Los proyectos forman parte del nuevo plan de infraestructura y tienen casi S/8 mil millones pendientes de ejecución, con impacto en el empleo y la producción.
La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que tres megaproyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031 presentan paralizaciones y retrasos, según información de la Contraloría General de la República. Se trata de la carretera Oyón-Ambo, que conecta Lima y Huánuco, el proyecto Chavimochic III y Majes Siguas II. Los tres también fueron incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025, pero no lograron culminarse durante ese periodo.
El PNI 2026-2031 da continuidad al PNISC 2022-2025 y es el principal instrumento del Estado para orientar y priorizar las inversiones en infraestructura durante los próximos cinco años. Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca impulsar proyectos que mejoren la productividad, los servicios y las condiciones para el desarrollo del país. “Sin embargo, la inclusión de un proyecto en este plan no garantiza su éxito si no va acompañado de una gestión eficiente”, resaltó Franco Saito, economista de REDES.
Las dificultades que enfrentan estos megaproyectos son distintas, pero revelan problemas que se repiten en la ejecución de grandes inversiones, como incumplimientos contractuales, deficiencias técnicas, dificultades para liberar terrenos y extensos procesos de controversia y arbitraje. Los tres megaproyectos tienen más de S/8 mil millones pendientes de ejecución. Por ejemplo, la carretera Oyón-Ambo tiene aproximadamente S/500 millones por ejecutar y Chavimochic, más de S/3 mil millones.
Uno de los casos que requiere mayor atención es la segunda etapa de Majes Siguas, en Arequipa, que recientemente fue transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El proyecto tiene un saldo pendiente de ejecución de más de S/4 mil millones y atraviesa un proceso de controversias. Entre los principales factores que han impedido su avance están la falta de entrega de terrenos y discrepancias técnicas relacionadas con cambios tecnológicos en el sistema de distribución de agua.
“El estancamiento representa un duro golpe para la región, debido a que la su reactivación permitiría transformar miles de hectáreas áridas en tierras destinadas al cultivo y la agroexportación. Esto abriría nuevas oportunidades para la inversión privada y permitiría incrementar los envíos al exterior de uvas, paltas, alcachofas y aceitunas, entre otros. Cada año de retraso significa alrededor de US$1.000 millones que la región deja de percibir, según indica el MEF. A su vez, el desarrollo de estas actividades contribuiría a diversificar la economía regional y generar miles de puestos de trabajo formales”, señaló Saito.
La experiencia del PNISC 2022-2025 también muestra que las dificultades para ejecutar proyectos de infraestructura vienen de años atrás. Durante ese periodo, algunos proyectos incluidos en el plan registraron avances mínimos, pese a la necesidad de contar con estos servicios. Entre ellos se encuentran los hospitales Papa Francisco de Manchay, Hospital II Pasco y Chincheros II-1 (Apurímac), así como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Titicaca. Estos proyectos alcanzaron avances físicos inferiores al 11% y enfrentaron dificultades relacionadas con expedientes técnicos, permisos y saneamiento de terrenos.
Para Saito, este escenario evidencia que destrabar la infraestructura también requiere fortalecer la capacidad del Estado para estructurar y gestionar los proyectos. Las trabas administrativas, los problemas en los expedientes y estructuración, demoras en la entrega de terrenos, problemas contractuales o controversias terminan prolongando los plazos y dejando inversiones sin servicio. Mientras estos procesos se extienden, la población continúa esperando mejores carreteras, transporte, hospitales, conectividad y acceso a servicios básicos
Frente a esta situación, añadió el economista, resulta necesario aprovechar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura mediante mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), junto con un Estado capaz de cumplir sus obligaciones y resolver oportunamente las trabas que frenan los proyectos. “El sector privado puede aportar experiencia, tecnología y capacidad de gestión para desarrollar infraestructura y, cuando corresponda, encargarse de su operación y mantenimiento. Para aprovechar ese potencial, se necesitan reglas claras, proyectos bien estructurados y condiciones que permitan que las inversiones avancen en plazos razonables”, manifestó Saito.
