El país cuenta con 66 proyectos mineros en 19 departamentos, pero la conflictividad social y la baja ejecución de los recursos plantean desafíos para que esa inversión se traduzca en desarrollo sostenible.
Perú mantiene una cartera de inversiones mineras superior a los US$64.000 millones, distribuida en 66 proyectos ubicados en 19 departamentos. Para Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa, el desafío no solo está en concretar nuevas inversiones, sino en lograr que los recursos generados por la actividad minera se conviertan en capacidades y mejoras que permanezcan en los territorios.
El escenario combina una importante oportunidad económica con elevados niveles de conflictividad social. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, a junio de 2026 se registran 151 conflictos sociales activos, de los cuales 96 son de naturaleza socioambiental y están vinculados directamente con actividades extractivas.
“Construir confianza, generar oportunidades y lograr que el desarrollo permanezca en los territorios mucho después del inicio de una inversión minera”, señaló Sologuren.
Minería transfirió más de S/10.000 millones durante 2025
La magnitud de los recursos generados por el sector también refleja la importancia de mejorar su impacto en las zonas donde se desarrollan los proyectos. Durante 2025, la minería transfirió más de S/10.045 millones al presupuesto nacional mediante canon, regalías y otros conceptos. Al cierre de mayo de 2026, las transferencias ya superaban los S/4.000 millones.
Sin embargo, uno de los principales retos consiste en lograr que estos recursos sean ejecutados de manera eficiente y se traduzcan en servicios e infraestructura para la población.
“El verdadero desafío es que esos recursos se conviertan oportunamente en agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura”, afirmó Sologuren.
La necesidad de mejorar esa gestión cobra relevancia en un contexto en el que la pobreza monetaria alcanza al 25,7% de la población y al 35,5% en las zonas rurales.
Para la ejecutiva, el desarrollo territorial requiere una mayor articulación entre el Estado, las empresas, la academia, la sociedad civil y las comunidades. La gestión social, sostiene, debe contribuir a construir ese vínculo sin reemplazar las responsabilidades que corresponden al Estado.
Confianza y diálogo son claves para reducir conflictos
Los 96 conflictos socioambientales vinculados a actividades extractivas representan uno de los principales desafíos para el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
Desde la perspectiva de Sologuren, la construcción de confianza no debe comenzar cuando aparece un conflicto, sino mucho antes.
“La confianza se construye con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con transparencia, diálogo permanente, escucha activa y, sobre todo, cumpliendo los compromisos asumidos”, explicó.
La información también cumple un papel relevante en la relación entre las empresas y las comunidades. “Cuando la información llega tarde o no es clara, es natural que aparezcan temores”, advirtió.
En ese sentido, plantea que las compañías pueden contribuir al fortalecimiento institucional de los territorios mediante transferencia de conocimiento, generación de alianzas y acompañamiento a autoridades y organizaciones locales.
El reto es dejar capacidades en los territorios
La discusión sobre el impacto de la minería también pasa por revisar el enfoque de los programas sociales. Para Sologuren, medir el éxito únicamente por el monto invertido, el número de talleres realizados o la cantidad de participantes no permite conocer si una intervención produjo cambios sostenibles.
“La verdadera pregunta es otra: ¿mejoró realmente la vida de las personas?, ¿qué capacidades quedaron instaladas en el territorio?”, sostuvo.
Este enfoque plantea que los proyectos deben definir desde sus primeras etapas qué capacidades, infraestructura o actividades económicas podrán mantenerse una vez que disminuya la participación de la empresa.
“Cuando hablamos de legado, hablamos de pensar desde el inicio qué va a permanecer cuando el proyecto llegue a su fin”, señaló.
El objetivo, explicó, debería ser que las comunidades desarrollen mayores niveles de autonomía y no una dependencia permanente de las compañías mineras.
“El éxito no es que un territorio dependa cada vez más de la empresa minera, sino todo lo contrario: que fortalezca sus propias capacidades, diversifique su economía y pueda seguir desarrollándose con autonomía”, explicó.
Cartera de US$64.000 millones enfrenta un desafío territorial
La cartera minera superior a US$64.000 millones representa una oportunidad para incrementar la inversión, el empleo y los ingresos públicos durante los próximos años. Sin embargo, su concreción dependerá también de la capacidad del país para gestionar los conflictos, fortalecer las instituciones y mejorar la ejecución de los recursos que genera la actividad.
En este proceso, la participación de las comunidades, la transparencia y el fortalecimiento de capacidades pueden contribuir a construir relaciones más sostenibles entre los proyectos y sus áreas de influencia.
Sologuren también destacó el papel de las universidades y de las nuevas generaciones en este proceso. La academia puede aportar investigación y formación profesional, mientras que los jóvenes pueden contribuir con nuevas perspectivas en innovación, sostenibilidad y participación comunitaria.
“No podremos construir el futuro de nuestros territorios sin escuchar a quienes vivirán y liderarán ese futuro”, concluyó.
Con una cartera de 66 proyectos mineros por más de US$64.000 millones, el desafío para el Perú no se limita a atraer capital y poner en marcha nuevas operaciones. También implica conseguir que la inversión minera genere desarrollo sostenible, fortalezca las capacidades locales y contribuya de manera efectiva al cierre de brechas en los territorios.
