La IA puede democratizar el acceso a los servicios públicos y hacer al Estado más inclusivo.
La inteligencia artificial (IA) ya dejó de ser una discusión exclusivamente tecnológica para convertirse en una herramienta con potencial para transformar los servicios públicos. Mientras el gobierno avanza en la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, el desafío pasa por llevar esa política a casos concretos en sectores clave: salud, justicia, identidad digital y programas sociales.
Para José Luis Bugarín, Principal Solutions Architect de Red Hat, el mayor obstáculo no es la falta de tecnología, sino la forma en que las instituciones administran sus datos, su infraestructura y sus capacidades digitales. A partir de experiencias recientes con entidades públicas, identifica cuatro áreas donde la IA podría generar mejoras tangibles en eficiencia, tiempos de atención y toma de decisiones:
Salud: la protección de datos obliga a repensar dónde se desarrolla la IA. Uno de los principales desafíos para la adopción de inteligencia artificial en el sector salud es el tratamiento de datos personales sensibles. La Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento establecen restricciones estrictas para el uso y tratamiento de información relacionada con la salud, lo que obliga a las entidades públicas a evaluar con cuidado cómo entrenan y despliegan modelos de IA.
Según Bugarín, es frecuente la percepción de que el desarrollo de la IA requiere enviar información a proveedores externos o trabajar exclusivamente en la nube. “Muchas instituciones creen que la inteligencia artificial solo funciona en la nube. En realidad, también puede desplegarse en infraestructura local o en esquemas de nube híbrida, preservando el control sobre los datos”, afirma.
Esa diferencia es clave para aplicaciones como los sistemas de apoyo al triaje, el análisis de historias clínicas o herramientas de asistencia médica. En esos escenarios, sostiene, los modelos pueden entrenarse y operar dentro del propio data center de la institución, sin necesidad de transferir información sensible a terceros.
Para Bugarín, el reto no es solo tecnológico, sino también institucional: muchas organizaciones aún desconocen que pueden desarrollar capacidades de inteligencia artificial sin renunciar a la soberanía sobre su información más crítica.
Justicia: expedientes digitales y consultas más rápidas. El Poder Judicial viene impulsando la expansión del Expediente Judicial Electrónico y otros procesos de digitalización, aunque una parte importante de la documentación histórica continúa en formato físico. Según explica, las herramientas actuales permiten analizar documentos digitalizados para identificar patrones, extraer información relevante y acelerar consultas que antes tomaban horas o días. Eso no reemplaza la decisión judicial, pero sí puede reducir significativamente el tiempo dedicado a tareas repetitivas de revisión documental.
Identidad digital: reducir trámites que aún dependen del papel. Bugarín también cuestiona la persistencia de procedimientos que exigen copias físicas de documentos cuya información ya existe en sistemas digitales. “Llama la atención que para un trámite todavía pidan una copia del DNI, cuando esa información ya está digitalizada y existen mecanismos de interoperabilidad entre entidades”, afirma.
Como referencia regional, el caso de Argentina, donde la plataforma Mi Argentina permite utilizar el DNI digital, la licencia de conducir y otros documentos desde una aplicación móvil con mecanismos de verificación electrónica. Aunque el propio sistema argentino mantiene excepciones para determinados trámites y viajes internacionales, el ejemplo muestra un nivel de integración digital que, según Bugarín, el Perú podría alcanzar con una mayor interoperabilidad entre registros públicos, identidad digital y servicios ciudadanos.
El Perú cuenta con avances como el DNI electrónico, plataformas de autenticación digital y diversas iniciativas de transformación digital impulsadas por el Estado, pero la experiencia del ciudadano sigue requiriendo con frecuencia documentos físicos o copias impresas.
Programas sociales: usar los datos para focalizar mejor. Un cuarto frente es la gestión de programas sociales. Bugarín cita iniciativas como Pensión 65 y Juntos, administradas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que operan con grandes volúmenes de información sobre hogares, ingresos y condiciones de vulnerabilidad.
El Estado ya dispone de herramientas como el Sistema de Focalización de Hogares y el Padrón General de Hogares, que concentran información relevante para la asignación de beneficios. “La inteligencia artificial puede ayudar a integrar mejor estos datos y detectar patrones que permitan mejorar la focalización de políticas públicas”, explica. Entre otras aplicaciones, menciona la identificación temprana de hogares en riesgo, la actualización más rápida de padrones y una asignación de recursos más precisa.
Infraestructura y datos: la condición para que la IA funcione. Los cuatro casos tienen un elemento común: la infraestructura tecnológica y la gobernanza de datos. Bugarín sostiene que la IA solo genera valor cuando las instituciones cuentan con plataformas que pueden mantenerse, actualizarse y escalar en el tiempo. “La infraestructura digital es como una carretera o un puente: si no recibe mantenimiento continuo, termina perdiendo capacidad y valor”, afirma.
En ese contexto, Red Hat ha puesto énfasis en plataformas abiertas y arquitecturas híbridas que permitan a las entidades públicas combinar infraestructura local y servicios en la nube sin perder control sobre información crítica. La propia ENIA 2026-2030 plantea fortalecer capacidades nacionales en gestión de datos, infraestructura tecnológica, interoperabilidad y uso responsable de inteligencia artificial en el sector público.
Para Bugarín, la diferencia entre automatizar algunos trámites y modernizar realmente el Estado dependerá de tres factores: infraestructura con mantenimiento sostenido, mayor conciencia institucional sobre el valor de los datos públicos y una adopción tecnológica que también llegue a todas las regiones. “La IA puede democratizar el acceso a los servicios públicos y hacer al Estado más inclusivo, pero para eso las instituciones necesitan desarrollar capacidades propias y mantener control sobre sus datos y su infraestructura tecnológica”, concluye.
