El Gobierno de Lula plantea un superávit primario de 0,5% del PIB para 2027, mientras los mercados evalúan el control del gasto y la evolución de la deuda pública.
El Gobierno brasileño presentó su propuesta de presupuesto para 2027 con el compromiso de alcanzar un superávit fiscal, en un contexto marcado por las dudas de los inversionistas sobre la capacidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para controlar el gasto y contener el avance de la deuda pública en caso de ser reelegido.
Según el proyecto presentado el lunes, la administración brasileña proyecta un superávit primario equivalente al 0,5% del PIB, que representa alrededor de 73.000 millones de reales, unos US$14.100 millones.
El Gobierno estima un superávit primario de 83.400 millones de reales. Sin embargo, al considerar los gastos que pueden excluirse del objetivo fiscal, el resultado efectivo se ubicaría en 18.600 millones de reales.
La propuesta busca mostrar una mayor disciplina fiscal de cara a las elecciones de octubre, en las que Lula parte como favorito según las encuestas. El ministro de Hacienda, Darío Durigan, ha intentado reducir las preocupaciones sobre las cuentas públicas y ha destacado el compromiso del Gobierno con un fortalecimiento gradual de las finanzas del país.
Mercado mantiene dudas sobre el ajuste fiscal
El principal desafío será convencer a los mercados de que la meta representa un ajuste fiscal suficiente. Para cumplir con el objetivo establecido, el Gobierno puede excluir hasta 65.700 millones de reales en determinados gastos.
Entre las partidas que pueden quedar fuera de la meta se encuentran pagos ordenados por la Justicia y determinados desembolsos en defensa, salud y educación. Esta posibilidad reduce el impacto que el resultado primario anunciado puede tener sobre la percepción de los inversionistas.
Los mercados también han comenzado a prestar mayor atención al déficit nominal de Brasil, que se aproxima al 10% del PIB, y al incremento de la deuda pública, más allá de la evolución del resultado primario.
El gasto obligatorio continuará siendo uno de los principales límites para la política fiscal. En 2027 representaría el 91,7% del gasto primario, frente al 92,4% previsto para 2026. Aunque se proyecta una reducción moderada, el presupuesto seguirá teniendo un margen limitado para realizar ajustes sobre los gastos no discrecionales.
Salario mínimo tendrá impacto en las cuentas públicas
Otro elemento relevante del presupuesto será el incremento del salario mínimo. El Gobierno prevé elevarlo de 1.621 reales en 2026 a 1.741 reales mensuales en 2027.
La medida tendrá efectos sobre el gasto federal debido a que las pensiones y diversas prestaciones sociales están vinculadas a este salario base. Pese a ello, Durigan afirmó que el Gobierno podrá asumir el aumento y mantener el objetivo de generar un superávit primario.
“Estamos hablando de una administración comprometida con el pueblo”, declaró el ministro de Hacienda tras reunirse con Lula para ultimar la propuesta presupuestaria.
El Congreso también ha respaldado algunas medidas orientadas a contener el crecimiento del gasto obligatorio. Los legisladores aprobaron recientemente mecanismos que, según las estimaciones oficiales, permitirían reducir el gasto en aproximadamente 10.000 millones de reales durante el próximo año.
Reforma tributaria marca el presupuesto de 2027
El proyecto presupuestario también incorporará los ingresos proyectados asociados a la transición de Brasil hacia su nuevo sistema de impuestos al consumo.
En particular, el presupuesto contempla los recursos provenientes de la Contribución sobre Bienes y Servicios y del Impuesto Selectivo, tributos creados como parte de la reforma tributaria brasileña.
La propuesta llega en un momento clave para la política económica de Lula, debido a que los inversionistas evalúan cómo podría evolucionar la política fiscal durante un eventual cuarto mandato.
La atención estará puesta principalmente en la capacidad del Gobierno para contener el crecimiento del gasto, mejorar el resultado fiscal y establecer una trayectoria sostenible para la deuda pública después de las elecciones.
