El dictamen aprobado en comisión busca eliminar concesiones ociosas y dinamizar el sector, aunque genera preocupación por su impacto en la inversión minera.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó por mayoría un dictamen que modifica la Ley General de Minería, con el objetivo de fortalecer el régimen de concesiones y reducir la acumulación de proyectos sin actividad productiva.
La iniciativa, que obtuvo 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, plantea una reducción significativa del plazo de caducidad de las concesiones mineras inactivas, pasando de 30 a 15 años.
Nuevo esquema de caducidad y exigencias
El dictamen establece que las concesiones que no registren actividad serán declaradas en caducidad definitiva en un plazo máximo de 15 años. Como parte de los cambios, se incorpora la obligación de que el titular acredite, al décimo año, el cumplimiento de dos condiciones clave: haber alcanzado la producción mínima anual exigible por hectárea y haber realizado una inversión mínima.
En caso de incumplimiento, se contempla una prórroga de hasta cinco años, durante la cual el concesionario deberá pagar una penalidad. Si al término del año 15 no se cumplen los requisitos, la autoridad minera podrá declarar la caducidad de la concesión, previa notificación y con un plazo de subsanación no mayor a 12 meses.
Corrección de un catastro sobredimensionado
Según el dictamen, la modificación responde a la necesidad de corregir un catastro minero considerado sobredimensionado e ineficientemente utilizado, caracterizado por la acumulación de concesiones sin desarrollo productivo.
El objetivo central es liberar áreas para nuevos proyectos con potencial de inversión, promoviendo una mayor dinamización del sector y una asignación más eficiente de los recursos mineros.
Preocupación por impacto en la inversión
El documento recoge posturas divididas dentro del sector. Si bien existe consenso técnico sobre la necesidad de reducir concesiones ociosas y mejorar la eficiencia del sistema, también se advierte preocupación por posibles efectos en la competitividad y la atracción de inversiones.
Algunos actores empresariales y el propio Ministerio de Energía y Minas han señalado que los cambios podrían afectar proyectos de largo plazo, donde los tiempos de maduración suelen superar los nuevos plazos propuestos.
Siguiente etapa legislativa
El dictamen deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. De ser aprobado, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de promulgar la norma u observarla, en un contexto donde el equilibrio entre dinamización del sector y seguridad jurídica será clave para el futuro de la inversión minera en el país.
