Por: Alberto Redondo, Director de Marketing de SERES para Iberia y LATAM

El acceso a la financiación es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de cualquier sector y tamaño. Sin embargo, pocas saben que la promesa de cobro que representa una factura es una potente herramienta de “autofinanciación”.

En 2015, la SUNAT puso la base para impulsar y promover el acceso a la financiación de las empresas que utilizan facturas comerciales y recibos por honorarios. Reforzada, ese mismo año, con una resolución que reglamentaba la obligatoriedad de incorporar la factura negociable. En todos los casos, el proceso se agiliza y simplifica si la factura es electrónica.

La factura negociable es un título de valor que se genera a través del tercer ejemplar de la factura comercial o el recibo por honorarios o el comprobante electrónico registrado en una Institución de Compensación y Liquidación de Valores y que, por efectos de su endoso y negociación a través de una entidad financiera, proporciona financiación. El sistema ofrece importantes ventajas y no pocos beneficios debido a que permite a quienes la emiten beneficiarse de una mayor facilidad a la hora de buscar financiación.

La factura negociable contiene datos relativos a la factura comercial además de datos adicionales que potencian su transferencia y agilizan su negociación, protesto y ejecución. Facilita a las empresas cobrar sus deudas por ventas de bienes o servicios al crédito y agilizar las operaciones de factoring, pudiendo negociar el comprobante sin esperar al plazo de pago y, con ello, cumplir con las obligaciones tributarias.

¿Cuándo una factura es negociable?

Los contribuyentes que lo deseen pueden incorporar en sus comprobantes de pago la información adicional necesaria para que la factura sea válida como negociable. En el caso de facturación electrónica, será necesaria una verificación de la información adicional por parte de una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), como puede ser CAVALI. La SUNAT ha puesto a disposición de las ICLV un servicio de consulta virtual para que puedan contemplar y verificar la validez de la información adicional de los comprobantes, y puedan ser transformados en facturas negociables.

La tramitación entre el emisor y el receptor de la factura, la validación y constancia de recepción de la SUNAT y la verificación de la ICLV, se realiza de forma automática y permite que sus comprobantes adquieran el carácter de factura negociable en apenas minutos. Adicionalmente, si el comprobante de pago electrónico se emite inicialmente sin la información adicional, es posible incluidos posteriormente para que el comprobante adquiera el carácter de factura negociable.

La factura electrónica ofrece un mecanismo que permite conocer la solvencia del deudor, agiliza y automatiza el proceso de aprobación y facilita y simplifica la financiación anticipada de las facturas, dando la opción a los proveedores de cobrarlas en el acto. De esta manera, en caso de necesidad de liquidez, las empresas podrán acceder a una nueva fuente de financiación, fuera de los canales bancarios tradicionales.

Según diferentes estudios, más del 50% de los impagos de facturas se deben a la falta de liquidez, cerca del 30% a discrepancias en el contenido y más del 15% a un envió a la persona incorrecta. Es decir, el 95% de las facturas impagadas se deben a una mala planificación previa, que un servicio de factura electrónica puede resolver automatizando el proceso.

En la mayoría de los casos, el retraso en el pago provoca que la empresa acreedora opte por financiarse con bancos o entidades de crédito fácil. En ambos casos, los mecanismos de solicitud son largos, tediosos y muy caros, deteriorando de la salud financiera de la empresa.

Por: Gherard Garaycott Ortiz, Jefe de Outsourcing de Impuestos de BDO en Perú

Desde el 1 de agosto del 2019, la bolsa de plástico, usada para contener productos enajenados por contribuyentes del IGV, se encuentra gravada con un impuesto que asciende a S/ 0.10. Conforme pasen los años, el impuesto aumentará, llegando a recaudarse S/0.50 por cada bolsa, para el 2023.

Una primera reflexión sobre lo señalado en el párrafo anterior apunta a resaltar que este impuesto nace, si quien entrega la bolsa es un contribuyente del IGV. Es decir, si un establecimiento comercializa productos no gravados con el IGV (por ejemplo, frutas o verduras), las bolsas que se entreguen no estarán sujetas al impuesto bajo comentario.

Por otro lado, está claro que la intención de este impuesto es reducir el uso de bolsas de plástico. Tanto así, que el referido impuesto aplica aún se entregue de manera gratuita una bolsa, sabiendo que ello ya no está permitido, a partir del artículo 2° de la Ley N°30884; el cual dispone que los establecimientos deben cobrar, por cada bolsa que entregan, como mínimo, una suma equivalente al precio del mercado.

Una segunda reflexión, a partir del artículo citado, apunta a señalar que los establecimientos van a comenzar a percibir mayores ingresos, pues si bien antes costeaban el valor de las bolsas que regalaban, hoy cobrarán por estas.

Hasta aquí, resulta también interesante cuestionarse algunos temas, ¿la necesidad de cuidar el planeta justifica generar un ingreso adicional para los establecimientos?, ¿sería necesario regular el destino de los ingresos que se generen con esta nueva obligación de cobro por entrega de bolsas plásticas?, finalmente, ¿la finalidad de cuidar el planeta debe significar sólo una carga en el consumidor final o también debería significar cargas en los entes de toda la cadena (entiéndase: importadores y/o productores, distribuidores y comercializadores)?

Ante el contexto actual, consideramos que hay la posibilidad de regular más a fondo este impuesto, generando una carga impositiva también en otros entes vinculados a las bolsas de plástico, o quizá, incluso, destinando lo recaudado por este impuesto para proyectos puntuales que reduzcan el impacto adverso del plástico.

SOBRE BDO

BDO es una organización global de auditoría y consultoría, considerada entre las cinco más importantes a nivel mundial. Cuenta con una experiencia de 55 años y tiene más de 1 500 oficinas, localizadas en 162 países, en los 6 continentes.

Creada en 1963, en Europa, adopta el nombre de BDO por sus socios fundadores Binder, Djiker y Otte; reconocidos auditores que fueron claves en la expansión de la firma en el mundo. Desde entonces, el equipo de BDO ofrece un asesoramiento especializado y riguroso para dar respuesta a los requerimientos cada vez más exigentes e innovadores en distintos sectores económicos y mercados mundiales.

BDO trabaja con compañías que operan localmente, empresas familiares, instituciones del sector público, negocios con proyección de crecimiento y organizaciones globalizadas con presencia internacional.