La operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay sostiene que la resolución judicial no resolvió el fondo de la controversia y acudirá a la siguiente instancia constitucional para defender el marco jurídico de su inversión.
Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP), operadora del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, confirmó que recurrirá a la siguiente instancia constitucional para cuestionar la resolución emitida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo presentada contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).
A través de un comunicado, la empresa señaló que continuará utilizando los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para defender su posición respecto al alcance de las facultades regulatorias del organismo supervisor sobre el terminal portuario.
Empresa defiende el marco jurídico bajo el que realizó su inversión
Cosco indicó que el proceso judicial busca preservar la estabilidad normativa y jurídica bajo la cual ejecutó la inversión en el Puerto de Chancay y precisó que la controversia se limita a las competencias que, a su juicio, puede ejercer Ositrán sobre una infraestructura de titularidad privada.
La empresa enfatizó que la acción judicial no cuestiona las facultades del Estado para realizar labores de supervisión, inspección y control en materias operativas, ambientales, tributarias, aduaneras, sanitarias o migratorias, funciones que actualmente ejercen diversas entidades públicas dentro del terminal portuario.
Cuestiona el alcance de las competencias de Ositrán
En el comunicado, Cosco sostiene que el Puerto de Chancay posee una naturaleza privada y opera en un mercado competitivo, por lo que considera que las facultades que pretende ejercer Ositrán exceden las previstas en la Ley del Sistema Portuario Nacional.
Según la empresa, esta interpretación afectaría derechos constitucionales, vulneraría el principio de legalidad y modificaría las condiciones regulatorias bajo las cuales se estructuró la inversión.
Asimismo, señaló que la resolución judicial no abordó el fondo de la controversia, particularmente la interpretación del marco legal vigente al momento de ejecutar el proyecto y el alcance de las competencias del regulador.
Caso continuará en la instancia constitucional
Frente a este escenario, Cosco Shipping anunció que presentará el recurso correspondiente para que el caso sea revisado por la siguiente instancia constitucional, donde espera que se analicen de manera integral los argumentos jurídicos planteados en la demanda.
Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso de cumplir la legislación peruana y continuar operando el Puerto de Chancay bajo estándares internacionales, destacando que la infraestructura busca contribuir al desarrollo logístico y económico del país.
