Un estudio técnico revela profundas brechas entre plataformas de taxi por aplicativo, riesgos crecientes para el consumidor y la urgencia de una regulación nacional que ordene un mercado que hoy opera sin reglas claras.
El transporte de pasajeros mediante aplicativos digitales se ha convertido en un componente estructural de la movilidad urbana en el Perú. Millones de viajes mensuales en Lima y otras ciudades confirman su masificación. Sin embargo, este crecimiento no ha venido acompañado de un marco normativo moderno y homogéneo, generando un mercado que opera en un persistente vacío regulatorio, con consecuencias directas para los consumidores, la competencia y el Estado.
Un mercado masivo con reglas fragmentadas
El estudio advierte que los servicios de taxi por aplicativo funcionan bajo una superposición de normas diseñadas para el taxi tradicional, criterios administrativos dispares y una fiscalización intermitente. Esta combinación ha permitido la convivencia de modelos con altos estándares de cumplimiento junto a otros que operan en los márgenes de la legalidad, trasladando riesgos al usuario y generando distorsiones competitivas.
Lejos de tratarse de un problema coyuntural, el análisis identifica un desajuste estructural que afecta la gobernanza del transporte urbano y debilita la capacidad del Estado para ordenar el sector.
Metodología robusta para identificar patrones, no excepciones
El trabajo integra un análisis jurídico del marco normativo vigente, la revisión de términos y condiciones de las plataformas, evaluaciones comparativas, rankings de protección al consumidor y un estudio de campo bajo modalidad Mystery Shopper realizado por Ipsos Perú. Esta combinación permitió observar el funcionamiento real de los aplicativos, evitando conclusiones basadas en casos aislados y evidenciando patrones de conducta consistentes.
Un mercado partido en dos
Los resultados muestran diferencias estructurales entre plataformas. Yango y Cabify lideran de manera consistente los rankings de cumplimiento, seguridad y transparencia, demostrando que es posible operar en el mercado peruano internalizando estándares elevados sin sacrificar viabilidad económica.
En contraste, InDrive se ubica reiteradamente en los últimos lugares, con un patrón de informalidad operativa, menor control preventivo y mayor tolerancia a prácticas que bordean o infringen la legalidad. Esta asimetría no solo expone al consumidor, sino que otorga ventajas competitivas artificiales a los operadores informales.
Rankings que evidencian fallas regulatorias
Las brechas detectadas en transparencia contractual, información previa, control del servicio, seguridad y gestión de reclamos son amplias y persistentes. En un mercado regulado con estándares homogéneos, estas diferencias no deberían existir. Su reiteración confirma la debilidad del marco normativo y de la fiscalización vigente.
Motocicletas y transporte ilegal: la informalidad normalizada
Uno de los hallazgos más críticos del estudio es la detección de transporte ilegal de pasajeros en motocicleta, ofrecido bajo la fachada de servicios de paquetería. El trabajo de campo identificó que el 10 % de los viajes solicitados como delivery derivaron en transporte de personas, sin seguros, sin habilitación legal y sin estándares mínimos de seguridad.
La magnitud del fenómeno revela una práctica sistemática de elusión regulatoria que, ante la ausencia de sanciones efectivas, se ha normalizado en el mercado.
Impactos en consumidores, competencia y Estado
Para los usuarios, el escenario actual implica exposición a riesgos no informados, seguros inexistentes o insuficientes y canales de reclamo débiles. Para el mercado, consolida una competencia desleal que penaliza a quienes invierten en cumplimiento. Para el Estado, representa una pérdida progresiva de autoridad regulatoria y capacidad de fiscalización.
Regular sin frenar la innovación
El estudio plantea la necesidad urgente de una regulación nacional específica para las plataformas de transporte digital, con estándares mínimos obligatorios en seguridad, transparencia y control operativo, acompañados de un régimen de fiscalización efectivo y sanciones proporcionales.
Asimismo, propone prohibir y fiscalizar expresamente el transporte ilegal de pasajeros en motocicleta y diferenciar con claridad entre operadores formales e informales. La evidencia demuestra que regular no es frenar la innovación, sino permitir que esta se desarrolle bajo reglas justas y seguras para todos.
