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sábado, febrero 14, 2026
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Petro impulsa la compra estatal de oro en Colombia para frenar la ilegalidad y fortalecer la producción

El presidente Gustavo Petro ordenó al Ministerio de Minas adquirir directamente el oro producido en regiones del país, con el fin de sacar a las mafias del mercado y beneficiar a los pequeños mineros.

Cambio en el control del mercado del oro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dispuso que el Ministerio de Minas y Energía asuma la compra directa del oro producido en las regiones del país, desplazando una función que hasta ahora estaba bajo responsabilidad del Banco de la República. La medida busca recuperar el control estatal sobre un sector dominado por la informalidad y la minería ilegal.
“He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato la compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente a pequeños mineros y sacar las mafias del oro”, escribió Petro en su cuenta de X.

Crítica al Banco de la República y contexto de precios

Petro cuestionó duramente al Banco Central por haber vendido el oro colombiano y no participar en su compra local, calificando la decisión como “un gran descalabro financiero”.
El anuncio se da en un momento en que el oro ha alcanzado precios récord en los mercados internacionales, superando los 4.300 dólares la onza, impulsado por la tensión arancelaria entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el valor comenzó a retroceder levemente ante la expectativa de un acuerdo comercial entre ambas potencias. Según cifras oficiales, este martes la onza se cotizó en 3.974,66 dólares.

Inicio de la compra directa y beneficios esperados

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que la medida entrará en vigor en noviembre. “Atendiendo la instrucción del presidente, se implementará a partir de noviembre la compra directa de oro en las regiones productoras del país”, señaló.
El 80 % del oro comercializado en Colombia —unas 70 toneladas anuales valoradas en más de 4.000 millones de dólares— proviene de explotaciones informales o ilegales, lo que genera pérdidas fiscales estimadas en 1.285 millones de dólares por regalías no recaudadas.

Formalización y recuperación del sector

Palma lamentó que el Congreso no haya aprobado la creación de Ecominerales, una empresa estatal que buscaba regular el mercado de metales preciosos y combatir la ilegalidad. Pese a ello, anunció que el gobierno coordinará esfuerzos con el Ministerio de Hacienda, la DIAN, la Agencia Nacional de Minería y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para implementar un modelo inclusivo que beneficie a pequeños mineros.
“Las empresas de oro en proceso de extinción de dominio se pondrán al servicio de cooperativas y asociaciones de pequeños mineros y mineras, dándoles un alto valor social a estos activos que alguna vez estuvieron en operaciones ilícitas”, afirmó.

Impacto social y alcance del programa

Según el Ministerio de Minas y Energía, la iniciativa beneficiará directamente a unos 7.400 mineros organizados en cooperativas, aunque el objetivo es extenderla a aproximadamente 350.000 trabajadores informales y de subsistencia.
Con esta política, el gobierno colombiano busca transformar el modelo extractivo hacia uno más transparente y equitativo, donde el Estado tenga un rol activo en la cadena de valor del oro.

Ositran reevalúa la tarifa de conexión del aeropuerto Jorge Chávez tras desacuerdos internos

El Consejo Directivo del regulador cuestionó la metodología usada para fijar la TUUA de transferencia y pidió un nuevo estudio que compare tarifas con otros aeropuertos de la región.

Discrepancias en el cálculo tarifario

El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) decidió, por mayoría, rechazar la metodología utilizada para calcular la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
El cobro, previsto para entrar en vigor el 7 de diciembre, establecía una tarifa de US$12,67 para pasajeros en conexión internacional y de US$8,01 para los de conexión nacional. Dichas cifras habían sido aprobadas en junio por la entonces presidenta del regulador, Verónica Zambrano, cuando aún no existía quórum en el Consejo Directivo.

Impacto en la competitividad del aeropuerto

Durante la sesión extraordinaria del 13 de octubre, los consejeros Claudia Salaverry y Javier Masías votaron en contra de la metodología técnica, argumentando que la TUUA de transferencia podría afectar la competitividad del aeropuerto frente a otros hubs regionales.
Según los consejeros, mantener tarifas unificadas demasiado altas podría desalentar a aerolíneas y pasajeros de conexión, impactando la posición estratégica del Jorge Chávez como centro de conexiones.

Nueva evaluación y revisión de costos

Ante las observaciones, el Consejo Directivo solicitó un nuevo informe técnico que incorpore una metodología comparativa o benchmarking, tomando como referencia aeropuertos de características similares en América Latina.
Además, la mayoría del Consejo consideró que no existe una justificación clara para el cobro de esta tarifa adicional, ya que los costos alegados por Lima Airport Partners (LAP) podrían estar cubiertos por la TUUA de origen que los pasajeros ya pagan.

Cuestionamientos a la adenda y rol del MTC

Los consejeros también pidieron revisar la Adenda N.º 6 del contrato de concesión, firmada en 2013 entre LAP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que introdujo el cobro de la TUUA de transferencia.
Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), recordó que el propio Ositran había mostrado su desacuerdo con esa adenda desde su origen, señalando que afectaría el equilibrio de competencia en el sector aéreo.

Postura del concesionario y pedido de imparcialidad

Por su parte, Juan José Salmón, CEO de LAP, sostuvo que el concesionario tiene derecho a cobrar la tarifa para recuperar la inversión en infraestructura y servicios que ya se ofrecen a los pasajeros. Sin embargo, los consejeros propusieron que una institución académica independiente, como la Universidad ESAN o la Universidad del Pacífico, evalúe la pertinencia del cobro y la metodología empleada.
El objetivo, remarcaron, es garantizar la transparencia del proceso y la neutralidad técnica de la decisión final.

Falta de quórum y consecuencias institucionales

El caso se agrava por la situación de gobernanza del propio Ositran. El organismo permaneció sin quórum en su Consejo Directivo desde noviembre de 2023 hasta abril de este año, cuando se incorporaron los nuevos miembros Salaverry y Masías.
En ese periodo, Verónica Zambrano emitió resoluciones sin el quórum reglamentario, motivo por el cual el congresista Wilson Soto presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presunta usurpación de funciones. El proceso continúa en investigación.

Revisión pendiente y próximos pasos

Actualmente, el Consejo tiene pendiente pronunciarse sobre la nueva metodología de cálculo. No existe un plazo formal, pero sí un sentido de urgencia, ya que la definición de la tarifa afecta la negociación entre el MTC y LAP.
Si se confirma que el cobro constituye una duplicidad o se determina un monto menor, el Estado podría reducir significativamente los pagos compensatorios al concesionario. Mientras tanto, LAP anunció que postergará el inicio del cobro hasta el 7 de diciembre, en espera de que el MTC modifique el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para garantizar mayor transparencia tarifaria.

El BCRA impulsa el Open Finance para ampliar el crédito y la inclusión financiera

El Banco Central de Argentina proyecta una nueva etapa de interoperabilidad digital, con foco en el acceso al crédito y la competencia entre banca y fintech.

Un ecosistema financiero en transformación

El sistema de pagos argentino avanza hacia un modelo cada vez más interoperable. La expansión de las plataformas digitales, los pagos con transferencia y el uso del código QR reflejan una transformación que está redefiniendo la relación entre usuarios, bancos y fintech. En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) traza su hoja de ruta hacia el Open Finance, un modelo que busca integrar los datos financieros para mejorar el acceso al crédito y reducir los costos del sistema.

Durante el Forbes Fintech & Technology Summit, el director del BCRA, Juan Inchauspe, destacó que “la agenda de pagos creció muchísimo en los últimos diez años. En los dos más recientes continuamos una agenda que se empezó a trabajar alrededor de 2016, y desde entonces los números reflejan un crecimiento constante, sobre todo en los pagos minoristas”.

Avances en interoperabilidad y pagos digitales

El funcionario resaltó los logros alcanzados en materia de interoperabilidad, citando hitos como la apertura del sistema SUBE y la incorporación del QR interoperable. Ambos procesos, señaló, implicaron una alta complejidad técnica y regulatoria, pero marcaron un punto de inflexión gracias al trabajo coordinado con todos los actores del ecosistema financiero.

“La gente, al final del día, tiene todas las opciones sobre la mesa para pagar, y eso se logra con una dinámica de diálogo constante”, afirmó Inchauspe. Además, adelantó que el próximo paso será la implementación del cheque en dólares, prevista para el 1 de diciembre, dentro de una agenda de modernización que incluye también la consolidación del bimonetarismo en tarjetas de crédito y débito.

Open Finance: el usuario como dueño de sus datos

El gran desafío hacia adelante es la implementación del Open Finance, un sistema que pone al usuario en el centro. “La idea es que cada persona sea dueña de sus datos y pueda compartirlos de manera voluntaria con quien desee”, explicó el directivo. A diferencia del modelo de Open Banking, el esquema argentino busca incluir información proveniente de fuentes públicas como la AFIP o la Aduana, además de la bancaria y de billeteras digitales.

El objetivo central de esta integración es mejorar el acceso al crédito. “Al facilitar la trazabilidad y el intercambio de información, se busca otorgar más y mejores préstamos a los usuarios. Esto no solo reduce costos, sino que mejora los controles, fomenta la competencia con el efectivo y fortalece la inclusión financiera”, subrayó.

Innovación y regulación en equilibrio

Inchauspe reconoció que el avance tecnológico genera una “dinámica constante de incomodidad” para los reguladores, ya que la innovación empuja a adaptar las normas con mayor rapidez. Sin embargo, consideró que Argentina está en línea con otros países de la región y que la clave es mantener un diálogo abierto entre el sector público y privado.

“Hay que construir el avión en el aire, pero con coordinación. La prioridad es lograr una cancha equilibrada para que la innovación florezca y la competencia beneficie al cliente final”, sostuvo el funcionario.

El papel del efectivo y el valor de la trazabilidad

Sobre el futuro del dinero físico, Inchauspe coincidió en que el uso del efectivo disminuirá, aunque seguirá siendo una opción válida. “No necesariamente el efectivo es dinero negro. Lo importante es que las personas puedan elegir y que las operaciones sean simples, con la ventaja que ofrece el entorno digital de brindar trazabilidad y seguridad”, afirmó.

Esta trazabilidad, precisó, permite construir perfiles crediticios más sólidos, especialmente para personas fuera del sistema financiero tradicional. Datos como la asistencia laboral, el pago de servicios o la contribución fiscal pueden servir para inferir el nivel de riesgo y ofrecer crédito de manera más precisa y justa.

Un futuro fintech prometedor

El director del BCRA cerró su intervención con una visión optimista. “Argentina está muy bien posicionada. Su economía del conocimiento tiene un potencial enorme. La innovación es infinita y el país está realmente a la vanguardia. El futuro dependerá de seguir desarrollando esa capacidad y de que las empresas locales continúen apostando por la transformación”, concluyó.

Common House apuesta por la sostenibilidad desde la acción

Tras la quiebra de Algramo, el emprendedor chileno lanza una nueva iniciativa global centrada en la ejecución y el impacto medible.

De Algramo a una nueva visión

José Manuel Moller no da pie atrás e insiste en la sostenibilidad. Esta vez, asegura, dejará de intentar convencer a quienes no están listos y solo trabajará con organizaciones ya convencidas u obligadas por regulación. Esa fue una de las grandes lecciones que le dejó el fin de Algramo, que en agosto de este año pidió formalmente la quiebra tras trece años de actividad.

Poco tiempo después, Moller y su socio en esta nueva etapa, Francisco Cerda, fundador y CEO de Gudcompany, anunciaron a través de LinkedIn la puesta en marcha de Common House. Con proyectos ya activos en España, Costa Rica y Turquía, y conversaciones en nuevas ciudades de América Latina y Asia, la propuesta de este estudio responde a una urgencia clara: pasar de los diagnósticos a la ejecución. “Hoy sobran estudios, lo que falta es implementación con mirada sistémica. La sostenibilidad es la gran urgencia de nuestra época y es ahí donde puedo aportar: pasar de la intención a operaciones que funcionen, con métricas, gobernanza y resultados medibles en territorio”, afirma Moller.

Londres como base estratégica

Londres fue elegido como base para el nuevo estudio. “Es una de las grandes capitales del mundo y un mercado de prueba exigente. Desde ahí tenemos acceso a talento, inversión, regulación avanzada y una zona horaria que nos conecta con América, Europa y APAC. Esa densidad de clientes, aliados y reguladores acelera pilotos y facilita escalamiento”, explica.

Un modelo basado en la acción

Common House no es una consultora tradicional. Su propuesta es operar desde la acción. “No llegamos a escribir planes, llegamos a implementarlos. Somos un estudio de ejecución táctica, con equipos de emprendedores expertos en modelos zero waste, un portafolio de soluciones listas para operar y una red de organizaciones especializadas para resolver cada desafío”, agrega Francisco Cerda.

Remodelar lo existente

Tanto Cerda como Moller buscan con este proyecto “remodelar lo existente”, y esto pretenden lograrlo por distintas vías. Primero, ayudando a startups a escalar profundizando en su oferta, explica Cerda, desarrollando las capacidades que necesitan para crecer y conectándolas con la demanda, como gobiernos locales, grandes empresas o alianzas público-privadas, con una red global de expertos, proveedores y organizaciones articuladas bajo una gestión colaborativa. “Nuestra promesa será que cualquiera que tenga una necesidad de avanzar en zero waste, en cualquier parte del mundo, pueda recurrir a nosotros para diseñar y poner en práctica soluciones efectivas y sostenibles. Por eso nos basamos en un modelo de capacidades distribuidas”, añade.

Superar las barreras de la sostenibilidad

Desde su experiencia como consultor y emprendedor, Cerda ha visto reiteradamente las barreras que existen para avanzar en sostenibilidad. “El principal error es que muchas empresas ni siquiera lo intentan, salvo que la regulación las obligue o el mercado lo convierta en un estándar. Y cuando lo hacen, suelen tener dificultades para trabajar con proveedores pequeños o startups. También pasa lo contrario: soluciones muy técnicas que no logran convertirse en negocios sostenibles. Common House busca cerrar esa brecha”.

Hacia un nuevo estándar global

“Queremos que diseñar sin residuos deje de ser piloto y se convierta en la norma”, afirma Moller. “Así como pasó con las bolsas plásticas o fumar en espacios cerrados, podemos cambiar el estándar cultural y económico”.

Common House ya está ejecutando proyectos y acompañando a más de ocho startups a escalar. La idea es que cualquier actor, municipio, empresa o universidad, pueda acudir al estudio con un desafío y encontrar allí una solución lista para aplicar. “Por eso hablamos de capacidades distribuidas. Hay talento y conocimiento en muchas partes del mundo, lo que falta es conectarlo de manera efectiva para que las soluciones lleguen donde se necesitan”, destaca Cerda.

Una ambición a largo plazo

En el mediano plazo, la ambición es clara. “Queremos que Common House sea un referente mundial de zero waste, como la Clínica Mayo lo es en salud o la NASA en tecnología. Que cualquier organización que quiera avanzar en esta agenda piense en nosotros como su socio natural”, señala Moller.

Medir impacto y generar cambio

Los fundadores apuntan a medir impacto en tres niveles: ambiental, económico y social. “Si en tres años logramos escalar soluciones efectivas, articular una red robusta de colaboración y demostrar que este modelo puede generar beneficios reales, habremos dado un paso importante para que la circularidad deje de ser una excepción y se vuelva la nueva normalidad”, concluye Cerda.

SPH alerta: cambio en el FISE pondría en riesgo la masificación del gas natural en el Perú

El gremio energético alertó que una modificación legal podría excluir a millones de peruanos del acceso al Fise y frenar el desarrollo del gas natural en regiones.

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió que el Proyecto de Ley N.º 09268/2024-CR, actualmente en debate en el Congreso, amenaza con frenar la masificación del gas natural en el Perú. La propuesta, según el gremio, restringiría el acceso al Fondo de Inclusión Social Energético (Fise), una herramienta clave que desde 2012 impulsa la inclusión energética y el acceso equitativo a fuentes limpias.

Riesgo para familias, mypes y transportistas

De aprobarse la modificación, se establecerían requisitos de acceso tan restrictivos que prácticamente eliminarían el uso del Fise para la expansión del gas natural, impidiendo que nuevas familias, pequeños comercios y mypes se conecten al sistema. Además, el cambio afectaría los programas de conversión vehicular, golpeando directamente a transportistas, talleres de conversión y pequeños empresarios que hoy dependen del gas natural como una alternativa asequible y sostenible.

El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, calificó la propuesta como “una amenaza directa a uno de los programas más exitosos de inclusión energética del país”, señalando que pondría en riesgo el acceso de millones de peruanos a una fuente limpia, segura y económica. “Este cambio afectaría especialmente a las regiones andinas y amazónicas donde el gas natural aún no llega y las familias esperan por años poder conectarse al sistema”, enfatizó.

Desigualdad energética y retroceso en inclusión

Según la SPH, las regiones más perjudicadas serían Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, Junín y Ucayali, además de otras zonas como Piura, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Cajamarca, Ica, Arequipa y Tacna, donde la masificación aún está en proceso. Mientras Lima y Callao llevan casi una década beneficiándose del Fise, el cambio legal profundizaría la desigualdad energética entre regiones.

El gremio advirtió que la nueva orientación del Fise distorsionaría su objetivo original: el fondo dejaría de enfocarse en la pobreza energética, que busca atender a quienes carecen de energía segura y moderna, para concentrarse solo en la pobreza monetaria, medida por ingresos. Esto excluiría a miles de hogares que, pese a no ser pobres por ingresos, siguen sin acceso a energía moderna y eficiente.

Impacto sobre los avances logrados

Desde su creación, el Fise ha permitido que más de ocho millones de peruanos accedan al gas natural, ha impulsado más de 300 mil conversiones vehiculares y ha beneficiado a 30 mil comercios con energía más limpia y económica. “Exhortamos al Congreso a revisar la propuesta porque es fundamental preservar su enfoque de inclusión energética y garantizar que todos los peruanos puedan acceder al gas natural”, concluyó Cantuarias.

Ferrovial impulsa sus ingresos con el crecimiento de autopistas, aeropuertos y construcción

La compañía española reportó un aumento del 6% en ingresos acumulados y mejoras en sus principales divisiones, destacando el desempeño de la autopista 407 ETR de Toronto.

Ferrovial presentó resultados sólidos en el tercer trimestre de 2025, con ingresos de 2.442 millones de euros, por encima de los 2.376 millones del mismo periodo de 2024. Las ganancias trimestrales fueron de 260 millones de euros, ligeramente inferiores a los 281 millones registrados el año anterior, aunque el balance acumulado de los primeros nueve meses muestra una tendencia positiva.

Entre enero y septiembre, la compañía alcanzó 6.911 millones de euros en ingresos, un crecimiento del 6% interanual, y 691 millones de euros en beneficios, también un 6% más que en el mismo periodo del año previo.

El impulso provino principalmente del negocio de autopistas, que registró ingresos por 1.021 millones de euros, con un aumento comparable del 4,4%. Los aeropuertos aportaron 85 millones de euros, con un crecimiento del 15,8%, mientras que la construcción avanzó un 4,6%, alcanzando 5.420 millones de euros en los tres primeros trimestres.

En cuanto a la deuda neta, Ferrovial reportó 706 millones de euros al cierre del trimestre, descontando proyectos de infraestructura, una mejora significativa frente a los 1.794 millones del mismo periodo del año pasado.

Uno de los activos más destacados fue la autopista 407 ETR de Toronto, cuyo tráfico aumentó 6,2% entre enero y septiembre. La concesión generó 1.511 millones de dólares canadienses en ingresos, un 19,3% más que en 2024, consolidándose como una de las principales fuentes de rentabilidad del grupo.

Con estos resultados, Ferrovial reafirma su posición como una de las multinacionales de infraestructura más resilientes, impulsada por el dinamismo del tráfico en autopistas, la recuperación del sector aeroportuario y una actividad constructora en expansión.