En entrevista con Revista Economía, Víctor Fuentes, economista de Instituto Peruano de Economía, advierte que la incertidumbre política, las dudas sobre sostenibilidad fiscal y el avance de las economías ilegales continúan frenando la inversión privada en el Perú ante el escenario de segunda vuelta electoral.
¿Qué diferencias económicas pueden percibir los mercados entre las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?
Hay diferencias notables entre ambos planes de gobierno. No estamos frente a un plan ideal, pero sí hay contrastes importantes.
Mientras que el plan de gobierno de Juntos por el Perú apuesta por una fórmula que ya se ha probado en el Perú, en otros países de América Latina y del mundo en general —con controles de precios, más empresas públicas y otras herramientas que no han funcionado—, difícilmente funcionarán en un eventual gobierno 2026-2031. Además, están las preocupaciones fiscales que genera esta lista de deseos que tiene Sánchez.
Por otro lado, el plan de gobierno de Keiko Fujimori está lejos de ser ideal, pero tiene algunas características que lo convierten, si quieres, en el mal menor. Por un lado, se identifica una postura proinversión, una estrategia que piensa en la reducción de la pobreza a partir del crecimiento económico. Sin embargo, también existen dudas claras sobre la sostenibilidad fiscal, porque la lista de promesas de Fuerza Popular tampoco termina de cerrar las cuentas sobre cómo se piensa financiar todo eso.
Entonces, hay dos caminos muy marcados en esta segunda vuelta. Por un lado, un retroceso económico hacia figuras que ya vimos hace algunas décadas; y por otro lado, un plan con riesgos, pero que al menos no toca una de las pocas cosas que ha funcionado en el país: tener a la inversión privada como centro del dinamismo económico. Así perciben los mercados estos dos planes de gobierno de cara a la segunda vuelta.
¿Cuáles son los factores que siguen limitando una recuperación más fuerte de la inversión privada?
El Banco Central, tiene una estimación cercana al 9 % o 10 %. Nosotros, en el Instituto Peruano de Economía (IPE), tenemos una proyección cercana al 4 % o 5 %.
Hay dos momentos clave este año. El primero es el primer semestre, todavía muy marcado por el impulso económico de 2025. El segundo semestre, en cambio, estará mucho más influenciado por la incertidumbre electoral.
Hay que recordar que la inversión privada no se materializa al instante. Las expectativas generan decisiones que suelen impactar uno o dos trimestres después. Entonces, buena parte del ruido político de este primer semestre se terminará reflejando en el segundo.
Ahora, ¿qué factores están impidiendo una aceleración más fuerte de la inversión privada? El primero es, sin duda, el ruido político. La incertidumbre sobre quién puede ganar —Sánchez o Fujimori— hace que muchos inversionistas posterguen decisiones de inversión.
Y esto afecta a todos. Más de la mitad de la inversión privada no minera está vinculada a construcción, y gran parte de eso tiene que ver con autoconstrucción: pequeños negocios, bodegas, pymes. Entonces, la incertidumbre política termina afectando el bolsillo de millones de personas.
El segundo factor es la inseguridad y el crecimiento de las economías ilegales. Las empresas pequeñas tienen que gastar más en seguridad, cámaras, vigilantes, protección contra extorsiones. Eso altera sus decisiones de inversión.
En minería también vemos retrasos de proyectos por culpa de la minería ilegal. Hay alrededor de 2 mil millones de dólares en proyectos afectados por este problema.
Y el tercer factor es la tramitología. El exceso de regulaciones y la sobrecarga burocrática hacen más lento el desarrollo de proyectos, tanto privados como públicos. Eso obliga a muchos inversionistas a pensar dos veces antes de invertir en el Perú.
El MEF y el BCR estiman un crecimiento cercano al 3 % este año. ¿Considera que este ritmo es sostenible hacia 2027? ¿Qué sectores ve con mayor potencial para impulsar empleo e inversión?
Una tasa de crecimiento de alrededor de 3 % sí es plausible. El Perú ya ha mostrado tasas similares recientemente y, al menos en el corto plazo, se puede lograr.
Pero si la pregunta es si ese crecimiento es suficiente, claramente no lo es. Primero, porque no alcanza para absorber a los casi 300 mil jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral. Segundo, porque tampoco basta para reducir la pobreza a un ritmo importante. Entre 2004 y 2014, el Perú redujo la pobreza a tasas superiores a 4 % por año. Hoy, crecer al 3 % ya no permite eso. Tercero, porque el potencial del Perú es muchísimo mayor. Tenemos proyectos mineros, hidrocarburos, energía, turismo y agroexportación que permitirían crecer a tasas cercanas al 5 % sostenidamente, con inversión privada de doble dígito.
Entonces, sí, crecer 3 % es posible, pero es un crecimiento bastante “chato” para el potencial del país.
Sobre los sectores con más potencial; construcción seguirá siendo importante por el lado de la inversión privada, mientras que comercio y servicios impulsarán el consumo privado. Pero la gran pregunta sigue siendo minería. Con precios internacionales tan altos, el sector podría crecer mucho más. Sin embargo, eso dependerá de cómo se manejan problemas como la conflictividad social, la minería ilegal y propuestas absurdas como reducir el plazo de las concesiones mineras. Hay mucho potencial que podría aprovecharse mejor si el Estado actuará de manera más eficiente.
La informalidad sigue siendo un problema estructural. Desde el Instituto Peruano de Economía, ¿qué reformas consideran prioritarias para enfrentarla?
Para nosotros, la informalidad es un problema estructural y no se va a resolver con una sola medida. Se necesita un conjunto amplio de reformas.
Dos de las principales son una reforma tributaria y una reforma laboral. Hoy, muchas pequeñas empresas prefieren mantenerse pequeñas porque el sistema tributario hace más rentable dividirse y no crecer. Eso impide la formalización.
Al mismo tiempo, necesitamos una reforma laboral que reduzca los sobrecostos no salariales. Es decir, todo lo que paga el empleador además del sueldo. El Perú tiene algunos de los costos laborales más altos de la región y, al mismo tiempo, una de las tasas de informalidad más altas. Ahí hay un problema evidente. Ahora, avanzar en una agenda laboral competitiva sería muy difícil con Roberto Sánchez, considerando su cercanía con ideas similares a las de Perú Libre y Betssy Chávez.
Otro punto clave es el divorcio entre la oferta educativa y la demanda laboral. Los jóvenes estudian carreras que el mercado ya no necesita. Por ejemplo, cuando Las Bambas empezó operaciones, muchas universidades de Apurímac no estaban preparadas para formar profesionales especializados para ese mercado. Tenemos exceso de administradores y contadores, mientras el mercado necesita otro tipo de habilidades técnicas y especializadas. Las empresas constantemente señalan que tienen dificultades para encontrar personal capacitado. Entonces, mientras no se alineen universidades e institutos con las necesidades reales del mercado laboral, será muy difícil reducir la informalidad.
¿Cuál considera que será el principal desafío económico del próximo gobierno?
Yo diría que hay dos grandes desafíos: uno macroeconómico y otro más microeconómico, aunque ambos tienen efectos nacionales muy importantes.
El primero es la sostenibilidad fiscal. Este Congreso ha generado una fiesta fiscal sin precedentes, aprobando gastos por distintas vías, incluso con apoyo del Tribunal Constitucional. El nivel de déficit y desequilibrio fiscal al que podríamos llegar no es un tema menor. El Consejo Fiscal advierte que la deuda pública podría llegar hasta el 70 % del PBI. Eso sería más del doble del nivel actual.
¿Y qué pasa cuando faltan recursos? La SUNAT empieza a recaudar más, pero tocando la puerta de los contribuyentes de siempre: empresas formales, trabajadores formales, grandes compañías y mineras.Eso termina desincentivando la inversión. Y si cae la inversión, cae el crecimiento; y si cae el crecimiento, también caen los ingresos fiscales. Se genera un círculo vicioso. Además, cuando uno piensa en la hiperinflación de los años 80, muchas veces se olvida que su origen fue precisamente un enorme desequilibrio fiscal.
El segundo gran desafío es la inseguridad ciudadana y el avance de las economías ilegales. Ya hemos visto denuncias sobre presuntos vínculos entre minería ilegal y financiamiento político. Y esto podría agravarse en las elecciones regionales y municipales. La influencia del crimen organizado sobre gobiernos locales y regionales puede ser muy dañina para la economía y para la inversión.
Resumiría los desafíos en dos grandes temas: sostenibilidad fiscal por el lado macroeconómico e inseguridad ciudadana y crimen organizado por el lado microeconómico, aunque con enormes implicancias macroeconómicas.
