El gerente general del Instituto Peruano de Economía, Carlos Gallardo, consideró que las instituciones involucradas deberían pedir más presupuesto a medida que avancen en las acciones que tengan vinculadas a ese fin.

La nueva estrategia contra minería ilegal debe ser articulada, cumplir tiempos y estar vinculada al presupuesto público, aseveró el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo.

El vocero del IPE saludó el anuncio de la PCM para que la Sucamec y la Sunat tengan roles protagónicos en la lucha contra la minería ilegal en el país. Sin embargo, anotó que más que instituciones se necesitan estrategias articuladas y vinculantes entre todas las instituciones involucradas.

“Hay que aprovechar la experiencia que tiene a Sunat en estas acciones, el control de insumos químicos, de evaluar la actividad económica de las empresas vinculadas a esta actividad en toda la línea del Corredor del Sur, por ejemplo, para dar con una serie de actores a los que se les pueda fiscalizar de una manera más cercana, para identificar estas acciones ilegales”, sostuvo en conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Asimismo, Gallardo indicó que la estrategia para combatir la minería ilegal y las acciones a realizar deben estar vinculadas al presupuesto público destinado para tal fin.

“Las instituciones que formen parte (de la estrategia) deben cumplir metas de acuerdo con el presupuesto. No deberían pedir presupuesto para nada más a medida que avancen en las acciones que tengan vinculadas a estos propósitos”, enfatizó.

Articulación importante

Según el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García, un total de 18 entidades trabajan en conjunto en esta nueva política.

El economista consideró importante la articulación en la estrategia, “las acciones vinculantes, deben ser concretas, con hitos y tiempos, con un líder y un equipo suficiente”.

“He escuchado al alto comisionado (de la PCM) decir que tiene tres personas en su equipo, pero es difícil articular con esa cifra con 15 o 20 entidades”, cuestionó.
Resaltó que la estrategia que se plantee va a necesitar de un liderazgo acompañado de la PCM y de la misma presidenta Dina Boluarte.

Más acciones con inteligencia

El vocero del IPE añadió que, si bien es oportuno y necesario, la minería ilegal no únicamente requiere el seguimiento a los insumos, explosivos, maquinaria, etc.

“El trabajo de inteligencia que también debe hacerse a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la información que tiene Sunat y las fuerzas del orden” refirió, sin dejar de lado la constante destrucción de dragas y equipos con los que cuentan la minería ilegal.

En el proceso de formalización minera dijo también “tiene que haber mucha inteligencia”, y ser resuelto sin ampliaciones y con sanciones.

“Que se arme un registro y avanzar sobre la base de ese mismo, vincular a los trabajadores y no se debe encontrar a una persona que esté explotando la mina con una autorización correspondiente. Necesitamos mucho mayor presencia de las fuerzas del orden, ya se tienen identificado los lugares donde esta actividad es más fuerte, Madre de Dios, Pataz, Trujillo”, comentó al IIMP.

Además, aseveró que es crucial la trazabilidad en las plantas de beneficio y usar el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (REPCO).

“Hay como 12 mil registrados en el REPCO, cuál es el nivel de control que se está ejerciendo sobre ellos”, cuestionó.

También mencionó que se debe brindar una alternativa de desarrollo económico a este grupo de mineros ilegales.

“Qué les damos a estas personas que trabajan en la minería ilegal porque necesitan subsistir. En muchos casos es la única actividad donde pueden percibir ingresos, hay que ir desarrollando actividades económicas viables para ellos”, dijo Gallardo.

Finalmente, para Gallardo es necesaria la cooperación transfronteriza. “Necesitamos llevar esto a nivel internacional, con Colombia, Brasil y Bolivia, donde hay bastante presencia de minería ilegal por las vías de escape que hay para esta actividad”, concluyó.

El gerente general del IIMP apuntó que la minería ilegal no puede ser abordada solo por el Minem, sino que debe ser un esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado.

La nueva Ley MAPE no debe permitir que la ilegalidad se infiltre nuevamente en el proceso de formalización minera, sostuvo Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El proyecto de la nueva Ley para la Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape) fue aprobada por el Ejecutivo en noviembre pasado y enviado al Poder Legislativo para su debate. La propuesta reemplazaría al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

“Es importante que la ley de formalización se promulgue, ya que es un componente esencial en la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal. Debemos asegurarnos de que la Ley MAPE no permita que la ilegalidad se infiltre nuevamente, como ha sucedido con el Reinfo, que ha sido utilizado para actividades ilegales, creciendo de manera exponencial”, comentó.

Ilegalidad en la minería

De Vinatea manifestó que el Perú enfrenta un gran desafío no solo en minería, sino en todos los sectores económicos, ya que la informalidad es un problema transversal en nuestra economía.

“La minería ilegal, en particular, ha logrado camuflarse detrás de la minería pequeña e informal, creando un problema de criminalidad que va más allá de la simple formalización. Esto ha llevado a que distintas zonas del país no tengan presencia del Estado, provocando un incremento en la violencia, donde las empresas deben contratar seguridad privada”, mencionó en entrevista con un medio local.

Asimismo, De Vinatea agregó que la minería ilegal no puede ser abordada únicamente por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para enfrentar esta grave amenaza.

“El control de insumos y la lucha contra el lavado de activos son fundamentales. La fiscalización debe ir más allá de un solo ministerio, pues el problema de la minería ilegal ha crecido y requiere una respuesta coordinada del Estado en su conjunto”, anotó.

Además, el general general del IIMP señaló que el Perú destina uno de los presupuestos más bajos a la fiscalización de normativas en comparación con otros países.

“Debemos aprender de experiencias exitosas en otros países de Latinoamérica que han enfrentado la formalización. La falta de cumplimiento normativo es un desafío. La seguridad jurídica es vital, pero si las normas no se cumplen, se pierde su efectividad”, enfatizó.

Convención Minera

De Vinatea resaltó que este año PERUMIN, uno de los eventos mineros más importante de América Latina que se llevará a cabo del 22 al 26 de setiembre, cumple 70 años.

“La respuesta del sector ha sido muy positiva; en solo un mes se vendieron todos los stands, lo que indica que las empresas tienen grandes expectativas para el futuro”, sostuvo.

Comentó que este año, el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, será el orador principal en PERUMIN 37, que en esta edición contará con la participación de 11 países.

“Estamos evaluando la posibilidad de expandir la infraestructura en Cerro Juli. Además, este PERUMIN introducirá la Alameda de la Academia, un espacio dedicado a conectar el mundo académico con el sector minero, con 24 espacios disponibles para universidades e institutos de investigación”, culminó.