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Expectativas de inflación suben a 2.5%: BCRP anticipa convergencia al rango meta hacia fines de 2026

El Banco Central señala que el repunte responde a choques de oferta temporales, mientras mantiene su proyección de estabilidad inflacionaria en el mediano plazo.

Presiones inflacionarias por factores externos y energéticos

El Banco Central de Reserva del Perú informó que las expectativas de inflación a 12 meses se elevaron de 2.1% a 2.5%, aunque se mantienen dentro del rango objetivo de entre 1% y 3%. Este ajuste refleja el impacto de factores transitorios sobre los precios, sin alterar la trayectoria esperada de estabilidad para los próximos años.

Durante la presentación del Programa Monetario de abril de 2026, el gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas, explicó que el incremento responde principalmente a choques de oferta, como el alza de los precios internacionales de combustibles y la interrupción temporal del suministro de gas de Camisea.

Estos factores impactaron de manera directa en los rubros de transporte y energía, elevando la inflación mensual de marzo y generando un efecto puntual sobre las expectativas del mercado.

Inflación se acelera en marzo, pero con impacto acotado

Según el BCRP, la inflación interanual pasó de 2.2% en febrero a 3.8% en marzo, mientras que la inflación sin alimentos y energía —indicador clave de tendencia— subió de 2.2% a 3.7% en el mismo periodo.

No obstante, la autoridad monetaria subrayó que este repunte está concentrado en pocos componentes de la canasta y responde a factores específicos, lo que limita su impacto estructural sobre la economía.

En esa línea, las expectativas de inflación recogen parcialmente el efecto de estos choques, especialmente en el análisis de agentes del sistema financiero y analistas económicos.

Proyección: retorno al rango meta y estabilidad hacia 2027

El BCRP mantiene su proyección de que la inflación, tanto total como subyacente, retornará al rango meta hacia finales de 2026, en la medida en que se disipen los choques de oferta que presionaron los precios en el corto plazo.

Asimismo, estima que la inflación se ubicará en torno al 2% en 2027, consolidando un escenario de estabilidad de precios consistente con su política monetaria.

Política monetaria bajo monitoreo

Pese a este escenario base, el ente emisor indicó que continuará evaluando de manera permanente la evolución de la inflación y sus determinantes. Entre los factores clave se encuentran la inflación subyacente, las expectativas del mercado, el desempeño de la actividad económica y la persistencia de los choques externos.

Este seguimiento permitirá determinar eventuales ajustes en la posición de la política monetaria, en caso se identifiquen riesgos que comprometan la convergencia inflacionaria.

China refuerza su influencia en América Latina con exportación de más de 500 buses y acelera modernización del transporte público

La creciente presencia del gigante asiático en Nicaragua evidencia una estrategia de expansión que combina infraestructura, cooperación bilateral y posicionamiento industrial en la región.

Expansión del transporte con respaldo chino

China continúa ampliando su presencia en América Latina a través del suministro de buses para transporte público, consolidando una estrategia que integra financiamiento, cooperación técnica y posicionamiento industrial. En este contexto, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales receptores, con la incorporación de más de 500 unidades en los últimos años.

Desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2021, la cooperación bilateral ha permitido la incorporación de aproximadamente 2.280 autobuses y microbuses entre 2023 y 2026. Este proceso responde a una política sostenida de modernización del transporte urbano e interprovincial, con impacto directo en la movilidad y eficiencia del sistema.

Actualmente, la flota estatal nicaragüense alcanza las 4.610 unidades destinadas a servicios municipales e intermunicipales, fortaleciendo la capacidad operativa y ampliando la cobertura del transporte público en diversas regiones del país.

Modelo de implementación y alcance territorial

El modelo aplicado por Nicaragua prioriza el fortalecimiento de operadores existentes, como cooperativas y gremios de transporte, en lugar de crear nuevas estructuras estatales. Este enfoque permite una implementación más rápida, descentralizada y con menor fricción institucional.

La distribución de los buses se ha extendido a distintas regiones, incluidas zonas del Caribe, con el objetivo de renovar flotas obsoletas y mejorar la conectividad. Este esquema también consolida la presencia de fabricantes chinos en mercados emergentes, especialmente a través de marcas como Yutong.

Liderazgo global en transporte y electromovilidad

El avance de China en el sector transporte no se limita a Centroamérica. En América Latina, países como Chile y Colombia han liderado la transición hacia buses eléctricos, con flotas que superan las 2.500 unidades en Santiago y más de 1.400 en Bogotá.

Este posicionamiento también se extiende a Europa y África, donde fabricantes chinos han logrado insertarse en sistemas urbanos clave. En ciudades como Londres ya operan unidades de origen chino, mientras que en Marruecos se han desplegado más de 700 buses en proyectos de gran escala.

Este crecimiento responde a una combinación de competitividad en costos, desarrollo tecnológico y una estrategia alineada con la transición energética global.

Geopolítica e influencia en la región

La exportación de buses forma parte de una estrategia más amplia de China para fortalecer su presencia en América Latina. A través de estos proyectos, el país no solo impulsa su industria, sino que también consolida relaciones bilaterales y amplía su influencia económica.

En este escenario, el transporte público se convierte en un eje clave de la proyección internacional china, donde la infraestructura y la tecnología funcionan como instrumentos de integración y posicionamiento en mercados estratégicos.

Reducir concesiones mineras pondría en riesgo inversiones por US$63 mil millones y el empleo en el Perú

Especialista advierte que acortar los plazos afectaría la viabilidad de proyectos, la recaudación regional y podría impulsar la minería ilegal.

En entrevista con Expreso, Jorge Soto, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, advirtió que una eventual reducción en los plazos de concesiones mineras podría frenar inversiones clave y afectar el empleo en el país, en un contexto donde el sector representa cerca del 60% de las exportaciones nacionales.

El especialista señaló que el debate sobre concesiones debe abordarse con criterio técnico, especialmente ante decisiones políticas que podrían comprometer el desarrollo del sector. En esa línea, destacó que actualmente existe una cartera de proyectos mineros por más de US$63 mil millones, cuya ejecución depende de condiciones de estabilidad jurídica y plazos adecuados.

Relación directa entre concesiones e inversión

Soto explicó que la evolución del sector minero evidencia una relación directa entre el plazo de las concesiones y los niveles de inversión. Antes del año 2000, cuando las concesiones tenían una duración de hasta 8 años, la inversión minera no superaba los US$1,000 millones en cinco años.

Posteriormente, entre 2008 y 2017, cuando los plazos se ampliaron a 10 años, la inversión acumulada se elevó a cerca de US$50,000 millones, multiplicándose hasta 16 veces. Este cambio, según indicó, generó mayor confianza entre los inversionistas y permitió el desarrollo de proyectos de gran escala.

Riesgos de reducir los plazos de concesión

El especialista advirtió que reducir las concesiones de 30 a 15 años haría inviable el desarrollo de proyectos mineros, considerando que estos requieren al menos 25 años desde la fase de exploración hasta la explotación.

“Si reduces las concesiones a 15 años, los proyectos no llegan a desarrollarse completamente. Ningún inversionista va a comprometer capitales de entre US$500 millones y US$3,000 millones bajo esas condiciones”, sostuvo.

En ese escenario, el país podría retroceder a niveles de inversión similares a los previos al 2000, con montos inferiores a US$1,000 millones anuales.

Impacto en regiones y recaudación

El impacto no solo sería a nivel de inversión, sino también en las regiones. Soto recordó que en 2025 las transferencias por minería alcanzaron aproximadamente S/10,000 millones, recursos que podrían reducirse drásticamente si se frena la ejecución de nuevos proyectos.

Este escenario afectaría especialmente a regiones donde la minería representa entre el 70% y 90% de sus ingresos, comprometiendo su desarrollo económico y la ejecución de obras públicas.

Efectos sobre la pequeña minería y la formalización

El análisis también advierte impactos en la pequeña minería y la minería artesanal, que concentran cerca del 70% de las concesiones, equivalentes a unas 14 millones de hectáreas.

Reducir los plazos dificultaría la continuidad de estas operaciones, incluso para aquellos en proceso de formalización, lo que pondría en riesgo los avances de la Ley MAPE y podría frenar los esfuerzos por integrar a estos actores al sistema formal.

Mayor riesgo de minería ilegal

Uno de los principales riesgos identificados es el crecimiento de la minería ilegal. Según Soto, la reducción de concesiones dejaría áreas vulnerables a invasiones, incentivando actividades ilícitas que no cumplen con normas ambientales ni tributarias.

Esto generaría mayores pasivos ambientales y trasladaría costos al Estado, además de debilitar la institucionalidad en el sector.

Agenda técnica para el sector minero

En este contexto, el especialista subrayó la necesidad de que el debate sobre concesiones se base en criterios técnicos y en una visión de largo plazo que garantice la competitividad del país.

Asimismo, destacó que espacios como el Conamin 2026, que se realizará en Trujillo del 15 al 19 de junio, serán clave para discutir estos temas y plantear soluciones que permitan sostener el crecimiento del sector minero.

Operativo en Madre de Dios golpea a la minería ilegal con pérdidas superiores a S/ 1,8 millones

Intervención conjunta de Fuerzas Armadas, Policía y Fiscalía destruyó maquinaria y campamentos, afectando la capacidad operativa de redes ilegales en la Amazonía.

Un operativo contra la minería ilegal en Madre de Dios generó pérdidas por más de S/ 1,8 millones a organizaciones criminales dedicadas a esta actividad, en una acción que refuerza la estrategia del Estado para recuperar el control territorial en zonas críticas de la Amazonía.

La intervención fue ejecutada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, como parte de los operativos sostenidos contra economías ilícitas.

Impacto económico a redes ilegales

El valor del material incautado y destruido asciende a S/ 1 831 945, lo que representa un golpe directo a las finanzas de las redes que operan fuera del marco legal. Entre los bienes intervenidos se encuentran balsas, motores, bombas, combustibles, maquinaria pesada y campamentos rústicos utilizados en la extracción ilegal de minerales.

Durante el operativo, desarrollado en el sector Azul, las fuerzas del orden lograron inhabilitar siete pozas empleadas en actividades extractivas ilegales, debilitando la capacidad operativa de estas organizaciones en la zona.

Destrucción inmediata para evitar reutilización

En presencia del Ministerio Público, el material incautado fue destruido e incinerado en el lugar, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1100. Esta medida busca impedir la reutilización de los equipos y asegurar la neutralización de las operaciones ilegales.

La intervención contó con la participación del Batallón de Infantería de Selva de Protección de la Amazonía N.º 623 del Ejército, en una acción conjunta orientada a intervenir zonas de difícil acceso donde estas actividades suelen expandirse.

Estrategia para recuperar control en la Amazonía

Este tipo de operativos forma parte de una estrategia más amplia del Estado para frenar la expansión de la minería ilegal, una actividad que genera graves impactos ambientales, reduce la recaudación fiscal y fortalece economías criminales.

Desde el sector Defensa se reafirmó el compromiso de mantener acciones sostenidas en regiones estratégicas como Madre de Dios, con el objetivo de proteger los ecosistemas amazónicos y restablecer el orden en territorios afectados por actividades ilícitas.

Implicancias económicas y ambientales

La minería ilegal no solo afecta el medio ambiente, sino que también distorsiona los mercados formales, reduce ingresos fiscales y genera competencia desleal para la minería formal.

En ese contexto, los operativos de interdicción se posicionan como una herramienta clave para reducir el avance de estas economías ilícitas y fortalecer la institucionalidad en zonas vulnerables del país.

PROINVERSIÓN asume titularidad de proyecto educativo en Cusco y acelera inversiones para miles de estudiantes

Más de S/ 700 millones en infraestructura educativa y PROINVERSIÓN refuerza su rol con supervisión técnica directa.

PROINVERSIÓN y el Gobierno Regional de Cusco suscribieron un convenio que permite a la Agencia asumir la titularidad del proyecto de reforzamiento de infraestructura educativa en la región. Este acuerdo permitirá que PROINVERSIÓN conduzca el proceso del proyecto educativo bajo la modalidad de Asociación Público-Privada que contempla una inversión referencial de S/ 391 millones.

El proyecto incluye la modernización integral de tres instituciones educativas emblemáticas: Comercio 41, Uriel García y Alejandro Velasco Astete, beneficiando a más de 6,200 estudiantes cada año con infraestructura moderna, equipamiento de calidad y servicios complementarios que mejorarán su experiencia educativa.

La intervención no solo considera la construcción de nuevos espacios, sino también el mantenimiento, seguridad, limpieza y equipamiento tecnológico de los colegios, asegurando condiciones adecuadas para el aprendizaje, sin afectar la gratuidad de la enseñanza ni el rol del Estado en la gestión educativa.

“Hoy asumimos un rol más activo para que los proyectos educativos no se queden en el papel, sino que se conviertan en infraestructura real que impacte en la vida de los estudiantes. Este proyecto está en buenas manos, PROINVERSIÓN se encargará de que estos colegios sean una realidad en menos de tres años. Esto no es solo un acto administrativo, sino un compromiso con la educación y con el futuro de miles de jóvenes”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN.

Con estas acciones, PROINVERSIÓN consolida su nuevo rol como gestor activo de inversiones, en el marco de la nueva Ley de APP, que fortalece su función como entidad titular de proyectos y permite acelerar su desarrollo en beneficio de la población.

Equipo técnico supervisa proyecto

Como parte de este nuevo enfoque, el equipo técnico de PROINVERSIÓN realizó una visita de supervisión en obra a los avances del proyecto COAR Centro, la primera Asociación Público-Privada en el sector educación en el país, que contempla una inversión de S/ 325 millones para la construcción y operación de colegios de alto rendimiento en Cusco, Pasco y Huancavelica.

A marzo de 2026, el COAR Cusco, impulsado en conjunto por la Agencia y el Ministerio de Educación, registra un avance del 32%, mientras que las sedes de Huancavelica y Pasco alcanzan el 19%, evidenciando el progreso sostenido de una infraestructura que beneficiará a 900 estudiantes por año. Este proyecto permitirá brindar espacios modernos, servicios complementarios y condiciones óptimas para el desarrollo académico de jóvenes con habilidades sobresalientes.

A través de estas acciones, PROINVERSIÓN, con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, reafirma su rol como articulador técnico del Estado, impulsando proyectos, ordenando su desarrollo y acelerando inversiones que mejoran servicios esenciales para la población.