El Edelman Trust Barometer 2026 señala que el 78% de los peruanos desconfía de quienes sostienen posturas políticas distintas, evidenciando el reto de promover espacios de diálogo constructivo. Desde UCAL destacan que la comunicación pública formal, sustentada en evidencia y empatía, es clave para tender puentes entre las instituciones y la ciudadanía.
El inicio de una gestión gubernamental representa un periodo clave para sentar las bases del desarrollo social y la estabilidad institucional. Durante los primeros 100 días, la articulación de políticas públicas requiere no solo de viabilidad técnica, sino también de una estrategia de comunicación clara que acompañe las expectativas de la población y fomente la cohesión.
En este contexto, el informe Edelman Trust Barometer 2026 muestra un escenario de fragmentación social: el 78% de los peruanos manifiesta desconfianza hacia personas con afinidades políticas distintas. Si bien la confianza en las instituciones registró un avance gradual al pasar de 37% a 45% en el último año, el fortalecimiento de la credibilidad pública continúa siendo un objetivo prioritario para el bien común.
Frente a esta coyuntura, Patricia Sánchez, decana de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), señala que la comunicación institucional cumple un rol facilitador en la democracia:
“La función principal de la comunicación en el ámbito público es conectar con las necesidades reales de las personas y disminuir la incertidumbre. En los primeros cien días de cualquier administración, brindar una narrativa transparente y fundamentada en hechos y datos no debe buscar una sobreexposición del gobierno, sino explicar en palabras simples y claras el propósito de cada decisión y medida, permitiendo que la ciudadanía tenga una participación activa”, explica la especialista.
Desde un enfoque de ética y diseño de la comunicación, la decana de UCAL detalla cinco pilares estratégicos para optimizar la relación entre el Gobierno y los ciudadanos en los primeros meses de gestión:
- Correspondencia entre la planificación y la ejecución: La claridad en las metas iniciales permite construir previsibilidad. Por ejemplo, cuando un sector anuncia prioridades en la mejora de infraestructura de salud o educación, acompañar dichos anuncios con cronogramas públicos de trabajo y criterios de avance ayuda a que la ciudadanía comprenda y dé seguimiento al proceso de forma transparente.
- Claridad en la comunicación ante crisis o problemas técnicos: Frente a imprevistos logísticos o ajustes en la ejecución presupuestal, la explicación oportuna fortalece la madurez institucional. Por ejemplo, si la entrega de un servicio público experimenta retrasos por factores climatológicos o presupuestales, informar sobre las causas y las soluciones en marcha previene la especulación e incertidumbre en la comunidad.
- Información ágil, accesible e inclusiva contra la desinformación: En la era digital, la inmediatez en los canales oficiales y redes sociales resguarda el derecho de la población a estar bien informada. Sin embargo, este entorno exige explorar su máximo potencial inclusivo: es fundamental adaptar los contenidos para personas con discapacidad auditiva, motora o habla (mediante subtítulos, lenguaje de señas y formatos accesibles), así como descentralizar el mensaje integrando el quechua, aymara y lenguas amazónicas. Esto asegura que la orientación sobre normativas o trámites públicos llegue de forma directa a toda la ciudadanía sin generar confusión o exclusión.
- Enfoque centrado en la utilidad del mensaje para el ciudadano: La comunicación institucional resulta más efectiva cuando prioriza el beneficio social por encima del registro protocolar. Por ejemplo, al promulgar una ley o decreto en favor del empleo juvenil o las MYPES, el mensaje público debe centrarse en cómo el ciudadano puede acceder de manera sencilla a dichos beneficios y oportunidades en su vida cotidiana.
- Articulación y consistencia en los mensajes sectoriales: El trabajo coordinado entre las diversas entidades de gobierno proyecta orden y solidez. Por ejemplo, cuando los ministerios del área social y económica comparten metodologías e indicadores similares al comunicar metas de desarrollo, la ciudadanía y el sector privado reciben un mensaje integrado que facilita la colaboración.
Para finalizar, la decana de UCAL enfatiza la responsabilidad de las instituciones académicas en la generación de espacios de análisis para el bienestar general. «Enfocar la comunicación pública desde la ética y la empatía estratégica es fundamental para prevenir situaciones de fricción y consolidar proyectos de país viables. La comunicación no es solo un canal de difusión, sino un puente técnico e inclusivo para construir el bien común», concluye Patricia Sánchez.
