En una reciente controversia urbana, nuevos documentos legales reactivaron un proyecto comercial que impactaría la playa Las Sombrillas en Barranco, generando resistencia vecinal y cuestionamientos ambientales.
Un proyecto que vuelve a escena
La posibilidad de que una empresa privada tome control de un terreno contiguo a la playa Las Sombrillas volvió a encender la discusión pública. Un mandato judicial ordena ejecutar un laudo arbitral del 2014 que dispone la entrega de 10.000 m² a favor de Capital Properties S.A.C., reactivando una concesión aprobada en 2005.
Aunque la zona aún se mantiene en uso público, la orden judicial señala que ya no hay espacio para impugnaciones sobre la validez del contrato original.
Alcance real de la concesión
El proyecto contempla un centro comercial de dos niveles, áreas gastronómicas, casino y más de un centenar de estacionamientos. Aunque la empresa sostiene que no interveniría directamente en la playa, diversas áreas colindantes sí se verían afectadas, desde losas deportivas hasta zonas verdes vinculadas al ecosistema costero. Parte del terreno estaría hoy bajo administración de la Superintendencia de Bienes Estatales, lo cual añade complejidad al proceso.
La posición del municipio barranquino
La alcaldesa del distrito manifestó su rechazo, argumentando que el área forma parte de uno de los pocos espacios costeros con humedales y carrizales en Lima. La comuna sostiene que agotará las vías legales disponibles y ha recurrido a mecanismos judiciales para evitar que el proceso avance, aunque documentos internos señalan que el margen de acción estaría prácticamente cerrado.
Debates legales y ambientales en simultáneo
El conflicto se desarrolla en un escenario regulatorio distinto al de 2005. Normas actuales restringen edificaciones dentro de los primeros 50 metros paralelos al mar y limitan el tipo de infraestructura posible en los siguientes 200. Sin embargo, la legislación no es retroactiva, lo cual favorece al concesionario.
A nivel ambiental, especialistas advierten riesgos como alteración de fauna costera, emisiones por movimiento de tierras, impactos en humedales y un incremento sustancial del tráfico en la Costa Verde. No obstante, también se señala que un Estudio de Impacto Ambiental actualizado podría mitigar parte de los efectos si se rediseña el proyecto bajo estándares contemporáneos.
El trasfondo empresarial
Capital Properties está vinculada a un empresario relacionado en el pasado con investigaciones por corrupción. La compañía, sin embargo, sostiene que el contrato vigente cuenta con permisos y adecuaciones técnicas realizadas en años posteriores. Documentos públicos señalan que la empresa actualizó su anteproyecto en 2012 y afirma que cumple parámetros urbanos y turísticos.
Movilización ciudadana y efectos económicos
Los vecinos realizaron un plantón para exigir la defensa del acceso libre a la playa, argumentando que constituye un espacio de alto valor social. En la zona operan pequeños negocios que dependen del flujo de visitantes; según testimonios locales, más de mil personas trabajan directamente en el área. El avance del proyecto podría afectar su sostenibilidad económica y transformar radicalmente el paisaje urbano del litoral sur de Lima.
Un decisión pendiente
Mientras la empresa asegura que el diseño propuesto modernizaría la zona y fortalecería el turismo, los colectivos ciudadanos insisten en que la playa debe mantenerse pública. El desenlace dependerá de la actuación del Poder Judicial y las entidades estatales responsables del manejo de bienes públicos. El caso reabre un debate mayor: ¿qué modelo de desarrollo debería guiar la transformación de la Costa Verde?
