El Ministerio de Economía advierte que la aplicación inmediata de los beneficios laborales tendría un costo de S/3.500 millones y plantea una implementación gradual para evitar impacto fiscal.
La implementación de la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS continúa generando tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que, sin un mecanismo de aplicación progresiva, estos beneficios podrían no ejecutarse pese a haber sido aprobados por ley.
El titular del MEF, Rodolfo Acuña, señaló que el Gobierno no se opone al otorgamiento de estos derechos laborales, pero insistió en que su incorporación debe ser gradual para garantizar su financiamiento y no comprometer la sostenibilidad fiscal.
Costo fiscal estimado en S/3.500 millones
Según estimaciones del MEF, la aplicación inmediata de la Ley 32563 implicaría un gasto cercano a S/3.500 millones, monto que no está contemplado dentro del crédito suplementario en evaluación.
Por ello, el Ejecutivo propuso incluir una disposición de implementación escalonada. Sin embargo, la Comisión de Presupuesto del Congreso retiró dicho artículo del predictamen y anunció que presentará una nueva alternativa normativa.
El ministro indicó que el Gobierno espera la nueva propuesta del Congreso para evaluar un esquema viable que permita ejecutar la ley sin afectar las finanzas públicas.
Riesgo de no ejecución de beneficios CAS
Acuña advirtió que, si no se aprueba un mecanismo de gradualidad, los trabajadores CAS podrían no llegar a recibir la gratificación ni la CTS, debido a la falta de financiamiento inmediato.
Asimismo, precisó que la norma anterior ya fue derogada, lo que podría generar un vacío en la implementación si no se define una nueva fórmula de aplicación.
En ese sentido, reiteró la necesidad de establecer un cronograma progresivo que permita cumplir con la ley y asegurar la asignación presupuestal correspondiente.
Congreso prepara nueva fórmula de implementación
Tras retirar la disposición sobre gradualidad, la Comisión de Presupuesto informó que elaborará una nueva propuesta para destrabar la aplicación de la Ley 32563.
El grupo de trabajo busca una alternativa técnicamente viable y fiscalmente responsable que permita atender las demandas laborales sin afectar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El debate continuará en la próxima sesión de la comisión, donde se evaluará una nueva fórmula de implementación de los beneficios para trabajadores CAS.
