Especialista advierte que eliminar estos insumos afectaría la productividad agrícola, el empleo rural y el precio de los alimentos en el país.
El debate sobre la posible cancelación de plaguicidas en el Perú abre un frente crítico para la sostenibilidad del sector agrario. De acuerdo con el ingeniero agrónomo Ulises Osorio Ángeles, prescindir de estas herramientas podría impactar directamente a cerca de cinco millones de agricultores, además de generar efectos en la oferta de alimentos y el costo de vida.
Impacto económico y riesgo en la producción
El experto advierte que la agricultura representa alrededor del 6% del PBI nacional y emplea a más del 24% de la población económicamente activa en zonas rurales. En ese contexto, una reducción en la productividad derivada de la eliminación de plaguicidas podría traducirse en menor oferta de alimentos y presiones al alza en los precios de la canasta básica.
Asimismo, señala que más del 80% del agro nacional está compuesto por pequeños y medianos productores, quienes enfrentan limitaciones técnicas para adoptar alternativas inmediatas. Esto podría generar una caída en la producción, reducción de ingresos y debilitamiento de la actividad rural.
Falta de alternativas viables a gran escala
Osorio Ángeles sostiene que actualmente no existe un modelo agrícola que permita prescindir completamente de los plaguicidas sin afectar la productividad. En esa línea, menciona experiencias internacionales donde restricciones a insumos como el glifosato evidenciaron dificultades operativas, mayores costos y problemas de abastecimiento.
El especialista enfatiza que los plaguicidas autorizados pasan por evaluaciones técnicas rigurosas, por lo que el problema central radica en su uso inadecuado más que en su existencia.
Buenas prácticas como solución sostenible
Frente a este escenario, propone fortalecer la capacitación en el campo como medida clave. Entre las acciones recomendadas destacan la correcta dosificación, el uso de equipos de protección, la aplicación en horarios adecuados y la implementación de buenas prácticas agrícolas.
Además, subraya la necesidad de reforzar la supervisión en los mercados para evitar la comercialización de productos con residuos, así como impulsar certificaciones que garanticen la inocuidad alimentaria.
Debate regulatorio y llamado técnico
El análisis se da en el marco de una demanda que busca restringir el uso de ciertos plaguicidas en el país. Ante ello, el especialista exhorta al Tribunal Constitucional del Perú a sustentar cualquier decisión en criterios técnicos y evidencia científica.
En ese sentido, plantea que la regulación debe mantenerse en manos de entidades especializadas como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, con apoyo de organismos técnicos en salud y ambiente.
Sostenibilidad, empleo y seguridad alimentaria
El debate sobre los plaguicidas trasciende lo ambiental y se posiciona como un tema estratégico para el país. La sostenibilidad de la agricultura, el empleo rural y el acceso a alimentos dependen de decisiones equilibradas que integren productividad, salud pública y regulación técnica.
