La rebaja de la calificación soberana eleva la presión sobre el peso, las tasas de interés y el financiamiento, en medio del deterioro fiscal, el rescate de Pemex y una menor expectativa de crecimiento económico.
La reciente decisión de Moody’s de recortar la calificación crediticia soberana de México de Baa2 a Baa3 representa un fuerte impacto para la narrativa económica oficial. Con este ajuste, el país baja un peldaño y queda exactamente en el último escalón antes de perder el relevante grado de inversión con esta agencia, igualando la posición de riesgo de Fitch Ratings (BBB-). Estar en este nivel significa que la confianza en la capacidad de pago del gobierno es delicada, a un solo paso de caer en la categoría de grado especulativo. Si ocurriera otra rebaja por parte de Moody’s o de S&P (que acaba de cambiar su perspectiva a negativa), se activaría un efecto más crítico desde los grandes fondos de inversión internacionales, obligados por sus propios estatutos a poseer solo activos con grado de inversión, tendrían que vender masivamente sus bonos mexicanos, provocando una fuga masiva de capitales, una devaluación severa del peso y un encarecimiento del financiamiento para el país.
Esta degradación se podría traducir en una fuerte presión al alza sobre las tasas de interés al aumentarse los costos generales y en una percepción de los inversionistas mucho más cautelosa. Al incrementarse el riesgo de México, a Banxico se le dificultaría bajar su tasa de referencia, debiendo mantenerla elevada para evitar la fuga de dólares, especialmente en un contexto global sacudido por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Para el ciudadano común y las corporaciones, esto implica que el costo del dinero se encarece al contratar nuevos créditos bancarios, financiamientos empresariales o hipotecas a tasa variable que será significativamente más costoso, limitando el consumo y frenando proyectos de inversión privada esenciales para la reactivación económica.
El núcleo del problema radica en un preocupante deterioro de los fundamentales macroeconómicos, un bajo crecimiento económico con proyecciones de Moody’s recortadas a menos del 1% para 2026, combinado con un gasto público sumamente rígido y un déficit fiscal que rozó el 5% del PIB el año pasado. La deuda bruta del gobierno se disparó del 39.8% en 2023 al 49.3% del PIB, y el principal lastre sigue siendo el rescate financiero a Pemex, que absorbió 35 mil millones de dólares solo en 2025 y tiene presupuestados otros 14 mil millones para este año.
A pesar de que México cuenta con la ventaja de una economía altamente diversificada gracias a la manufactura y al fenómeno del nearshoring, la falta de certidumbre jurídica, las controvertidas reformas políticas y la debilidad en los ingresos tributarios están contrarrestando estos beneficios estructurales. Hoy los inversionistas ven a México con precaución, el país sigue siendo un socio comercial indispensable y confiable debido a su cercanía con Estados Unidos, pero el beneficio de la duda se está agotando ante la debilidad de la disciplina fiscal.
A nivel de perspectiva y conclusión, es importante que se vean cambios sobre los puntos fuertes de la economía como el crecimiento en el PIB, la diversificación económica y la deuda, ya que el gobierno actual se encuentra bajo un riesgo importante donde queda poco margen, así que es importante la implementación de una consolidación fiscal creíble que recorte el déficit. Veo que México tiene la capacidad de lograr retener el grado de inversión por su posición global estratégica pero tomará algo de tiempo con las presiones actuales y necesitará de decisiones políticas y económicas importantes.
Laura Torres, Directora de Inversiones IMB Capital Quants
