El intercambio entre el representante chino y el canciller panameño durante la Asamblea General de la OEA expuso diferencias sobre seguridad jurídica, inversión y separación de poderes.
Lo que comenzó como un diálogo protocolar entre observadores permanentes y jefes de delegación durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, terminó convirtiéndose en uno de los intercambios diplomáticos más tensos de la jornada.
El protagonista fue el representante permanente de China ante la OEA, Xie Feng, quien utilizó su intervención para cuestionar la actuación del Estado panameño en la disputa vinculada a los puertos de Balboa y Cristóbal, anteriormente operados por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.
La respuesta llegó de inmediato por parte del canciller panameño, Javier Martínez-Acha, quien defendió la independencia de los órganos del Estado y reiteró que Panamá es una democracia con separación de poderes claramente establecidos.
Fallo judicial reactivó controversia por concesión portuaria
La controversia tiene como origen el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en enero de este año, el cual declaró inconstitucional la renovación de la concesión otorgada a Panama Ports Company para operar las terminales de Balboa y Cristóbal.
Esta decisión abrió un proceso de transición administrativa y la posterior contratación temporal de nuevos operadores, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones portuarias en ambas terminales estratégicas ubicadas en el Canal de Panamá.
Durante su intervención ante los países miembros de la OEA, Xie Feng afirmó que la decisión panameña envía una señal negativa para la inversión extranjera y cuestionó la estabilidad de las reglas para los inversionistas internacionales.
“Si los principios pueden ser ignorados, los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento, ¿quién va a confiar en invertir y buscar colaboración?”, señaló el diplomático chino, quien además pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los intereses de las empresas de su país.
Respuesta de Panamá: defensa de la institucionalidad y la justicia
El canciller Javier Martínez-Acha respondió directamente en la misma sesión, señalando que el Ejecutivo panameño no tiene facultades para intervenir en decisiones del Poder Judicial.
“Le hablo como canciller de mi país y no como presidente de la sala”, expresó al iniciar su intervención, marcando distancia institucional frente a los cuestionamientos.
Martínez-Acha defendió el sistema político panameño y subrayó la diferencia con el modelo chino. “Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó.
Asimismo, recordó que el fallo sobre la concesión portuaria fue emitido por la Corte Suprema de Justicia y que el Ejecutivo está obligado a acatarlo. Según indicó, representantes chinos habrían solicitado en varias ocasiones la intervención del gobierno panameño para revertir la decisión, algo que calificó como incompatible con el orden institucional.
“El fallo fue claro: la renovación de la concesión no cumplió con los requisitos de mi país”, añadió.
Tensión también por controles a buques panameños en China
El canciller panameño también aprovechó su intervención para responder a cuestionamientos sobre la seguridad jurídica, señalando que el proceso judicial no fue impulsado por una sola administración, sino que se originó en gobiernos anteriores y fue resuelto por magistrados de distintas gestiones.
Además, se refirió a las inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos, las cuales han generado preocupación en el gobierno de Panamá.
“Sí, ustedes tienen la soberanía en sus puertos de hacer inspecciones y detenciones, pero esas acciones no se registran en la misma magnitud en países como Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas”, señaló.
Relación bilateral en medio de un cruce diplomático
La disputa se centra en una de las concesiones portuarias más importantes de Panamá. Panama Ports Company operó los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997, ubicados estratégicamente en las entradas del Canal de Panamá en el Pacífico y el Atlántico.
Tras el fallo judicial, el Gobierno panameño adjudicó contratos temporales para asegurar la continuidad operativa mientras se define un esquema definitivo de administración.
Martínez-Acha, sin embargo, evitó cerrar la puerta al diálogo con China y reafirmó la importancia de la relación bilateral.
“Nosotros valoramos la relación con China. Si existen diferencias, le invito a hablar sobre ellas”, señaló.
OEA como escenario de un conflicto con impacto regional
El episodio dejó en evidencia que la controversia por los puertos de Balboa y Cristóbal ha trascendido el ámbito estrictamente jurídico y comercial, convirtiéndose en un tema de política exterior con repercusiones diplomáticas.
El intercambio en la OEA reflejó cómo una disputa por una concesión portuaria estratégica puede escalar a un foro multilateral, en medio de un debate más amplio sobre inversión extranjera, soberanía, seguridad jurídica y relaciones entre América Latina y China.
