La paralización de 22 proyectos estratégicos por falta de presupuesto en la ANIN amenaza obras de defensas ribereñas, hospitales y colegios, generando riesgos sociales, sanitarios y financieros en diversas regiones del país.
La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) alertó sobre el grave déficit presupuestal que enfrenta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para los periodos 2025, 2026 y 2027, situación que amenaza el avance de proyectos clave en todo el país. La falta de recursos ya ha paralizado 22 obras estratégicas, incluyendo defensas ribereñas, hospitales y colegios, comprometiendo derechos fundamentales de la ciudadanía.
Impacto en seguridad y bienestar
La paralización de proyectos críticos aumenta la vulnerabilidad de miles de familias ante eventos climáticos, especialmente en el norte del país. Entre los casos más preocupantes se encuentran las Defensas Ribereñas de los ríos Olmos y Zaña (Lambayeque), con un presupuesto de S/ 1.200 millones, y los ríos Motupe y La Leche, que registran deudas pendientes por S/ 70 millones.
Crisis financiera en el sector construcción
El retraso en pagos a contratistas y subcontratistas genera inestabilidad económica y despidos de personal. Por ejemplo, la retención de S/ 34 millones en la Defensa Ribereña del Río Matagente (Ica) afecta gravemente la liquidez de las empresas, poniendo en riesgo la ejecución de otros proyectos en la región.
Repercusión en salud pública
La suspensión de suministro e instalación de equipamiento biomédico en el Hospital Provincial de Cascas II-1 (La Libertad) y el Hospital de Apoyo Recuay II (Áncash) compromete la calidad y cobertura de los servicios clínicos esenciales, afectando directamente a pacientes y comunidades.
Riesgo jurídico y de inversión
El incumplimiento de los plazos contractuales podría derivar en arbitrajes contra el Estado, debilitando la confianza de inversionistas y generando laudos que recaerían sobre la ciudadanía.
Llamado urgente al Gobierno
La SNCI exhorta a la Presidencia de la República, al Congreso, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la ANIN a tomar medidas inmediatas para reasignar y destrabar los recursos necesarios. Solo así será posible garantizar la continuidad de los 22 proyectos paralizados, cerrar brechas críticas y asegurar la protección, salud y educación de las familias peruanas.
