Un proyecto del Ministerio de Energía y Minas redefine la evaluación de integraciones en el sector eléctrico, impactando a Luz del Sur y reintroduciendo el rol de INDECOPI.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó un proyecto de Decreto Supremo que establece nuevas condiciones para evaluar la integración vertical en el sector eléctrico, un ajuste regulatorio que impacta directamente a Luz del Sur, principal distribuidora de Lima.
La medida introduce mayor claridad normativa en un tema históricamente sensible para la competencia, sin impedir que las empresas continúen desarrollando proyectos de generación mediante inversión propia.
Un cambio regulatorio con impacto en el mercado
Desde la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas en 1992, el Perú prohíbe la integración vertical —es decir, que una empresa controle simultáneamente generación y distribución— para evitar distorsiones en precios y competencia.
Sin embargo, vacíos normativos permitieron que empresas como Luz del Sur incursionen en generación a través de proyectos “greenfield”, como la central hidroeléctrica Santa Teresa I en Cusco.
Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 31112, se estableció un control previo general de concentraciones empresariales a cargo de INDECOPI, aunque sin abordar de forma explícita el crecimiento orgánico.
Nuevo umbral y retorno de INDECOPI
El proyecto normativo del MINEM introduce un umbral del 30% de participación en generación o distribución. De superarse este límite, las empresas deberán notificar obligatoriamente a INDECOPI, que retoma un rol activo en la evaluación de estas operaciones.
Este cambio implica una mayor supervisión sobre futuras inversiones, particularmente en casos como el de Luz del Sur, que viene impulsando nuevos proyectos de generación.
Expansión en generación y proyectos en cartera
La compañía, actualmente controlada por capitales chinos a través de China Three Gorges, ha proyectado iniciativas como la central hidroeléctrica Santa Teresa II, con una inversión estimada de US$600 millones y una capacidad de 280 MW.
Además, evalúa nuevos desarrollos en generación hidroeléctrica y energía solar, aunque estos aún se encuentran en etapa de análisis interno.
Debate: ¿más burocracia o mayor predictibilidad?
Desde la empresa, se considera que la nueva reglamentación introduce una barrera adicional innecesaria. Argumentan que el sistema ya cuenta con mecanismos como las licitaciones públicas supervisadas por el Osinergmin, que garantizan competencia en la contratación de energía.
Según la compañía, estos procesos impiden que una distribuidora favorezca a generadoras vinculadas, ya que la adjudicación depende del mejor precio ofertado.
No obstante, el MINEM sostiene que, aunque los riesgos han sido parcialmente mitigados, la regulación es necesaria para cumplir con el marco legal vigente y fortalecer la supervisión del mercado.
Factor inversión china y concentración de mercado
El debate también incorpora el creciente peso de inversiones chinas en el sector eléctrico peruano. A los proyectos de Luz del Sur se suman activos como Chaglla, San Gabán III y diversas centrales renovables, elevando la participación conjunta a cerca del 10% del mercado de generación.
Si bien la normativa peruana evalúa la concentración a nivel de grupos empresariales —y no por nacionalidad—, especialistas advierten que el tema podría adquirir relevancia en el debate regulatorio y político.
Un equilibrio entre inversión y competencia
El nuevo marco propuesto busca equilibrar la promoción de inversiones en infraestructura energética con la necesidad de preservar condiciones de competencia.
En este contexto, la evolución del reglamento será clave para definir el ritmo de nuevos proyectos y el grado de participación de actores privados en un sector estratégico para el crecimiento económico del país.
