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Perú impulsa proyectos eólicos por más de US$1.073 millones en cuatro regiones

El Ministerio de Energía y Minas del Perú informó que Arequipa, Ica, Piura y Lambayeque concentran cinco proyectos de energía eólica con una capacidad de 988,2 MW, orientados a diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad eléctrica.

El Perú avanza en el desarrollo de energías renovables con cinco proyectos de centrales eólicas que cuentan con concesión definitiva de generación. Estas iniciativas se ejecutan en las regiones de Arequipa, Ica, Piura y Lambayeque.

Según el Ministerio de Energía y Minas del Perú, estos proyectos suman una capacidad instalada total de 988,2 megavatios (MW) y una inversión estimada de US$1.073,6 millones.

Aporte a la matriz energética y al SEIN

Las centrales eólicas forman parte de la cartera de proyectos que abastecerán al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), contribuyendo a incrementar la generación eléctrica con recursos renovables y a reducir la dependencia de fuentes tradicionales.

Este avance se alinea con la estrategia de diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento de la seguridad eléctrica a nivel nacional.

Proyectos por región

En Arequipa se desarrollan dos iniciativas: el Parque Eólico Caravelí, actualmente en construcción con una capacidad de 219,6 MW, y el Parque Eólico Muyu, en fase de estudios, con 142,6 MW.

En Ica se impulsa el Parque Eólico Guarango, con una capacidad de 330 MW.

Por su parte, en Piura se ejecuta el Parque Eólico Emma, que contará con 72 MW; mientras que en Lambayeque se prevé la Central Eólica Mórrope, con una capacidad de 224 MW.

Impacto económico y sostenibilidad

El director general de Eficiencia Energética del Minem, Jhonwert Retamozo Güere, destacó que estos proyectos reflejan el compromiso del sector con un sistema eléctrico más sostenible y competitivo.

Además de incrementar la generación renovable, estas inversiones contribuirán a dinamizar las economías regionales y generar nuevas oportunidades de empleo.

El Minem reafirmó que continuará promoviendo inversiones en energías limpias como parte de su política de desarrollo sostenible y fortalecimiento del sector energético.

Producción de zinc en Perú cae 1,1% en febrero, pero crece 6,1% en el acumulado

El Ministerio de Energía y Minas del Perú reportó que Compañía Minera Antamina S.A., Volcan Compañía Minera S.A.A. y Nexa Resources Perú S.A.A. lideran la producción nacional de zinc, concentrando el 41,7% del total.

La producción nacional de zinc alcanzó en febrero un total de 108.305 toneladas métricas finas (TMF), lo que representó una ligera contracción de 1,1% en comparación con el mismo mes del año anterior (109.460 TMF).

Según el Ministerio de Energía y Minas del Perú, esta disminución se explica principalmente por la menor producción de Compañía Minera Antamina S.A. (-33,2%) y Compañía Minera Chungar S.A.C. (-13,7%).

Crecimiento acumulado en el inicio de 2026

A pesar de la caída mensual, la producción acumulada a febrero sumó 213.652 TMF, lo que representa un incremento de 6,1% frente a similar periodo de 2025 (201.315 TMF).

Este resultado refleja una recuperación parcial del sector en los primeros meses del año, impulsada por el desempeño de otras operaciones mineras.

Principales productores de zinc en Perú

A nivel de empresas, se mantuvo el liderazgo de Compañía Minera Antamina S.A., que concentró el 23,6% de la producción nacional.

Le siguieron Volcan Compañía Minera S.A.A. con el 10,2% y Nexa Resources Perú S.A.A. con el 7,9%.

En conjunto, estas tres compañías representaron el 41,7% de la producción total de zinc en el país, consolidando su posición como actores clave del sector.

Áncash lidera producción por regiones

A nivel departamental, Áncash se mantuvo como la principal región productora, con el 28,2% del total nacional.

Le siguieron Junín con el 19,6% y Lima con el 15,1%, configurando el eje central de la producción minera de zinc en el país.

Subempleo profesional en Lima crece: más de 328 mil universitarios con bajos ingresos

Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan que más de 328 mil egresados universitarios en Lima trabajan sin cubrir la canasta básica, evidenciando un deterioro estructural del mercado laboral y una menor rentabilidad de la educación superior.

El mercado laboral peruano enfrenta un problema estructural creciente: el subempleo profesional. Solo en Lima Metropolitana, 328.300 personas con educación superior universitaria se encuentran en situación de subempleo por ingresos, es decir, trabajan pero no logran cubrir ni el 50% del costo de la canasta básica familiar.

De acuerdo con el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta cifra corresponde al trimestre enero-febrero-marzo de 2026 y representa un incremento de 21,1% frente al mismo periodo del año anterior.

Un problema estructural que se agrava

La magnitud del problema se vuelve más evidente al compararlo con la etapa prepandemia. En 2019, el número de universitarios en subempleo por ingresos era de 138.600, lo que implica un aumento de más del 130% en los últimos años.

El economista laboral Fernando Cuadros advierte que este fenómeno se ha consolidado como un problema estructural, agravado tras las recesiones de 2020 y 2023, que limitaron la generación de empleo formal y de calidad.

Crecimiento económico insuficiente y baja generación de empleo

Uno de los factores centrales detrás de esta situación es el bajo dinamismo económico. Con un crecimiento promedio del PBI cercano al 3% anual, la economía peruana no logra generar suficientes puestos de trabajo formales para absorber a la creciente población calificada.

A ello se suma el impacto de las crisis recientes, que redujeron la capacidad del mercado para crear empleo de calidad, especialmente en sectores intensivos en mano de obra profesional.

Desconexión entre educación y mercado laboral

Otro factor clave es la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado. La socióloga Alejandra Dinegro señala que existe una “desarticulación permanente” entre lo que se enseña y lo que demandan las empresas.

Esta desconexión se refleja en la alta inadecuación ocupacional: más de la mitad de los profesionales en el país trabajan en actividades que no están relacionadas con su formación, lo que impacta directamente en sus ingresos.

Mayor acceso al empleo, pero no de calidad

En paralelo, la población ocupada con educación universitaria en Lima Metropolitana alcanzó los 1 millón 888 mil trabajadores en 2026, un aumento de 8,2% respecto al año anterior.

Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en mejores condiciones laborales. Muchos profesionales terminan insertándose en pequeñas y medianas empresas, donde predominan salarios más bajos y menor estabilidad.

Impactos: informalidad, migración y menor productividad

Las consecuencias de esta tendencia ya son visibles. Por un lado, se incrementa la informalidad, ya que muchos profesionales optan por el autoempleo en condiciones precarias. Por otro, se intensifica la migración de talento calificado hacia mercados con mejores oportunidades.

Además, este fenómeno tiene implicancias macroeconómicas: menor productividad, menor innovación y un desaprovechamiento del capital humano.

Retos y perspectivas

Especialistas coinciden en que revertir esta situación requiere una combinación de crecimiento económico sostenido, mejora en la calidad educativa y una mayor articulación entre el Estado, el sector privado y el sistema educativo.

Sectores como manufactura, agroindustria, turismo y metalmecánica podrían convertirse en motores de empleo formal si se implementan políticas de diversificación productiva.

De no abordarse estos desafíos, el país continuará enfrentando una paradoja cada vez más evidente: más profesionales, pero con menos oportunidades reales de desarrollo.

Venezuela solicita al FMI acceso a USD 5.000 millones para reactivar economía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) liberar cerca de USD 5.000 millones en Derechos Especiales de Giro para financiar infraestructura, estabilizar la economía y recuperar ingresos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con el objetivo de solicitar acceso a los recursos que el país mantiene en ese organismo.

Se trata de aproximadamente USD 5.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), activos de reserva internacional que el FMI asigna a sus países miembros para fortalecer su liquidez.

Rodríguez señaló que estos recursos serían destinados a recuperar infraestructura clave, como sistemas de electricidad y agua, así como a impulsar la estabilidad macroeconómica y mejorar el ingreso de los trabajadores.

Fondos clave en un nuevo escenario financiero

La solicitud se produce en un contexto de normalización de las relaciones entre Venezuela y organismos multilaterales. Tras varios años de restricciones, el FMI confirmó que el país podría acceder a cerca de USD 4.900 millones en DEG, lo que abre la puerta a financiamiento internacional.

Este cambio forma parte de un proceso más amplio de reintegración al sistema financiero global, luego de años de aislamiento y limitaciones en el acceso a recursos externos.

Uso de recursos y retos pendientes

Aunque el gobierno venezolano asegura contar con “proyectos claros” para el uso de estos fondos, no se han detallado las medidas específicas para alcanzar los objetivos planteados.

Además, desde el FMI se ha señalado que uno de los principales desafíos será la recuperación de la transparencia en los datos macroeconómicos, condición clave para avanzar en cualquier programa de financiamiento o asistencia técnica.

Perspectiva económica

El eventual acceso a estos recursos podría representar un alivio para la economía venezolana, permitiendo fortalecer reservas, financiar servicios básicos y avanzar en la estabilización monetaria.

Sin embargo, el impacto dependerá de la capacidad de ejecución de proyectos, la continuidad del proceso de apertura financiera y la recuperación de la confianza internacional.

EE. UU. amplía conflicto con Irán al Indo-Pacífico y complica negociaciones

La interceptación de buques iraníes en el océano Índico por parte de Estados Unidos extiende el conflicto más allá del golfo Pérsico, elevando la presión sobre Irán y reduciendo las posibilidades de una salida negociada en el corto plazo.

La estrategia de Estados Unidos para contener a Irán ha dado un nuevo giro con la extensión de sus operaciones al Indo-Pacífico. La reciente interceptación de un petrolero en el océano Índico evidencia que Washington está cumpliendo su objetivo de rastrear embarcaciones vinculadas a Teherán a nivel global.

Este movimiento amplía el alcance del conflicto más allá del estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, lo que podría dificultar cualquier intento de negociación de paz al incrementar la presión militar y diplomática.

Intercepción de petroleros y control marítimo global

Datos de seguimiento marítimo muestran que el buque cisterna M/T Tifani, con capacidad para transportar hasta 2 millones de barriles de crudo, fue interceptado entre Sri Lanka e Indonesia, a más de 2,000 millas del golfo Pérsico, dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (INDOPACOM).

La operación fue ejecutada con apoyo de la base marítima expedicionaria USS Miguel Keith, lo que refleja la capacidad logística y militar de la Armada estadounidense para ejecutar operaciones en alta mar.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para desarticular la denominada “flota oscura”, utilizada para transportar petróleo iraní y otros recursos estratégicos en el marco de sanciones internacionales.

Mayor presión y menor margen para la negociación

La expansión de estas operaciones hacia aguas internacionales incrementa la presión sobre Irán, pero también amplía la brecha para alcanzar un eventual acuerdo. Desde Teherán, las autoridades han calificado estas acciones como una violación del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

En respuesta, Irán ha evitado participar en nuevas rondas de diálogo, lo que evidencia un endurecimiento de su postura frente a la estrategia estadounidense.

Impacto geopolítico y riesgos para el mercado global

Analistas advierten que la ampliación del conflicto podría elevar la tensión en rutas clave del comercio energético, como el estrecho de Malaca, y generar mayor volatilidad en los mercados internacionales.

En ese contexto, el uso de operaciones en alta mar —donde existe mayor margen de maniobra militar— refuerza la capacidad de control de Estados Unidos, pero también incrementa el riesgo de escalada en un escenario geopolítico ya altamente tensionado.