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Haycker Colina analiza la fragilidad económica y la crisis política del Perú en su visita al país

El politólogo y analista internacional expuso su diagnóstico sobre inflación, informalidad, libre mercado e inestabilidad institucional en el escenario peruano actual.

Durante su reciente visita a Lima, el politólogo y analista internacional Haycker Colina compartió con medios de comunicación, académicos y representantes del sector privado su visión sobre el complejo panorama económico y político que atraviesa la República del Perú. Colina, reconocido por su trayectoria en el análisis de sistemas políticos latinoamericanos, advirtió que el país enfrenta una tormenta perfecta de vulnerabilidades estructurales que ponen en riesgo su estabilidad a mediano plazo.

Inflación y presión al bolsillo ciudadano

Colina señaló que, si bien el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha logrado reducir la inflación respecto a los picos registrados entre 2022 y 2023, las presiones inflacionarias persisten sobre los alimentos, el combustible y los servicios básicos. «La inflación en el Perú no es solo un fenómeno monetario; es el síntoma de una economía que no ha resuelto sus problemas de distribución, acceso al crédito y encadenamiento productivo», afirmó el analista. Subrayó que los sectores de menores ingresos siguen siendo los más afectados, lo que profundiza la desigualdad y erosiona la confianza en las instituciones. Pese a ello su moneda si es estable, mucho mejor que otros países de la región.

Crisis política e ingobernabilidad crónica

El politólogo fue categórico al describir la crisis política peruana. La sucesión acelerada de presidentes, la confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Congreso, los escándalos de corrupción y la debilidad del sistema de partidos configuran, según Colina, un estado de «ingobernabilidad crónica». «El Perú tiene un sistema político fragmentado que impide la construcción de consensos necesarios para implementar reformas económicas de fondo. Mientras el poder político siga siendo un campo de batalla de intereses personales y no de proyectos de nación, la economía seguirá pagando el costo», indicó con firmeza. Advirtió también sobre el riesgo del populismo como respuesta a la frustración ciudadana.

Economía informal: el Estado paralelo

Uno de los puntos centrales del análisis de Colina fue la informalidad económica, que en el Perú supera el 70% de la fuerza laboral. Para el analista, este fenómeno no es únicamente un problema fiscal, sino una expresión de la desconfianza histórica del ciudadano hacia el Estado. «La informalidad en el Perú es racional desde la perspectiva del ciudadano: el Estado no le ofrece servicios de calidad, le cobra impuestos y no le garantiza seguridad jurídica. La gente crea sus propias reglas de juego». Sostuvo que combatir la informalidad exige no solo incentivos tributarios, sino una reforma profunda del aparato estatal que haga atractiva y confiable la formalización.

Libre mercado: fortaleza y asignatura pendiente

Colina reconoció que el modelo de economía de libre mercado adoptado por el Perú desde los años noventa ha permitido al país sostener décadas de crecimiento y atraer inversión extranjera. Sin embargo, alertó que dicho modelo enfrenta un déficit de legitimidad social. «El libre mercado puede ser eficiente en la asignación de recursos, pero si no va acompañado de instituciones sólidas, un sistema judicial confiable y políticas sociales efectivas, genera ganadores y perdedores visibles que alimentan el resentimiento político». Instó al liderazgo empresarial y a los tomadores de decisiones a apostar por un capitalismo inclusivo que amplíe oportunidades y reduzca brechas.

«El Perú tiene todos los ingredientes para ser una potencia regional: recursos naturales, capital humano y acceso al mercado global. Lo que le falta es la arquitectura institucional y la voluntad política para consolidarlo», afirmo Colina.

 

 

Megainversión minera de USD 18.000 millones posiciona a Argentina en el circuito global del cobre

El proyecto Vicuña, impulsado por BHP y Lundin Mining, prevé iniciar producción en 2030 y podría ubicar al país entre los cinco mayores complejos de cobre, oro y plata del mundo.

Argentina vuelve a proyectarse como actor relevante en la minería internacional. La empresa Vicuña oficializó una inversión estimada en USD 18.000 millones para el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, en la provincia de San Juan, una iniciativa que marca el mayor anuncio de capital minero en años y que podría redefinir el perfil exportador del país.

La cifra supera las estimaciones preliminares que rondaban los USD 15.000 millones y consolida uno de los compromisos de inversión extranjera directa más significativos del actual ciclo económico.

Despliegue de capital y cronograma productivo

Vicuña, conformada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, detalló en su Evaluación Económica Preliminar que la primera etapa requerirá USD 7.000 millones entre 2027 y 2030, año previsto para el inicio de la producción.

Durante los primeros 25 años completos de operación, la compañía proyecta una producción anual promedio de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata. En la primera década, el complejo entregaría aproximadamente 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

De concretarse estas proyecciones, Vicuña se ubicaría entre las cinco mayores operaciones mineras del mundo en su categoría.

Marco regulatorio y señal a los mercados

La compañía solicitó su adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, RIGI, instrumento que otorga beneficios fiscales y estabilidad jurídica a proyectos estratégicos de exportación.

En un contexto en el que Argentina busca recomponer su flujo de divisas y atraer capital externo, el anuncio funciona como una señal de confianza hacia el nuevo marco regulatorio. El país no produce cobre desde 2018, tras el cierre de Alumbrera, pese a contar con uno de los mayores potenciales geológicos sin desarrollar en América Latina.

La creciente demanda global de cobre, impulsada por la electrificación, la transición energética y la movilidad eléctrica, añade un componente estratégico al proyecto.

Desarrollo en etapas e infraestructura asociada

El plan se estructura en tres fases. La primera contempla el desarrollo del depósito Josemaría mediante una mina a cielo abierto y una planta concentradora con capacidad de expansión.

La segunda etapa incorporará los recursos de óxidos de Filo del Sol, ampliando la recuperación de cobre, oro y plata.

La tercera prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol, elevando la capacidad de procesamiento a cerca de 293.000 toneladas diarias. Esta fase incluye infraestructura estratégica como una planta desalinizadora, sistema de transporte de concentrado y tratamiento especializado.

Impacto macroeconómico y desafíos

Una inversión de esta magnitud podría fortalecer exportaciones, empleo regional e infraestructura productiva, además de posicionar a Argentina como proveedor relevante de minerales críticos en el mercado internacional.

No obstante, la ejecución dependerá de la estabilidad regulatoria, las condiciones internacionales de precios de los metales y la capacidad de financiamiento en un entorno global que exige disciplina de capital y sostenibilidad operativa.

Si el cronograma se cumple, Vicuña no solo marcaría el regreso argentino al cobre, sino que podría convertirse en un punto de inflexión para la minería como eje estructural del crecimiento exportador.

Bruselas abre procedimiento contra España por fallos en la normativa hipotecaria

La Comisión Europea detecta una transposición incorrecta de la Directiva 2014/17 y da dos meses para corregir deficiencias.

La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España por considerar que no ha incorporado correctamente a su legislación la Directiva 2014/17/UE sobre créditos hipotecarios. La decisión forma parte del paquete de infracciones publicado el 30 de enero y también afecta a Austria.

Según el Ejecutivo comunitario, existen deficiencias en la forma en que España ha adaptado aspectos clave de la norma, especialmente en materia de supervisión de intermediarios de crédito y acceso transfronterizo a bases de datos para evaluar la solvencia de los consumidores.

Supervisión y mercado único, los puntos críticos

La Directiva 2014/17 busca consolidar un mercado hipotecario europeo más integrado, competitivo y con altos estándares de protección al consumidor. Entre sus disposiciones establece que la supervisión principal de los intermediarios de crédito corresponde al Estado miembro de origen, limitando la intervención del país donde operan cuando prestan servicios transfronterizos.

La Comisión considera que España no ha transpuesto adecuadamente este mecanismo, lo que podría generar distorsiones en el funcionamiento del mercado único.

Otro punto observado es el acceso equitativo de los prestamistas de todos los Estados miembros a las bases de datos nacionales utilizadas para evaluar la solvencia de los clientes. Bruselas entiende que la legislación española no garantiza plenamente este principio.

Dos meses para responder

Con el envío de la carta de emplazamiento, España dispone ahora de dos meses para presentar alegaciones y corregir las deficiencias señaladas. Si la respuesta no resulta satisfactoria, la Comisión podría emitir un dictamen motivado, paso previo a una eventual remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El procedimiento no implica sanciones inmediatas, pero sí abre una fase formal de supervisión que podría tener implicancias regulatorias para el sistema financiero español si no se corrigen los puntos observados.

Mercado inmobiliario venezolano sube hasta 50% por expectativas de cambio político

Consultas aumentan desde el exterior, pero el repunte aún no se traduce en un boom de ventas.

El mercado inmobiliario en Venezuela empieza a moverse después de años de estancamiento. En distintas ciudades del país los precios han subido entre 20% y 50% desde inicios de enero, impulsados principalmente por expectativas de un nuevo escenario político y una eventual recuperación económica.

Aunque no existen cifras oficiales que permitan medir con precisión el comportamiento del sector tras la salida de Nicolás Maduro el 3 de enero, agentes inmobiliarios coinciden en que las consultas han aumentado, especialmente desde venezolanos que viven en el exterior y que evalúan invertir o asegurar una propiedad ante la posibilidad de un cambio estructural en el país.

Expectativas que adelantan los precios

En ciudades como Ciudad Guayana y Cumaná, corredores reportan que inmuebles que permanecieron meses sin vender ahora han sido relistados con precios considerablemente más altos. Una vivienda que hace dos años se ofrecía en 55.000 dólares hoy puede alcanzar los 85.000 dólares, según operadores del sector.

Sin embargo, el mayor número de consultas no ha venido acompañado de un incremento proporcional en las transacciones. Muchos compradores potenciales consideran que los nuevos valores son elevados y prefieren esperar mayor claridad económica. Al mismo tiempo, propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado ante la expectativa de que puedan valorizarse aún más.

Para el economista Asdrúbal Oliveros, lo que predomina es un fenómeno de expectativas. La percepción de un cambio político ha generado un ajuste emocional en los precios, aunque todavía no existen fundamentos económicos sólidos que respalden plenamente ese incremento.

El factor petrolero y la cautela inversionista

El sector energético vuelve a estar en el centro del análisis. La reciente aprobación de normas destinadas a atraer inversión extranjera al petróleo ha renovado el optimismo sobre una eventual recuperación productiva. No obstante, las compañías internacionales mantienen cautela tras años de expropiaciones y volatilidad regulatoria.

Incluso en un escenario favorable, cualquier aumento significativo en la producción petrolera tomaría tiempo, lo que implica que el impacto real en el mercado inmobiliario no sería inmediato.

Demanda interna limitada

Mientras tanto, la capacidad de compra dentro del país continúa restringida. Tras años de hiperinflación, contracción bancaria y ausencia de crédito hipotecario de largo plazo, buena parte de la población no puede acceder a vivienda propia. Esto ha reducido el mercado principalmente a compradores con liquidez en divisas, muchos de ellos residentes en el exterior.

En destinos turísticos como Margarita, agentes estiman que alrededor del 80% de las consultas provienen de venezolanos fuera del país. Sin embargo, varios corredores advierten que los incrementos acelerados podrían frenar operaciones si no se consolidan señales económicas más claras.

Un mercado que se mueve por anticipación

El comportamiento actual del sector refleja más una reacción a la expectativa de cambio que una recuperación estructural confirmada. Si la transición política logra traducirse en estabilidad institucional, retorno de inversión extranjera y reactivación del crédito, el ajuste de precios podría consolidarse. De lo contrario, el mercado podría enfrentar una corrección.

Por ahora, el mercado inmobiliario venezolano avanza en una etapa de transición, marcada por optimismo prudente y decisiones que se toman más por percepción que por datos concretos.

De la caja negra a la caja blanca: por qué los agentes de IA no deben ser un misterio para las compañías

Por Sebastian Arriada, Chief Information Officer en Globant 

La inteligencia artificial, en particular, los agentes de IA, ya no es un experimento marginal: se ha convertido en un nuevo plano operativo que conecta datos y herramientas para ejecutar tareas de negocio de principio a fin. La pregunta ya no es si debemos adoptarlos, sino cómo hacerlo de forma confiable, auditable y segura.

Las cifras ayudan a dimensionar el reto y la oportunidad. Estimaciones de McKinsey apuntan a mejoras sustanciales en productividad —del orden del 14% por hora en resolución de problemas— cuando se integran estas capacidades en los flujos de trabajo. Al mismo tiempo, análisis del MIT sugieren que cerca del 95% de los pilotos de IA no llegan a producción. Es decir, el potencial es real, pero el costo del ensayo y error sin método también lo es. Evitar la “caja negra” exige tres fundamentos: viabilidad, seguridad y responsabilidad por diseño, y trazabilidad de extremo a extremo.

Viabilidad antes que hype

Un error es pensar que todos los problemas se resuelven con agentes de IA. Todo proyecto debe comenzar con un caso específico de uso, métricas de éxito acordadas y un dueño de negocio responsable. Los agentes son especialmente valiosos en automatización de procesos repetitivos, asistencias a decisiones basadas en contexto y análisis de tendencias.

Podemos pensar en la asistencia a un analista financiero que busca oportunidades de negocio en la base de datos de sus clientes; a un responsable de logística que necesita resolver los cuellos de botella en un centro de almacenamiento; o un equipo de ciberseguridad de bancos para identificar rápidamente movimientos sospechosos.

La premisa de empezar por problemas acotados y medibles, con restricciones operativas claras y un seguimiento frecuente, es clave para ganar experiencia y confianza antes de abordar los desafíos más complejos de la organización.

Supervisión y responsabilidad humana

El valor de un agente depende de los datos y de las herramientas a las que accede; por tanto, la superficie de riesgo crece con su utilidad. La respuesta no es aislarlos, sino gobernarlos con el mismo rigor que cualquier sistema crítico.

Los procesos de autenticación y autorización son ineludibles, y el tratamiento de datos debe alinearse con las políticas de la compañía. También es esencial aplicar el principio de mínimo privilegio, es decir, el acceso estrictamente necesario, así como controles de cifrado y supervisión acordes al nivel de riesgo.

Asimismo, es fundamental exigir acuerdos empresariales robustos con proveedores de modelos y plataformas que incluyan: la prohibición de entrenar con nuestros datos, controles de retención y residencia, cláusulas de auditoría, anexos de protección de datos y certificaciones de seguridad. El sustento legal, como las bases y condiciones, son una obligación para los acuerdos transparentes. En el falso dilema entre máquinas contra personas, es la supervisión humana la firma de garantía de la tecnología.

Trazabilidad que merezca auditoría

Sin embargo, la principal  manera de disipar la idea de “caja negra” es la transparencia operativa. Un agente debe dejar un rastro verificable de lo que vio, lo que decidió y lo que hizo, al igual que se exige a las personas.

El registro puede incluir los prompts, las herramientas utilizadas y los datos consultados, las interacciones con modelos, y las identidades y permisos empleados. Básicamente, toda actividad que permita reproducir el comportamiento del agente. Esta información permite entender cómo llegó a un resultado, sugerir correcciones y reportar fallas.

Los temores de seguridad ya aparecieron en transformaciones previas como la digital. La pregunta que surge es: ¿cómo puedo confiar en que un agente de IA funcionará y no compartirá los datos con la competencia? Viabilidad, seguridad, responsabilidad y trazabilidad son los puntos de partida. A partir de ahí, cada empresa decidirá cómo continúa su propia historia.