Dos hechos recientes muestran que la gestión ambiental y la actividad productiva pueden avanzar en una misma dirección. La alianza entre Codelco y el Ministerio de Obras Públicas para reutilizar subproductos mineros en infraestructura pública, y la actualización del Plan de Acción de Consumo y Producción Sustentables (PANCPS) 2026-2028, representan señales concretas de un cambio necesario: dejar de administrar residuos como un problema inevitable y comenzar a tratarlos como recursos potenciales.
El acuerdo entre la empresa estatal y el MOP busca incorporar materiales como silicatos de hierro y escombros mineros en obras públicas. Su relevancia no radica únicamente en disminuir la disposición de residuos. También abre la posibilidad de reducir la extracción de materias primas, generar nuevos usos para materiales disponibles y demostrar que la economía circular puede operar a escala industrial, siempre que existan estándares técnicos, trazabilidad y coordinación institucional.
El PANCPS entrega un marco más amplio para extender esta lógica a distintas actividades productivas. Su propósito es avanzar desde el modelo lineal de extraer, producir y desechar hacia procesos que aprovechen mejor el agua, los materiales y la energía, reduzcan los residuos y articulen compromisos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Ley REP. El desafío, sin embargo, será convertir esa hoja de ruta en decisiones verificables, incentivos adecuados y proyectos capaces de sostenerse en el tiempo.
Este giro exige cambiar también la forma de comprender la gestión ambiental. No basta con responder cuando el impacto ya ocurrió ni con limitarse al cumplimiento regulatorio. La prevención debe incorporarse desde el diseño de los proyectos, mediante diagnósticos que integren agua, suelos, ecosistemas, infraestructura y actividades productivas. En territorios sometidos a estrés hídrico y alta variabilidad climática, una evaluación fragmentada puede ocultar riesgos que después se traducen en conflictos, sanciones, mayores costos o interrupciones operacionales.
Herramientas como la modelación hídrica, la teledetección y las líneas de base socioambientales permiten identificar tempranamente esas vulnerabilidades. Son especialmente relevantes frente a pasivos hídricos y suelos contaminados, donde metales pesados, hidrocarburos o escorrentías pueden comprometer fuentes de agua, ecosistemas y comunidades. Diagnosticar antes no encarece innecesariamente los proyectos: reduce incertidumbre y facilita decisiones más eficientes.
La economía circular, por tanto, debe entenderse como infraestructura preventiva. El tratamiento y reúso de aguas puede reservar fuentes de mejor calidad para usos prioritarios; la biorremediación y el tratamiento in situ pueden recuperar suelos con menor intervención; y la valorización de subproductos puede disminuir residuos y presión sobre nuevos recursos. Estas soluciones requieren regulación clara, evidencia técnica y mercados que reconozcan el valor de los materiales recuperados.
Chile tiene la oportunidad de pasar de experiencias aisladas a una política productiva coherente. Transformar pasivos en insumos no significa relativizar los impactos ambientales ni reemplazar la obligación de prevenirlos. Significa asumir que la sostenibilidad también depende de diseñar procesos capaces de evitar residuos, recuperar recursos y anticipar riesgos. El verdadero avance comenzará cuando la circularidad deje de ser una aspiración y se convierta en una práctica habitual para invertir, producir y construir.
Felipe Martin Cuadrado
