Por Nelly Barturen: Abogada | Derecho Inmobiliario, Ambiental & Sostenibilidad
Pese a contar con un amplio marco legal para enfrentar la inseguridad ciudadana, la extorsión, el uso ilegal de armas y el crimen organizado, el desafío sigue siendo convertir las leyes en acciones efectivas que protejan a ciudadanos, familias, empresarios y emprendedores en todo el país.
¿De qué sirve que existan leyes para protegernos si una persona todavía tiene miedo de salir a trabajar, abrir su negocio, denunciar un delito o regresar a su propia casa?
La inseguridad ciudadana es un problema de gran envergadura en el Perú que ha generado un profundo impacto económico y social, provocando temor, desconfianza en las autoridades y una creciente sensación de vulnerabilidad en la población. Empresarios, emprendedores, comerciantes, trabajadores y personas que desarrollan sus actividades en las calles sienten que la criminalidad puede alcanzarlos en cualquier momento.
El uso ilícito de armas de fuego, la circulación y comercialización ilegal de explosivos, las extorsiones y el accionar de organizaciones criminales han convertido la inseguridad en una amenaza que no afecta únicamente a las víctimas directas de un delito, sino también a sus familias, sus negocios y, en general, a toda la sociedad. Como consecuencia, algunos empresarios y comerciantes se han visto obligados a cerrar sus negocios; otros terminan pagando los llamados “cupos” exigidos por organizaciones criminales, mientras algunas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares para ponerse a buen recaudo.
Porque las leyes existen
Nuestra Constitución Política, en su artículo 44, establece entre los deberes primordiales del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Asimismo, el artículo 166 establece que la Policía Nacional del Perú tiene como finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y prevenir, investigar y combatir la delincuencia. A ello se suma la Ley N.° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que concibe la seguridad ciudadana como una acción integrada del Estado, con participación de la ciudadanía, orientada a asegurar la convivencia pacífica, erradicar la violencia y contribuir a la prevención de delitos y faltas.
Es decir, nuestro ordenamiento jurídico no contempla la seguridad ciudadana como una responsabilidad exclusiva de una institución, sino que existe un sistema destinado a articular la actuación del Estado. Asimismo, en materia de armas de fuego, municiones y explosivos de uso civil también existe un marco específico de regulación y control a través de la Ley N.° 30299 y su reglamento. Y respecto de la extorsión, el Derecho Penal también cuenta con herramientas específicas.
El artículo 200 del Código Penal tipifica el delito de extorsión y ha continuado incorporando nuevas herramientas frente a este fenómeno, puesto que, en febrero de 2026, mediante el Decreto Legislativo N.° 1731, se incorporó el artículo 200-A al Código Penal, que establece de manera autónoma la exigencia o requerimiento extorsivo como una conducta previa dentro del proceso extorsivo, siendo el objetivo de esta reforma, permitir una intervención penal temprana frente a determinadas conductas de exigencia o amenaza.
Bajo esa misma línea, mediante el Decreto Legislativo N.º 1735 se creó el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, integrado por instituciones del sistema de justicia y orientado a optimizar la investigación, el procesamiento y la sanción de estos delitos, así como a fortalecer las capacidades de los operadores y la protección de las víctimas. Entonces aquí surge la siguiente pregunta:
¿El problema está realmente en la ausencia de leyes o en nuestra capacidad para hacerlas efectivas?
Si tenemos un mandato constitucional, un sistema nacional de seguridad ciudadana, instituciones responsables de prevenir y combatir el delito, normas para controlar las armas y explosivos, legislación penal contra la extorsión, nuevas herramientas para enfrentar el requerimiento extorsivo y un plan nacional con intervenciones estratégicas, debemos preguntarnos: ¿Qué está fallando? Y a esto se suma un factor aún más alarmante; el silencio de las víctimas que optan por no denunciar.
Esto no ocurre porque el delito haya desaparecido, sino porque la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones o teme las represalias. Cuando una víctima desiste denunciar por la falta de protección o justicia, el problema trasciende la existencia del delito y se convierte en una crisis institucional.
El Estado debe fortalecer la prevención, la investigación criminal, la inteligencia, el control de armas y explosivos, la coordinación entre las instituciones responsables y los mecanismos de protección para quienes denuncian. Porque una sociedad en la que las personas tienen miedo de salir a trabajar, abrir un negocio, denunciar un delito o incluso permanecer en su propio hogar está perdiendo algo mucho más importante que la seguridad, está perdiendo la confianza en sus instituciones y en el Estado de Derecho.
Por lo tanto, la criminalidad no puede convertirse en una realidad a la que simplemente aprendamos a acostumbrarnos. No es normal vivir con miedo, no es normal pagar para poder trabajar y tampoco debería ser normal que una persona renuncie a denunciar porque considera que la justicia no llegará.
Ante esta realidad el Perú no puede resignarse, la seguridad ciudadana no es un asunto estrictamente policial, sino un problema jurídico, institucional, social y humano.
Contamos con normas, instituciones, políticas públicas y nuevas herramientas jurídicas, aquí la interrogante, estamos logrando que todo ese marco jurídico se traduzca realmente en protección para la ciudadanía. Porque el verdadero desafío no parece ser solamente crear nuevas leyes, es conseguir que el Derecho deje de quedarse en el papel y se convierta en protección efectiva para quien hoy vive con miedo.
No podemos permitir que la criminalidad ponga en jaque a todo un país; El Perú no debería acostumbrarse a vivir con miedo.
