La propuesta busca reorganizar las entidades públicas mediante retiros voluntarios, mientras el ministro Juan Sheput cuestiona el peso del gasto en planillas.
El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó ante el Congreso su propuesta para reorganizar la planilla estatal mediante incentivos económicos dirigidos a los trabajadores que decidan retirarse voluntariamente de sus puestos.
La iniciativa forma parte de la propuesta de reorganización del aparato público y busca sincerar las plazas que realmente necesita el Estado. El Ejecutivo ha precisado que la delegación solicitada no contempla facultades para despedir o destituir a trabajadores que cuentan con estabilidad laboral.
El planteamiento adquiere relevancia en medio de la discusión sobre el peso del gasto corriente dentro del presupuesto público y la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.
Sheput cuestiona el gasto en planillas
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, calificó de «perversa» la estructura laboral que heredó el Estado y sostuvo que se requiere una reorganización integral de la administración pública.
Sheput señaló que el problema no se limita al número de trabajadores, sino también al peso que representa el gasto en planillas dentro de determinadas entidades. Como ejemplo, mencionó a EsSalud, donde, según afirmó, un tercio del gasto mensual corresponde a planillas, además de referirse a la situación de Sunafil.
El titular del Ministerio de Trabajo advirtió que el crecimiento de las estructuras públicas está generando lo que calificó como un «Estado elefantiásico», con dificultades para atraer y convocar talento en determinadas áreas.
¿Cómo funcionaría el incentivo para dejar el Estado?
La propuesta establece que el cálculo del incentivo económico tendría como referencia la protección reconocida en el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728.
De acuerdo con la exposición de motivos, el beneficio tomaría como referencia 1,5 remuneraciones mensuales por cada año completo de servicio, con un límite máximo de 12 remuneraciones. El mecanismo está planteado para los trabajadores que decidan acogerse voluntariamente a la salida.
Por ejemplo, un trabajador con una remuneración mensual de S/4.000 y cinco años de servicio podría recibir S/30.000, equivalente a 7,5 remuneraciones. Si tuviera diez años de servicio, el cálculo alcanzaría 15 remuneraciones, pero se aplicaría el límite establecido y el beneficio sería de S/48.000.
Estado mantiene distintos regímenes laborales
La reorganización también enfrenta la coexistencia de diferentes regímenes laborales dentro del sector público. Actualmente conviven trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276 y 728, el régimen CAS y el régimen del Servicio Civil.
Esta diversidad forma parte del problema que el Ejecutivo busca abordar con una reorganización de las plazas y de las estructuras laborales de las entidades públicas.
Sheput aclaró que la reforma de la administración pública no corresponde directamente al Ministerio de Trabajo, pero manifestó su intención de participar en el proceso impulsado por el Ejecutivo. Según señaló, ya solicitó al premier que le permita intervenir en la reforma del Estado.
