Alain Di Natale, Director de la Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI), destaca la importancia de ejercer el derecho a la transparencia para asegurar una compra sin riesgos de paralizaciones o retrasos.

Comprar un inmueble es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Sin embargo, la complejidad de los contratos y el desconocimiento de las normativas vigentes suelen generar situaciones de vulnerabilidad que derivan en problemas futuros. Ante este escenario, resulta fundamental que los compradores comprendan que la ley les otorga mecanismos de protección específicos, donde conocer y ejercer sus derechos oportunamente marca la diferencia para asegurar que el sueño de la vivienda propia no se convierta en un conflicto.

Al respecto, Alain Di Natale, Director de la Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI) —asociación civil sin fines de lucro creada por la CODIP y CAPECO — destaca que la información y la transparencia es el pilar de una compra segura. El comprador tiene la facultad de exigir copias de la licencia de edificación y planos a la inmobiliaria o municipalidad para verificar la viabilidad del proyecto. Asimismo, la DCI resalta que la Ley 29571 – Ley de Protección y Defensa del Consumidor protege al usuario ante publicidad engañosa o retrasos injustificados, permitiendo reclamar si la oferta no coincide con lo entregado o si se incumplen los plazos sin causa demostrable.

Para garantizar una inversión segura, se sugieren las siguientes recomendaciones clave antes de concretar la compra:

• Desconfiar de precios anómalos: Es fundamental sospechar o desconfiar de los precios cuando estos se encuentran muy por debajo del promedio del mercado actual.
• Verificar la titularidad y legalidad: Asegurarse de que el predio pertenece realmente a quien lo está vendiendo, verificando la partida registral del inmueble y, en proyectos terminados, toda la documentación de la declaratoria de fábrica e independización ante la municipalidad o SUNARP.
• Exigir documentación técnica completa: Solicitar siempre la resolución de habilitación urbana, los planos aprobados de lotización y la licencia de edificación, instrumentos públicos administrativos que son una garantía para la futura construcción.
• Confirmar el respaldo financiero: Pedir a la inmobiliaria información sobre una fuente de financiamiento real y una estructura de financiamiento que esté debidamente aprobada por una institución financiera.
• Evaluar el estado del proyecto y garantías: Confirmar que el proyecto cuente con permisos vigentes y recordar que, por ley, las estructuras tienen una garantía mínima de 10 años, mientras que los acabados se rigen por la garantía del fabricante.
• Monitorear la inversión: En el caso de inversionistas, es vital exigir reportes periódicos de los avances físicos y financieros, así como revisar qué tipo de garantías (hipotecas o fideicomisos) otorga el desarrollador.

«Desde la Defensoría, nuestro compromiso es velar por el respeto a los derechos del comprador y asegurar que existan canales justos para resolver controversias con estricta imparcialidad y equidad. Buscamos fortalecer la confianza en el sector a través de la mediación como mecanismo de supervisión y la protección del patrimonio de las familias», señala Alain Di Natale, Director de la DCI. El Ejecutivo enfatiza que es vital leer con detalle cada cláusula del contrato, negociar con el Proveedor Inmobiliario en caso que corresponda y utilizar mecanismos de resolución de conflictos que promueven mediaciones ágiles, gratuitas y especializadas para el consumidor inmobiliario.

En caso de que necesites presentar un reclamo, la Defensoría del Cliente Inmobiliario (DCI) tiene un proceso fácil, gratuito y transparente. Puedes realizarlo si la empresa inmobiliaria está adherida, a través del formulario virtual disponible en el sitio web de la DCI. Deberás adjuntar documentos como tu DNI, contrato de compraventa, acta de entrega o cualquier otro que sustente tu reclamo y la relación de consumo. El trámite inicia con la evaluación de admisibilidad; luego se convoca una audiencia de mediación dentro de los 5 días hábiles, y si no se llega a un acuerdo, la DCI emitirá una resolución final en un plazo no mayor a 39 días hábiles. La resolución es vinculante para la inmobiliaria.