Abogados e ingenieros advierten que la defensa de Petroperú es un interés nacional y que su reorganización exige criterios técnicos, legales y sostenibles para garantizar seguridad energética y estabilidad institucional.

En un contexto de alta sensibilidad política, económica y social, dos de las principales instituciones profesionales del país, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), han hecho públicos pronunciamientos que, desde miradas distintas pero complementarias, convergen en una idea central: Petroperú es una empresa estratégica para el Estado peruano y cualquier proceso de reorganización o reestructuración debe realizarse con responsabilidad, legalidad, criterio técnico y visión de largo plazo .

Una empresa estratégica para la soberanía y la seguridad energética

Tanto el CIP como la CAL coinciden en reconocer que Petroperú cumple un rol irremplazable en la seguridad energética, el abastecimiento nacional de combustibles y la soberanía del país, especialmente en zonas alejadas donde el mercado privado no tiene presencia. El Colegio de Abogados de Lima subraya que la empresa ha sido históricamente clave en situaciones de emergencia nacional y en el soporte logístico a las Fuerzas Armadas, además de contribuir a la estabilidad del mercado de hidrocarburos.

En la misma línea, el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú remarca que Petroperú no es una empresa comercial más, sino una infraestructura estratégica del Estado, cuya operación segura y sostenible es esencial para el funcionamiento del país, más aún en escenarios de crisis internacionales como el incremento de precios de combustibles tras el conflicto Rusia-Ucrania.

Críticas al enfoque improvisado y de corto plazo

Otro punto de convergencia es la preocupación por decisiones adoptadas sin sustento suficiente, ya sea desde el plano constitucional o técnico. El CAL cuestiona el uso del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, al considerar que no se acredita la excepcionalidad exigida por la Constitución y que se abre la puerta a transferencias patrimoniales y presupuestales que podrían vulnerar derechos laborales y afectar políticas públicas sensibles como la electrificación rural.

Por su parte, el CIP advierte que la crisis de Petroperú no es coyuntural ni atribuible a un solo gobierno, sino el resultado de decisiones acumuladas sin control técnico independiente ni continuidad institucional, especialmente en el proceso de modernización de la Refinería de Talara, cuyo costo escaló sin un rediseño proporcional del modelo financiero ni de la gobernanza técnica.

Riesgos de una reestructuración sin enfoque especializado

Ambas instituciones expresan reparos frente a la posibilidad de que la reorganización de Petroperú se oriente principalmente desde criterios financieros o contractuales. El Colegio de Ingenieros cuestiona que Proinversión lidere un proceso que, a su juicio, requiere conocimiento profundo en ingeniería, refinación, gestión de riesgos y seguridad industrial, advirtiendo que una lógica similar a la de concesiones puede comprometer la sostenibilidad operativa de la empresa.

Desde el ámbito jurídico, el CAL alerta que la transferencia de activos y recursos sin salvaguardas claras podría afectar la continuidad del servicio público de distribución de hidrocarburos y generar impactos sociales significativos en las poblaciones más vulnerables.

Legalidad, técnica y control institucional como ejes comunes

En síntesis, abogados e ingenieros coinciden en que la salida a la crisis de Petroperú no pasa por decisiones apresuradas, sino por un enfoque integral que combine respeto irrestricto a la Constitución, transparencia, control técnico independiente y continuidad institucional. El CAL reafirma su rol como defensor del Estado Constitucional de Derecho, mientras que el CIP se ofrece como contrapeso técnico y ético de la sociedad civil, comprometido con aportar conocimiento especializado y estabilidad institucional más allá de los cambios políticos.

La coincidencia de ambas órdenes profesionales envía un mensaje claro: defender Petroperú es defender un interés nacional, y hacerlo correctamente exige tanto solidez jurídica como rigor técnico, en beneficio de la seguridad energética y del desarrollo sostenible del país.

Respaldo a posición de los trabajadores

Al respecto, José Luis Saavedra Távara, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – STAPP, señaló que estos pronunciamientos “fortalecen la posición de los trabajadores y de la ciudadanía que defiende a Petroperú como activo estratégico del Estado”, remarcando que el respaldo de instituciones como el CAL y el CIP contribuye a exigir transparencia, criterios técnicos verificables y respeto a la institucionalidad en cualquier medida vinculada a la reorganización de la empresa.

Asimismo, Jaime Steven Ramírez Flor, Secretario de Administración y Finanzas del STAPP, expresó que el planteamiento del Colegio de Ingenieros “resulta favorable porque pone en el centro la necesidad de control técnico independiente, especialistas con solvencia ética y continuidad institucional”, destacando que un proceso de esta magnitud debe incorporar evaluación de riesgos, seguridad industrial y criterios de operación sostenibles que resguarden la seguridad energética del país.

En esa línea, Saavedra Távara recalcó que el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, al ser inconstitucional, corresponde a las instancias pertinentes derogarlo.