Deberá priorizar la continuidad de las políticas eficaces, el respeto a las instituciones, la selección de funcionarios idóneos y la construcción de acuerdos de Estado.
La transición hacia el gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori será una prueba para la institucionalidad peruana. Más allá del cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos por la Contraloría General de la República, el principal desafío será garantizar una transferencia ordenada, transparente y orientada a identificar los problemas prioritarios del país.
Para Leonor Suarez Ognio, politóloga y docente de la Maestría en Gerencia Pública de la EPG Continental, el proceso formal de transferencia resulta insuficiente si no está acompañado de voluntad política. “El gobierno entrante deberá identificar los verdaderos desafíos que el país debe enfrentar, sin usar este tránsito como un espacio de crítica política”, sostiene.
Evitar empezar de cero
Uno de los errores recurrentes en los cambios de gobierno es descontinuar políticas, programas y proyectos únicamente para imprimirles un nuevo sello político. Esta práctica, señala la especialista, afecta la continuidad del Estado y retrasa los avances en áreas prioritarias.
El nuevo gobierno deberá evaluar qué iniciativas funcionan, cuáles requieren ajustes y qué funcionarios cuentan con la experiencia y las capacidades necesarias para permanecer en sus cargos. La continuidad de las buenas políticas y la defensa de la meritocracia serán claves para recuperar la eficiencia del sector público.
El desafío de superar la desconfianza
La crisis política de los últimos años ha consolidado una relación marcada por la desconfianza. Mientras los gobiernos salientes temen una persecución judicial, las nuevas autoridades suelen utilizar las fallas de sus antecesores como argumento de legitimación política.
Según Suarez Ognio, esta dinámica ha debilitado la planificación de largo plazo. “Se gobierna al día, respondiendo a la encuesta de la semana o al escándalo mediático del momento”, afirma.
En ese contexto, el próximo Ejecutivo deberá promover acuerdos sobre políticas de Estado en sectores como salud, educación, seguridad e infraestructura. La estabilidad no dependerá únicamente de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, sino también de la capacidad de construir consensos duraderos.
Instituciones y comunicación para los primeros 100 días
La relación con el Congreso, los medios de comunicación y los organismos del sistema de justicia será determinante durante los primeros meses. La especialista plantea una comunicación abierta, constante e inclusiva como herramienta para enfrentar la desinformación y reducir la polarización.
Asimismo, considera necesario revisar el uso de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. A su juicio, esta figura debe ser reformada y vinculada a un verdadero juicio político, con debido proceso, derecho a la defensa, pruebas objetivas y una mayoría parlamentaria calificada.
Una oportunidad para recuperar la confianza
La crisis iniciada en 2016 dejó como saldo una ciudadanía que relaciona la política con corrupción, conflicto y falta de resultados. También debilitó la meritocracia estatal y desalentó la participación de profesionales con experiencia en la administración pública.
El nuevo gobierno tendrá la oportunidad de romper este ciclo. Para ello, deberá priorizar la continuidad de las políticas eficaces, el respeto a las instituciones, la selección de funcionarios idóneos y la construcción de acuerdos de Estado.
La transición no debe limitarse a entregar documentos y oficinas. Debe convertirse en el primer paso de una gestión que gobierne para resolver los problemas del país y no para sobrevivir a la próxima crisis política.
