La ANA reforzará el monitoreo de los recursos hídricos ante la posible reducción de caudales y reservas que podría afectar a la población y las actividades agrícolas y ganaderas.
Perú se prepara ante un posible déficit hídrico
La Autoridad Nacional del Agua, ANA, fortalecerá la evaluación y seguimiento de la disponibilidad de los recursos hídricos ante el riesgo de déficit hídrico previsto para el periodo de lluvias 2026-2027.
El escenario podría afectar a la población y a las actividades agrícolas y ganaderas en diversas zonas del país. Ante esta situación, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia en determinados distritos de 16 departamentos mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM.
La medida contempla un plazo de 60 días calendario para ejecutar acciones inmediatas destinadas a reducir el riesgo existente.
Menores caudales y reservas bajo seguimiento
El sustento técnico de la declaratoria incorpora información de la ANA, SENAMHI, ENFEN, CENEPRED e INDECI. Entre las señales identificadas figuran una disminución progresiva de los caudales y una reducción sostenida de los volúmenes almacenados en embalses.
A ello se suma el desarrollo de El Niño en el Pacífico ecuatorial central, condiciones que elevan la probabilidad de un déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027.
La ANA proporcionará información especializada sobre la disponibilidad y comportamiento de los recursos hídricos para apoyar la toma de decisiones de las entidades responsables.
Antecedentes de intervención
La autoridad cuenta con experiencia en medidas de preparación y respuesta frente a escenarios de déficit hídrico. En 2023, el Decreto de Urgencia N.° 030-2023 autorizó a la ANA a desarrollar, operar y mantener pozos a tajo abierto, además de ejecutar labores de limpieza y descolmatación de reservorios altoandinos e implementar instrumentos de medición y control en canales.
En el escenario actual, la ANA continuará generando información técnica sobre los recursos hídricos para contribuir a las medidas destinadas a fortalecer la seguridad hídrica y reducir los posibles impactos sobre la población y las actividades productivas.
