El acuerdo beneficiará a 1,373 peruanos que alegaron exposición a plomo en la fundición metalúrgica de La Oroya, en un proceso judicial que se extendió por casi dos décadas.
La minera estadounidense Doe Run acordó el pago de 150 millones de dólares a favor de 1,373 ciudadanos peruanos, como parte de la resolución de un extenso litigio en el que los demandantes alegaban haber estado expuestos durante su niñez a intoxicación por plomo en las cercanías de una fundición metalúrgica operada por una subsidiaria de la compañía en el Perú.
El acuerdo fue confirmado por la propia empresa mediante un comunicado, mientras que el bufete Schlichter Bogard, que representó a los demandantes, precisó que el caso se cerró luego de casi 19 años de proceso judicial en Estados Unidos, en lo que fue descrito como uno de los litigios transnacionales más prolongados vinculados a responsabilidad por daños tóxicos.
Un caso judicial de casi dos décadas por contaminación en La Oroya
La demanda fue presentada inicialmente en 2007 en un tribunal estatal de Missouri en representación de 17 menores de edad, pero posteriormente fue consolidada en un tribunal federal e incorporó múltiples casos adicionales, hasta superar los 1,000 demandantes y finalmente alcanzar a 1,373 personas afectadas.
Los abogados señalaron que los demandantes alegaron que la subsidiaria de Doe Run no redujo adecuadamente las emisiones de plomo en el complejo metalúrgico ubicado en La Oroya, en la región andina de Junín, una zona situada a más de 3,700 metros de altitud. Según el expediente del caso, esta situación habría generado daños permanentes en la salud de los afectados.
El proceso judicial estaba próximo a iniciar su fase de juicio cuando ambas partes llegaron al acuerdo económico que puso fin al litigio.
Argumentos de las partes sobre el origen de la contaminación
El bufete de los demandantes sostuvo que el acuerdo refleja la responsabilidad de las empresas que operan a nivel global y el vínculo entre decisiones corporativas y flujos de ganancias en Estados Unidos. En esa línea, destacaron la importancia de que las compañías asuman las consecuencias de sus operaciones en el extranjero.
Por su parte, Doe Run señaló que la fundición de La Oroya ya presentaba niveles elevados de contaminación antes de su participación, atribuyendo parte del problema a décadas de operaciones previas bajo administración estatal y privada en el Perú. La empresa añadió que, pese a no coincidir con las acusaciones, decidió cerrar el caso para concentrarse en sus operaciones actuales.
La Oroya, entre litigios internacionales y condenas ambientales
La ciudad de La Oroya ha sido históricamente señalada por altos niveles de contaminación vinculados a la actividad metalúrgica. En 2006 fue catalogada entre las ciudades más contaminadas del mundo debido a la presencia de metales pesados en el aire, el agua y el suelo.
En paralelo al litigio en Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2024 la responsabilidad del Estado peruano por vulneraciones al derecho a un ambiente sano en perjuicio de 80 residentes de la zona, ordenando medidas de remediación ambiental y atención médica para los afectados.
Sin embargo, de acuerdo con organizaciones de derechos ambientales, dichas obligaciones aún no han sido cumplidas en su totalidad, lo que mantiene abierto el debate sobre la remediación del daño ambiental en la zona.
