La norma, publicada el 16 de septiembre, reemplaza marcos legales anteriores y permitirá que el Estado y el sector privado desarrollen y/o ejecuten proyectos de infraestructura, servicios públicos, servicios vinculados a infraestructura y servicios públicos, investigación aplicada e innovación tecnológica bajo contratos de largo plazo. El nuevo marco legal unifica las reglas para Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos, busca cerrar la brecha de infraestructura y proyecta atraer más de US$ 30.000 millones en inversiones en los próximos años.

La Ley N.º 32441, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, establece en su Tercera Disposición Complementaria Final que toda referencia a los antiguos Decretos Legislativos 1012, 1224 y 1362 se entiende hecha a esta nueva norma.

“En la práctica, todos los contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y de Proyectos en Activos (PA) firmados antes de su vigencia seguirán válidos, pero quedarán automáticamente bajo el nuevo marco, sin necesidad de renegociación ni adendas”, explica José León, socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio en Benites, Vargas & Ugaz Abogados (BVU).

La ley entrará en vigor cuando se apruebe su reglamento, con plazo máximo hasta el 16 de noviembre de 2025, y será obligatoria para contratos nuevos y existentes en todos los niveles de gobierno.

La Ley 32441 establece un marco normativo único para todos los niveles de gobierno —nacional, regional y local—, brindando seguridad jurídica a los inversionistas y claridad a las entidades públicas. “Su principal valor es que ordena y actualiza reglas que estaban dispersas en varios decretos legislativos”, añade.

La norma se presenta en un momento en que el país necesita cerrar una brecha de infraestructura social cercana a US$ 150.000 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Solo en 2024, los proyectos adjudicados en modalidades APP y PA alcanzaron US$ 8.956 millones, casi cuatro veces lo adjudicado en 2023. El MEF proyecta que, con la nueva ley, se podrán viabilizar más de US$ 30.000 millones en proyectos de infraestructura, y que entre 2025 y 2026 se adjudicarán alrededor de 80 proyectos por un total de US$ 16.000 millones.

Qué regula la Ley 32441

Las APP son contratos de largo plazo entre el Estado y uno o más inversionistas privados para garantizar servicios óptimos en: (i) infraestructura pública, (ii) servicios públicos, (iii) servicios vinculados a infraestructura y servicios públicos, (iv) investigación aplicada y/o (iv) innovación tecnológica. Pueden implementarse mediante concesiones, contratos de operación y mantenimiento, gerencia u otras modalidades permitidas.

Los PA permiten la participación privada sobre bienes del Estado —por ejemplo, terrenos o inmuebles— mediante cesión en uso, arrendamiento, usufructo o superficie. Según León, “esta figura amplía las opciones para que el sector privado invierta en activos públicos sin perder de vista el interés general”.

Plazos y reglamentación

Aunque la ley ya está publicada, su aplicación plena comenzará el día siguiente a la aprobación de su reglamento, que debe emitirse a más tardar el 16 de noviembre de 2025. Algunas disposiciones —como el artículo 12 y varias Disposiciones Complementarias Finales— ya rigen desde el 17 de septiembre del presente año.
“Es fundamental que el reglamento precise los procedimientos y criterios técnicos. Ahí veremos cómo se aplicarán en la práctica las modalidades de contrato y los mecanismos de supervisión”, advierte León.

Impacto para el país

Con este marco, el Gobierno busca dinamizar la inversión en infraestructura y servicios, un paso clave para reducir brechas sociales. Perú, además, destaca en el escenario regional: el reporte Infrascope 2023/24 del BID ubicó al país en el quinto lugar entre 26 naciones de América Latina en preparación y sostenibilidad de proyectos APP, con una puntuación de 65,2 sobre 100, reforzando su posición como uno de los entornos más atractivos para la inversión privada en la región.

Para León, la norma “envía una señal de estabilidad y continuidad a los inversionistas, al mismo tiempo que fortalece el rol del Estado como garante del interés público”. Analistas del sector coinciden en que la unificación normativa puede agilizar procesos, aunque el éxito dependerá de una reglamentación clara y de la capacidad de las entidades para gestionar proyectos complejos.

El Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de preparar el reglamento y coordinar con las entidades de los tres niveles de gobierno. Si se cumple el cronograma, la Ley 32441 quedará plenamente operativa antes de fin de año, consolidando un nuevo escenario para la inversión privada en el país.