque la afluencia se ha incrementado mientras se evalúan alternativas para sostener el sistema energético nacional.

Este escenario ya había sido advertido por el sector envasador. Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas, confirmó que ya se inició un racionamiento en el terminal de Pisco y que los tiempos de despacho se han extendido.

“Una cisterna que antes cargaba en 14 horas ahora puede tardar entre dos y tres días, lo que incrementa los costos logísticos y presiona al alza los precios”, indicó.

Riesgo de alza en el precio del balón

Frente a este contexto, Pluspetrol pidió a sus clientes mantener sus consumos dentro de los niveles habituales con el fin de preservar la estabilidad del abastecimiento mientras se resuelve la emergencia.

La compañía también informó que ha puesto a disposición de TGP sus recursos logísticos y que mantiene coordinación con las autoridades para contribuir a una pronta solución.

Además, precisó que sus plantas de Malvinas y Pisco están listas para reanudar operaciones a plena capacidad una vez que se restablezca de manera integral el transporte por ambos ductos: el de gas natural seco y el de líquidos de gas natural, que atraviesan la selva del Cusco.

Especialistas advierten que, si la interrupción se prolonga, el país podría depender más de importaciones de GLP y enfrentar aumentos en el precio del balón de gas.

Actualmente, el precio del balón en Lima oscila entre S/55 y S/60, con impactos potencialmente mayores en regiones donde el costo logístico es más elevado.

Congreso aprueba declarar de interés nacional la creación de un Puerto Espacial en Perú

El proyecto plantea iniciar estudios para desarrollar un spaceport en la Base Aérea El Pato, en Talara, con el objetivo de posicionar al país como líder regional en el sector aeroespacial.

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso aprobó por unanimidad un dictamen que propone declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial en el Perú.

La iniciativa obtuvo 14 votos a favor durante la sesión del lunes 2 de marzo y busca promover el inicio de estudios técnicos que permitan concretar esta infraestructura estratégica en el país.

El dictamen, que incorpora un texto sustitutorio, establece que el objetivo es posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial y fomentar el desarrollo del sistema aeroespacial nacional.

La propuesta señala que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, será el encargado de coordinar las acciones necesarias dentro del marco de sus competencias.

Una norma orientadora

Según explicó la presidenta de la comisión, Karol Paredes Fonseca, la norma tiene carácter declarativo y no introduce mandatos operativos inmediatos ni modifica leyes vigentes.

En ese sentido, la medida busca orientar las políticas públicas hacia el desarrollo de capacidades espaciales y promover la realización de estudios que permitan evaluar la viabilidad del proyecto.

Asimismo, la parlamentaria indicó que el rol asignado al Ministerio de Defensa se ajusta a sus funciones establecidas en el Decreto Legislativo 1134 y en su Reglamento de Organización y Funciones, especialmente en lo relacionado con la promoción de iniciativas multisectoriales y el desarrollo del sistema aeroespacial peruano.

Talara aparece como posible sede

Aunque el dictamen no define una ubicación específica, un proyecto ya fue incluido en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del Ministerio de Defensa para el periodo 2023-2026.

El documento plantea la construcción de un puerto espacial en la Base Aérea El Pato, ubicada en la ciudad de Talara, en la región Piura.

De acuerdo con el informe, un spaceport es una infraestructura destinada a facilitar lanzamientos de cohetes y naves espaciales para vuelos orbitales y suborbitales desde plataformas especializadas.

La ubicación en Talara se considera estratégica por su cercanía a la línea ecuatorial, condición que facilita los lanzamientos espaciales y reduce costos operativos.

Impacto tecnológico y económico

El proyecto también apunta a impulsar nuevas capacidades tecnológicas y científicas en el país, además de abrir oportunidades para investigación, educación y desarrollo de la industria aeroespacial.

El informe del Ministerio de Defensa indica que la iniciativa podría convertir a la región Piura en un hub regional de transporte espacial y generar beneficios económicos asociados al turismo tecnológico y a la mejora de infraestructura en la zona.

Asimismo, el desarrollo de un puerto espacial permitiría que el Perú avance hacia una mayor autonomía en el lanzamiento de satélites y otros objetos espaciales, con implicancias en seguridad, defensa y desarrollo científico.

SUNAT activa figura del SCCO y pone en riesgo S/ 3,200 millones en créditos fiscales de contribuyentes

La aplicación de la categoría de Sujeto Sin Capacidad Operativa permite desconocer gastos y crédito fiscal incluso de operaciones realizadas antes de la publicación de la resolución, lo que abre un debate legal por su carácter retroactivo.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ha comenzado a aplicar con mayor intensidad la figura del Sujeto Sin Capacidad Operativa, conocida como SCCO, una categoría creada por el Decreto Legislativo 1532 que permite desconocer gastos y créditos fiscales asociados a facturas emitidas por determinados proveedores.

Desde septiembre de 2025, la entidad ha publicado 75 resoluciones que designan a contribuyentes como SCCO, elevando el total a 78 casos. Según la propia SUNAT, estas designaciones permitirían desconocer comprobantes de pago por un monto cercano a S/ 3,200 millones.

La medida ha encendido alertas entre especialistas tributarios debido a que sus efectos pueden alcanzar operaciones realizadas antes de la publicación de las resoluciones.

Qué significa ser Sujeto Sin Capacidad Operativa

Desde 2023, la SUNAT puede declarar a un contribuyente como Sujeto Sin Capacidad Operativa mediante una resolución publicada oficialmente. Esta categoría se asigna cuando la administración tributaria considera que el proveedor no cuenta con recursos económicos, personal, infraestructura o activos suficientes para sustentar las operaciones que ha facturado.

La calificación se realiza luego de un procedimiento administrativo en el que la autoridad evalúa si la capacidad operativa del contribuyente resulta coherente con el volumen o naturaleza de sus operaciones.

Efectos posteriores a la publicación

Una vez publicada la condición de SCCO, el contribuyente designado no podrá emitir comprobantes de pago que otorguen derecho a deducción de gasto ni crédito fiscal para sus clientes.

Esta restricción se mantiene por el plazo que establezca el reglamento, el cual no puede superar los cinco años.

Efectos sobre operaciones anteriores

El aspecto más controversial de la norma se encuentra en sus efectos sobre operaciones realizadas antes de la publicación de la resolución.

Los contribuyentes que hayan recibido facturas de un proveedor posteriormente calificado como SCCO pierden el derecho a utilizar esos comprobantes para sustentar crédito fiscal o deducir gastos en el Impuesto a la Renta.

La única excepción es que el contribuyente solicite a la SUNAT, dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la publicación de la resolución, la revisión de los comprobantes de pago y la documentación relacionada con las operaciones realizadas con ese proveedor.

Si no se presenta esta solicitud dentro del plazo establecido, el derecho al crédito fiscal y al gasto se pierde automáticamente, incluso si la operación fue real, se contó con comprobante válido y el pago se realizó cumpliendo con las reglas de bancarización.

Plazos que ya estarían venciendo

De acuerdo con las fechas de publicación de las resoluciones emitidas por la SUNAT, en varios casos el plazo de 30 días hábiles ya habría vencido o estaría por vencer.

Esto abre la puerta para que la administración tributaria desconozca legalmente los comprobantes asociados a los proveedores designados como SCCO, lo que podría impactar en miles de contribuyentes que realizaron operaciones con ellos en años anteriores.

Debate por el carácter retroactivo

Especialistas en derecho tributario advierten que la norma podría tener un efecto retroactivo, ya que afecta operaciones realizadas antes de la emisión de la resolución que declara al proveedor como SCCO.

Este aspecto ha generado cuestionamientos constitucionales, aunque cualquier pronunciamiento definitivo dependerá de futuras decisiones del Tribunal Constitucional.

Si bien la regulación busca combatir el uso de empresas sin actividad real para generar facturación indebida, algunos analistas consideran que la medida termina afectando a contribuyentes formales que realizaron operaciones legítimas.

Impacto en el clima de inversión

El debate se da además en un contexto en el que el sistema tributario peruano ha incorporado diversas restricciones vinculadas a formalidades, como los casos de contribuyentes no habidos o con RUC de baja.

Para algunos especialistas, la aplicación de la figura del SCCO con efectos retroactivos podría aumentar la incertidumbre jurídica para las empresas, especialmente en lo relacionado con la deducción de gastos y el uso del crédito fiscal.

Por ello, recomiendan que las empresas revisen las resoluciones publicadas por la SUNAT y verifiquen si alguno de sus proveedores ha sido designado como Sujeto Sin Capacidad Operativa en los últimos años.