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Club Petroperú y privilegios bajo la lupa en plena crisis financiera

Mientras la petrolera estatal arrastra más de US$5.000 millones en deudas, resurgen cuestionamientos por beneficios laborales, clubes sociales y activos inmobiliarios que podrían entrar en un proceso de venta.

La profunda crisis financiera de Petroperú vuelve a poner en el centro del debate no solo su viabilidad económica, sino también los privilegios y activos no estratégicos que mantiene la empresa estatal. Esto ocurre en paralelo a los intentos de un sector del Congreso por derogar el proceso de reorganización, mientras el Ejecutivo evalúa alternativas para generar recursos y enfrentar una deuda que supera los US$5.000 millones.

Según información revelada por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, la petrolera destina alrededor de S/270 millones anuales a beneficios laborales, una cifra que no incluye sueldos. Este gasto ha reavivado las críticas sobre la sostenibilidad de la empresa y el uso de recursos públicos en un contexto de severas restricciones fiscales.

El Club Petroperú, un símbolo de las gollerías

Uno de los activos que más atención ha generado es el Club Petroperú, ubicado en la avenida Club Golf Los Incas, en Santiago de Surco. El inmueble, adquirido en 1973 y con una extensión aproximada de 18.000 m2, alberga diez canchas deportivas, ocho salones sociales y diversos servicios recreativos. Actualmente cuenta con más de 1.000 asociados titulares.

Aunque el club fue concebido principalmente para trabajadores de la estatal, también permite la afiliación de externos, quienes deben pagar una cuota de ingreso de US$1.000 y contar con el aval de dos socios. El valor del inmueble superaría los US$23 millones. Si bien Petroperú es propietaria del predio, cedió su uso a la Asociación Civil Club Petroperú sin recibir contraprestación, según su memoria anual de 2022, y ha solicitado formalmente la devolución del bien.

Este club podría formar parte de la lista de inmuebles que la empresa evalúa vender para obtener liquidez, aunque hasta ahora no se ha difundido un detalle oficial de los activos que entrarían en ese proceso.

Otros clubes y propiedades bajo cuestionamiento

El Club Petroperú no es el único espacio recreativo vinculado a la estatal. En Talara, núcleo de sus operaciones, existe un club social con piscina destinado a los trabajadores. Además, en 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala, se construyó una cancha sintética cuyo monto fue declarado reservado. A ello se suma el Club Punta Arenas, un espacio de uso más exclusivo para altos directivos.

En Lima, Petroperú también es propietaria de dos casonas ubicadas en el parque El Olivar, en San Isidro, valorizadas en conjunto en aproximadamente US$8 millones. Una se encuentra en la avenida Los Incas y cuenta con más de 2.200 m2, mientras que la otra está en la calle Pallardelli. Ambas fueron utilizadas como archivo y hoy permanecen abandonadas, lo que refuerza el debate sobre la gestión de activos improductivos.

Tensión laboral y amenaza de huelga

En paralelo, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas anunció una reunión con los sindicatos de la petrolera para evaluar un decreto de urgencia. Sin embargo, los trabajadores ya han anunciado una huelga nacional de 72 horas y exigen la renuncia de la ministra.

En declaraciones difundidas por RPP, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú, Rafael Noblecilla, atribuyó la crisis de Petroperú a la actual conducción del MEF, pese a que la ministra lleva solo tres meses en el cargo.

El debate sobre el futuro de Petroperú se intensifica así entre presiones políticas, reclamos sindicales y la urgencia de corregir desequilibrios financieros, en un escenario donde los privilegios y activos no estratégicos vuelven a ser cuestionados por su impacto en las finanzas públicas.

Censo minero y reingeniería: Minem busca ordenar la pequeña minería y acelerar la formalización

El Ministerio de Energía y Minas anunció un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para depurar el Reinfo, combatir la minería ilegal y cumplir la meta de formalizar a 30.000 mineros en 2026.

El Ministerio de Energía y Minas anunció que realizará el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, una medida que busca identificar con precisión a los mineros inscritos y no inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, Reinfo, y destrabar uno de los procesos más sensibles de la economía extractiva peruana.

El director de la Dirección General de Formalización Minera, Wilfredo Portilla Barreda, explicó que el censo permitirá ubicar a los pequeños mineros con Reinfo activo y sincerar la información existente. Según indicó, se trata de un diagnóstico operativo para saber cuántos mineros están en proceso de formalización y cuántos operan al margen de la ley. Los primeros deberán ser apoyados para lograr una economía saneada, mientras que los segundos serán combatidos por tratarse de minería ilegal.

Depuración del Reinfo y simplificación de normas

Portilla señaló que el censo servirá como base para adecuar normas y dispositivos complementarios, con el objetivo de simplificar procedimientos que hoy resultan lentos y engorrosos. En ese sentido, anunció una reingeniería interna en la Dirección General de Formalización Minera, orientada a mejorar la eficiencia administrativa y acelerar los plazos.

Otro punto crítico identificado es la transferencia documentaria y la coordinación con los gobiernos regionales. Actualmente, solo siete regiones cuentan con Direcciones Regionales de Energía y Minas dentro de su estructura orgánica, lo que genera cuellos de botella en la formalización. El Minem buscará coordinar directamente con los gobiernos regionales para dar mayor viabilidad y velocidad a los procesos.

Propuesta de un banco minero privado

Como parte de su enfoque de largo plazo, el funcionario adelantó que propondrá a los pequeños mineros y mineros artesanales la creación del Banco Minero del Perú, concebido como una entidad privada y gestionada por los propios productores. Portilla descartó que el Estado administre esta iniciativa, aludiendo a experiencias pasadas poco exitosas.

La propuesta plantea un accionariado difundido entre los propios mineros. Según sus estimaciones, la pequeña minería y la minería artesanal involucran directamente a unas 500.000 personas y, de manera indirecta, a cerca de 5 millones de peruanos. Si cada minero aportara el equivalente a un gramo de oro, valorizado en alrededor de 100 dólares, se podría constituir un capital inicial cercano a los 50 millones de dólares para impulsar financiamiento formal en el sector.

Meta 2026 y lucha contra la minería ilegal

Portilla afirmó que la reingeniería de la DGFM permitirá cumplir la meta de formalizar a los 30.000 mineros inscritos en el Reinfo hasta diciembre de 2026, y subrayó que su gestión será estrictamente técnica, sin presiones políticas. En paralelo, remarcó que el combate a la minería ilegal será una prioridad, especialmente en zonas prohibidas como reservas naturales, áreas protegidas y sitios arqueológicos.

Finalmente, anunció que el sector impulsará la aprobación de la Ley MAPE, orientada a dar un marco legal específico a la pequeña minería y la minería artesanal, y descartó cualquier vínculo personal con la minería ilegal o con partidos políticos, destacando su trayectoria académica y profesional en el sector minero privado.

Fondos soberanos y reforma petrolera: la nueva apuesta económica del Gobierno venezolano

Delcy Rodríguez anunció la creación de dos fondos soberanos y cambios legales clave para canalizar divisas hacia salarios, protección social e infraestructura, en un contexto de crecimiento económico y reformas energéticas.

Durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2025 ante la Asamblea Nacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un paquete de medidas orientadas a reorganizar el uso de divisas y reforzar el gasto social y productivo. La iniciativa central es la creación de dos fondos soberanos, uno de protección social y otro de infraestructura y servicios, que concentrarán cualquier ingreso en moneda extranjera que reciba el Estado.

“Cualquier divisa que ingrese, irá a dos fondos”, afirmó Rodríguez, al instruir formalmente a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanzas la puesta en marcha de estos mecanismos financieros. El objetivo, según explicó, es garantizar que los recursos se traduzcan directamente en beneficios para la población y en mejoras estructurales para el país.

Fondos para salarios, servicios e infraestructura

El primer fondo soberano estará orientado a la protección social y buscará mejorar los ingresos de trabajadores y trabajadoras, además de asegurar financiamiento directo para hospitales, escuelas, alimentación y vivienda. El segundo fondo se destinará a infraestructura y servicios básicos, con énfasis en agua, electricidad y vialidad, considerados pilares para el desarrollo económico y social.

Rodríguez sostuvo que este esquema permitirá transformar los ingresos por hidrocarburos en resultados concretos, priorizando áreas críticas en un contexto marcado por restricciones económicas y financieras.

Transparencia y nuevas leyes económicas

Para el seguimiento de los recursos, la presidenta encargada anunció la creación de una plataforma tecnológica de control, que supervise el uso de las divisas y evite prácticas asociadas a burocracia y corrupción. En paralelo, presentó un proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, orientado a proteger a los consumidores y garantizar la calidad de bienes y servicios, bajo un sistema de precios acordados y no punitivos.

Asimismo, introdujo un proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración de Trámites, inspirado en el modelo antibloqueo, que permitirá desaplicar normas que frenen la llegada de inversiones o dificulten procesos administrativos, con el objetivo de dinamizar la actividad económica.

Reforma petrolera y discurso político

En el ámbito energético, Rodríguez solicitó la aprobación de una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para incorporar los modelos productivos contemplados en la Ley Antibloqueo y blindarlos jurídicamente. La reforma apunta a facilitar flujos de inversión en nuevos campos petroleros, incluso en zonas que carecen de infraestructura previa.

Durante su intervención, la funcionaria contrastó el actual modelo con lo que calificó como etapas de “sumisión colonial” de gobiernos anteriores, y reafirmó que la nacionalización efectiva del petróleo se consolidó bajo el liderazgo de Hugo Chávez. También destacó que, bajo la gestión del presidente Nicolás Maduro, el país acumula 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico y una producción petrolera de 1.200.000 barriles diarios en 2025, atribuida al trabajo de PDVSA.

Gigante mundial de tableros de madera evalúa invertir en Paraguay

El interés del Grupo Kronospan refuerza el atractivo del país como polo forestal e industrial en Sudamérica, en un contexto de expansión exportadora y políticas públicas orientadas a la industrialización.

Según informó el diario La Nación de Paraguay, el CEO del Grupo Kronospan, Peter Kaindl, fue recibido este lunes por el presidente de la República, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga, en una reunión que puso en agenda el potencial de Paraguay para atraer inversiones forestales de gran escala. El director ejecutivo de la empresa, líder mundial en la fabricación y distribución de tableros de madera, destacó las políticas públicas de apoyo al sector forestal, consideradas clave para impulsar la industrialización del país.

Durante el encuentro, el mandatario paraguayo subrayó la importancia de agregar valor a los recursos naturales. “Apostamos a la industrialización de nuestros recursos para crear más y mejores oportunidades para todos los paraguayos”, señaló Peña en una publicación en redes sociales, donde precisó que Kaindl estuvo acompañado por Graciano Pereira, reconocido agroindustrial del sector arrocero.

Un acercamiento que viene desde 2025

El interés del Grupo Kronospan no es reciente. La posibilidad de una inversión se da casi un año después de la visita técnica realizada en febrero de 2025 a una planta de fabricación de tableros de fibra de densidad media, MDF, por parte del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y el viceministro de Comercio, Rodrigo Maluff. En aquella ocasión, ambos funcionarios se reunieron con Peter Kaindl como parte de una agenda orientada a la atracción de inversiones industriales en el sector forestal.

Este seguimiento evidencia una estrategia sostenida del Gobierno paraguayo para posicionar al país como destino competitivo para capitales vinculados a la transformación industrial de recursos forestales.

Kronospan, un actor global

Fundado en 1897 en Austria como una empresa familiar, el Grupo Kronospan cuenta actualmente con 40 plantas de producción, 15.000 empleados y presencia comercial en 123 países. Su portafolio incluye tableros de partículas, tableros de fibras de densidad media, suelos laminados, resinas para la industria maderera y tableros de fibras orientadas, OSB, utilizados ampliamente en construcción y mobiliario.

La posible llegada de una empresa de este tamaño representaría un salto cualitativo para la cadena forestal paraguaya, tanto en términos de inversión como de transferencia tecnológica y generación de empleo formal.

Un sector con fuerte potencial exportador

Entre enero y diciembre de 2025, Paraguay exportó 197.118 toneladas de productos forestales, por un valor FOB de USD 101,3 millones, de acuerdo con cifras oficiales. El Instituto Forestal Nacional, Infona, reportó además que el país cuenta con más de 8 millones de hectáreas aptas para plantaciones forestales.

A ello se suma un crecimiento de 66 % en las plantaciones forestales entre 2022 y 2024, un dato que refuerza el atractivo del país para inversiones de largo plazo orientadas a la industrialización y a la expansión de exportaciones con mayor valor agregado.

El acuerdo UE Mercosur reabre el debate sobre alimentos y pesticidas prohibidos

El tratado de libre comercio entre ambos bloques avanza, pero deja sin resolver uno de los puntos más sensibles, el ingreso de alimentos tratados con químicos vetados en Europa y sus posibles impactos económicos y sanitarios.

Todo está listo para que la Unión Europea y el Mercosur firmen este fin de semana, en Paraguay y Brasil, el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. El pacto pone fin a décadas de negociación, pero mantiene abiertos varios de los aspectos más controvertidos, especialmente el control de alimentos importados tratados con pesticidas y sustancias químicas prohibidas en territorio europeo por sus riesgos para la salud humana.

Negociadores latinoamericanos han reconocido dificultades para garantizar la trazabilidad del uso de fungicidas, insecticidas, antibióticos y hormonas que están vetados en la Unión Europea. Este problema, según denuncian organizaciones agrarias europeas, no fue resuelto en el texto definitivo del acuerdo, lo que genera preocupación entre productores y autoridades sanitarias del bloque comunitario.

Controles en frontera y tensiones internas en Europa

Desde la Comisión Europea aseguran que se reforzarán los controles en frontera para los contingentes de frutas, hortalizas y carne que llegarán desde Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Sin embargo, estas garantías no convencen a países como Francia, que ya anunció la aplicación de mecanismos de supervisión más estrictos a nivel nacional.

Los agricultores europeos advierten que el problema se origina mucho antes de que los productos lleguen a puertos o aeropuertos europeos, debido a la dificultad de controlar los procesos productivos en origen.

Sustancias químicas bajo la lupa

Cinco productos concentran las principales alertas, Carbendazim, Glufosinato, Mancozeb, Benomyl y Tiofanato metil. Aunque sus nombres técnicos resultan complejos, son de uso habitual en la agricultura latinoamericana, ya que nunca han estado prohibidos en la región, son de bajo costo y se utilizan de manera extendida, lo que complica su fiscalización.

En los análisis previos a la firma del acuerdo, estas sustancias aparecen vinculadas a prácticamente todas las exportaciones frutícolas del bloque sudamericano, como frutos rojos, peras, manzanas, cítricos, mango, papaya y palta, producto conocido en otros mercados como aguacate.

Hormonas y carne, un foco crítico

Aún más complejo resulta el control del uso de hormonas prohibidas en la Unión Europea, que siguen empleándose en el Cono Sur para el engorde de animales, especialmente cerdos y ganado vacuno. Un caso emblemático es el del Oestradiol 17 beta, utilizado en la cría de ganado en Brasil.

En 2024, con las negociaciones ya avanzadas, las autoridades brasileñas reconocieron ante Bruselas que se había autorizado el envío de carne tratada con esta hormona, lo que obligó a la Unión Europea a suspender temporalmente la importación de carne de vacuno brasileño.

Impacto comercial y desequilibrios

Con la creación de lo que ya se denomina la zona de libre comercio más grande del mundo, el volumen de alimentos que llegará a Europa será significativamente mayor, así como los desafíos para aplicar controles exhaustivos. El desequilibrio comercial entre ambos bloques ya es evidente, incluso antes de la entrada en vigor del acuerdo.

La balanza comercial es deficitaria tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea. En el caso español, destacan importaciones por 1.800 millones de euros en productos de soya y 380 millones de euros en café, frente a exportaciones más reducidas como el aceite de oliva, que supera ligeramente los 100 millones de euros, o el vino, que alcanzó 33,6 millones de euros en 2024.

El sector lácteo europeo aparece como uno de los potenciales beneficiados, al incrementarse su capacidad exportadora, mientras que las importaciones de crustáceos desde el Cono Sur, que superan los 300 millones de euros, podrían afectar al sector pesquero europeo.

Salvaguardias y ratificación pendiente

El acuerdo incluye cláusulas de salvaguardia para productos sensibles como la carne de vacuno, la carne de ave y el azúcar, limitando las importaciones a un máximo de entre 1% y 1,5% del consumo total del bloque comunitario, con el objetivo de proteger al sector agroalimentario europeo.

Aunque el pacto será ratificado políticamente este fin de semana, aún deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo, en una votación prevista para mayo. Hasta entonces, la entrada en vigor del acuerdo no será efectiva, manteniendo abierto un debate que combina comercio, salud pública y sostenibilidad económica.